TIJUANA, Baja California, 28 de diciembre (Investigaciones ZETA).- Las formas en el combate al Crimen Organizado como se efectuaron en los dos sexenios anteriores ya son cosa del pasado. Ahora, en las políticas públicas para la llamada “pacificación del país” la estrategia será diferente, según han anunciado una y otra vez las nuevas autoridades federales, para quienes la persecución de narcotraficantes ya no es prioridad.
Es el propio secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien en diversas ocasiones ha asegurado que la primera de las acciones para atajar la grave violencia que existe en México, es poner orden a todos los cuerpos policiales, cortarle los tentáculos al lavado de dinero y combatir el robo de hidrocarburos.
Inteligencia antes que sólo responder a los golpes de la delincuencia es la idea, sustentada en la creación de una plataforma tecnológica que contendrá información de la incidencia criminal y la apuesta por la operación de la Guardia Nacional integrada por militares, marinos y policías federales.
El objetivo para antes de que concluya la administración de Andrés Manuel López Obrador será conseguir la ansiada pacificación y regresar al Ejército a sus cuarteles.
Ya no aplicará más aquel papel del Estado de poner toda la fuerza a encontrar a los “más buscados”, como se hace en el modelo norteamericano, sino de repartir el esfuerzo en todos los rubros delictivos que la nación demanda.
Pese a lo anterior, continúan vigentes las recompensas ofrecidas por otras gestiones gubernamentales federales, y, desde luego, las órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en contra de capos y lugartenientes de diferentes grupos criminales, sin que se descarte la reinvestigación de asuntos, casos y el desistimiento de ejercitar la acción penal o emitir conclusiones no acusatorias. Como ocurrió recientemente en favor del ex Gobernador Interino de Michoacán, Jesús Reyna García, quien recuperó su libertad.
De esta manera terminaron planes nacionales de seguridad sustentados en la captura de líderes de los cárteles de la droga, generalmente solicitados para extradición por parte del gobierno de Estados Unidos.
La coartada oficial
El gobierno del ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se jactó de haber debilitado la operatividad del narcotráfico al detener a centenares de presuntos capos, lugartenientes, operadores financieros y personas generadoras de violencia y trasiego de drogas en diversas regiones del territorio nacional de diciembre del 2012 a noviembre del 2018.
La estrategia se fincó en la elaboración de una lista con los nombres de miembros del narcotráfico, denominada 122 Objetivos Prioritarios, que nunca se reveló de manera pública y que conforme se iba deteniendo a personajes de mediana o alta relevancia en el mundo del crimen, se informaba a la sociedad que se cumplía con los objetivos, dándoles uno de los 122 números.
Presuntamente se cumplió con la mayoría de los referidos objetivos; sin embargo, ni la violencia ni la incidencia delictiva disminuyeron. Por el contrario, se dispararon todos los indicadores y se generó la mayor ola de violencia civil en la historia. La versión constante de “existen reajustes entre las organizaciones criminales” es la coartada oficial preferida para justificar la ineficacia e incluso complicidad de algunas autoridades ante la problemática.
Detenciones como las de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera; los hermanos Miguel Angel y Omar Treviño Morales, conocidos de manera respectiva como “Z-40” y “Z-42”; Servando Gómez Martínez “La Tuta”; Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H.” (recientemente finado en el penal Altiplano); Vicente Carrillo Leyva “El Viceroy”; y Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” o “El Alineador”, habrían traído más violencia al disputarse los lugares vacantes y su control territorial.
Entre las víctimas de la brutalidad de la supuesta confrontación entre carteles y del Estado contra éstos, figuran desde hombres, mujeres y niños hasta policías de todos los niveles de gobierno, soldados y marinos, en una estadística de asesinatos que alcanzó los 151 mil durante el sexenio peñista. Casi 30 mil más que en la administración presidencial de Felipe Calderón, cuando se registraron 121 mil 35 homicidios.
Tal vez por ello, durante el primer mes en el ejercicio en el poder, López Obrador no ha anunciado fuertes golpes a la delincuencia, aunque la información de la ex Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía) sigue fluyendo con detenciones, y la nota más importante en ese sentido es la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la PGR contra una red de lavado de dinero integrada por empresas afines al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Presión de EE.UU.
Entre los presuntos narcotraficantes que antes fueron “objetivos prioritarios” y no pudieron ser capturados por el gobierno antecesor, se encuentran Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, Ismael Zambada García “El Mayo”, Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro” y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, este último supuestamente muerto, sin que a la fecha se acredite su defunción.
Se agrega a la lista Rafael Caro Quintero, quien precisamente recuperó su libertad en el sexenio que acaba de concluir.
Tanto Rafael como Nemesio son los personajes por quienes Estados Unidos ejerce mayor presión ante las autoridades mexicanas para que pronto sean detenidos. En el caso del “Mencho”, líder del CJNG, apenas a mediados de octubre del 2018 se incrementó la recompensa por información que lleve a las autoridades norteamericanas a dar con su paradero. El monto subió hasta 10 millones de dólares, la mitad de lo que la Agencia Antidrogas del vecino país (DEA, por sus siglas en inglés) ofrece por la aprehensión de Caro Quintero.
El gobierno mexicano ha asestado algunos golpes al Cartel Jalisco tras la detención de los cuñados de Oseguera Cervantes, apodados “Los Cuinis”, operadores financieros del grupo criminal. También mantienen privado de la libertad en una prisión federal a Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del capo michoacano. Sin embargo, es fecha que no se ha logrado su localización para cumplimentar alguna de las más de siete órdenes de aprehensión que existen en su contra en los fueros común de Jalisco y Federal.
En el caso de Caro Quintero, existe una orden de detención provisional con fines de extradición internacional decretada en un Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales de Ciudad de México, y una orden de reaprehensión en el Juzgado Cuarto de la misma materia en Jalisco para que cumpla con los doce años de condena que le hacen falta por el homicidio y secuestro del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.
En abril del 2018, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) incluyó a Rafael en su lista de los diez fugitivos más buscados en el mundo y anunció la apertura de un nuevo proceso criminal en contra del sinaloense por el crimen del referido agente antidrogas comisionado al Consulado estadounidense en Guadalajara en 1985. La renovada acusación de EE.UU. contra Caro Quintero lo señala de ser parte de una empresa de narcotráfico que actuó entre 1980 y 2017.
Autoridades mexicanas de la pasada administración federal expresaron públicamente en diversas ocasiones que tanto “El Mencho” como Caro Quintero eran afanosamente buscados. Incluso en el caso del ex líder del Cartel de Guadalajara, el ex comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, lo mencionó como uno de los objetivos primordiales del gabinete de seguridad.
Fuentes militares revelaron que Rafael se desenvolvía en el Estado de Chihuahua, versión desmentida por el capo en una entrevista que otorgó en un sitio clandestino a la periodista Anabel Hernández, de la revista Proceso.