Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- “¿Cuánto tiempo más debemos esperar?, ¿cuánta paciencia más tenemos que tener?”, reclamó María Eugenia Padilla García frente a un panel de expertos y funcionarios federales que hablaron de “avances y desafíos” en el tema de desaparición de personas en México. Maru –como le dicen de cariño familiares, amigos y compañeros lucha– ha buscado por ocho años a su hijo Christian Téllez Padilla, víctima de desaparición forzada en Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán, en Veracruz, el 20 de octubre de 2010.
La Ley General Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda llegó a su primer aniversario con un sabor agrio que dejó descontentos y “desilusionados” a familiares de personas desaparecidas y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, pues aún no se han creado a totalidad las instituciones, registros y mecanismos para la búsqueda e investigación de los casos de desaparición en México, denunciaron nuevamente colectivos de víctimas y defensores.
En el marco de la primera conmemoración, celebrado el día de ayer, activistas, asociaciones de familiares de personas desaparecidas y víctimas coincidieron que la implementación de la Ley ha sido extremadamente lenta y deficiente.
Durante el conversatorio “Desaparición de personas: avances y retos en la implementación de la Ley General”, evento organizado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia e I(dh)eas, Litigio estratégico en Derechos Humanos, las víctimas y expertos en el tema reiteraron que existen grandes pendientes en la materia, entre ellos, el correcto funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que es –según la Ley– la responsable de buscar a las personas desaparecidas, en coordinación con las comisiones locales de búsqueda, la Procuraduría General de República y demás autoridades.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (ONU-DH) se unió al reclamo de la sociedad civil al destacar que la Ley debe de pasar de lo formal a lo real, es decir, acciones en concreto. Jan Jarab, representante el organismo internacional, señaló que no están “contentos” con la ejecución de la citada legislación.
“Estamos aquí, a un año de la entrada en vigor con muchas dudas y decepciones […] podemos decir que la implementación institucional ha sido muy lenta y tenemos muchos pendientes, pero también pocos resultados concretos en lo que verdaderamente afecta a las familias y víctimas”, dijo durante su intervención en el conversatorio.
El representante de la ONU reconoció que hay algunos progresos, sin embargo, destacó que han sido mínimos y “con extrema lentitud”, pues hay retrasos en el cumplimiento de los plazos que la propia Ley marca y, peor aún, el hecho de que siguen sucediendo tanto desapariciones forzadas como por particulares”.
El Movimiento Nacional de Desaparecidos en México (MNDM) emitió un posicionamiento donde insistió que falta garantizar la participación de las familias de manera plena y adecuada. La organización que agrupa a 50 colectivos denunció que las autoridades han intentado “actuar de espaldas” a la familias y de negar su derecho a participar en los procesos de políticas y mecanismos para la búsqueda de personas desaparecidas.
El MNDM urgió al Estado a garantizar todos los recursos necesarios para la búsqueda de personas y el acceso a la justicia.