Tijuana, 2 de enero (Zeta/SinEmbargo).- Las formas en el combate al crimen organizado como se efectuaron en los dos sexenios anteriores ya son cosa del pasado. Ahora, en las políticas públicas para la llamada pacificación del país la estrategia será diferente, según han anunciado una y otra vez las nuevas autoridades federales, para quienes la persecución de narcotraficantes ya no es prioridad .
Es el propio Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien en diversas ocasiones ha asegurado que la primera de las acciones para atajar la grave violencia que existe en México es poner orden en todos los cuerpos policiales, cortarle los tentáculos al lavado de dinero y combatir el robo de hidrocarburos.
Inteligencia antes que sólo responder a los golpes de la delincuencia es la idea, sustentada en la creación de una plataforma tecnológica que contendrá información de la incidencia criminal y la apuesta por la operación de la Guardia Nacional integrada por militares, marinos y policías federales.
El objetivo para antes de que concluya la administración de Andrés Manuel López Obrador será conseguir la ansiada pacificación y regresar al Ejército a sus cuarteles.
Ya no aplicará más aquel papel del Estado de poner toda la fuerza a encontrar a los “más buscados”, como se hace en el modelo norteamericano, sino de repartir el esfuerzo en todos los rubros delictivos que la nación demanda.
Pese a lo anterior, continúan vigentes las recompensas ofrecidas por otras gestiones gubernamentales federales, y, desde luego, las órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en contra de capos y lugartenientes de diferentes grupos criminales, sin que se descarte la reinvestigación de asuntos, casos y el desistimiento de ejercitar la acción penal o emitir conclusiones no acusatorias. Como ocurrió recientemente en favor del ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García, quien recuperó su libertad.
De esta manera terminaron planes nacionales de seguridad sustentados en la captura de líderes de los cárteles de la droga, generalmente solicitados para extradición por parte del gobierno de Estados Unidos.
LA COARTADA OFICIAL
El Gobierno del ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se jactó de haber debilitado la operatividad del narcotráfico al detener a centenares de presuntos capos, lugartenientes, operadores financieros y personas generadoras de violencia y trasiego de drogas en diversas regiones del territorio nacional de diciembre de 2012 a noviembre de 2018.
La estrategia se fincó en la elaboración de una lista con los nombres de miembros del narcotráfico, denominada 122 Objetivos Prioritarios, que nunca se reveló de manera pública y que conforme se iba deteniendo a personajes de mediana o alta relevancia en el mundo del crimen, se informaba a la sociedad que se cumplía con los objetivos, dándoles uno de los 122 números.
Presuntamente se cumplió con la mayoría de los referidos objetivos; sin embargo, ni la violencia ni la incidencia delictiva disminuyeron. Por el contrario, se dispararon todos los indicadores y se generó la mayor ola de violencia civil en la historia. La versión constante de “existen reajustes entre las organizaciones criminales” es la coartada oficial preferida para justificar la ineficacia e incluso complicidad de algunas autoridades ante la problemática.
Detenciones como las de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera; los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos de manera respectiva como “Z-40” y “Z-42”; Servando Gómez Martínez “La Tuta”; Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H” (recientemente finado en el penal Altiplano); Vicente Carrillo Leyva “El Viceroy”; y Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” o “El Alineador”, habrían traído más violencia al disputarse los lugares vacantes y su control territorial.
Entre las víctimas de la brutalidad de la supuesta confrontación entre cárteles y del Estado contra éstos, figuran desde hombres, mujeres y niños hasta policías de todos los niveles de gobierno, soldados y marinos, en una estadística de asesinatos que alcanzó los 151 mil durante el sexenio peñista. Casi 30 mil más que en la administración presidencial de Felipe Calderón, cuando se registraron 121 mil 35 homicidios.
Tal vez por ello, durante el primer mes en el ejercicio en el poder, López Obrador no ha anunciado fuertes golpes a la delincuencia, aunque la información de la ex Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía) sigue fluyendo con detenciones, y la nota más importante en ese sentido es la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la PGR contra una red de lavado de dinero integrada por empresas afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
PRESIÓN DE EU
Entre los presuntos narcotraficantes que antes fueron “objetivos prioritarios” y no pudieron ser capturados por el gobierno antecesor, se encuentran Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, Ismael Zambada García “El Mayo”, Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro” y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, este último supuestamente muerto, sin que a la fecha se acredite su defunción.
Se agrega a la lista Rafael Caro Quintero, quien precisamente recuperó su libertad en el sexenio que acaba de concluir.
Tanto Rafael como Nemesio son los personajes por quienes Estados Unidos ejerce mayor presión ante las autoridades mexicanas para que pronto sean detenidos. En el caso del “Mencho”, líder del CJNG, apenas a mediados de octubre de 2018 se incrementó la recompensa por información que lleve a las autoridades norteamericanas a dar con su paradero. El monto subió hasta 10 millones de dólares, la mitad de lo que la Agencia Antidrogas del vecino país (DEA, por sus siglas en inglés) ofrece por la aprehensión de Caro Quintero.
El gobierno mexicano ha asestado algunos golpes al Cártel Jalisco tras la detención de los cuñados de Oseguera Cervantes, apodados “Los Cuinis”, operadores financieros del grupo criminal. También mantienen privado de la libertad en una prisión federal a Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del capo michoacano. Sin embargo, es fecha que no se ha logrado su localización para cumplimentar alguna de las más de siete órdenes de aprehensión que existen en su contra en los fueros común de Jalisco y federal.
En el caso de Caro Quintero, existe una orden de detención provisional con fines de extradición internacional decretada en un Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales de Ciudad de México, y una orden de reaprehensión en el Juzgado Cuarto de la misma materia en Jalisco para que cumpla con los doce años de condena que le hacen falta por el homicidio y secuestro del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.
En abril de 2018, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) incluyó a Rafael en su lista de los diez fugitivos más buscados en el mundo y anunció la apertura de un nuevo proceso criminal en contra del sinaloense por el crimen del referido agente antidrogas comisionado al Consulado estadounidense en Guadalajara en 1985. La renovada acusación de EU contra Caro Quintero lo señala de ser parte de una empresa de narcotráfico que actuó entre 1980 y 2017.
Autoridades mexicanas de la pasada administración federal expresaron públicamente en diversas ocasiones que tanto “El Mencho” como Rafael Caro eran afanosamente buscados. Incluso en el caso del ex líder del Cártel de Guadalajara, el ex comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, lo mencionó como uno de los objetivos primordiales del gabinete de seguridad.
Fuentes militares revelaron que Rafael se desenvolvía en el Estado de Chihuahua, versión desmentida por el capo en una entrevista que otorgó en un sitio clandestino a la periodista Anabel Hernández, de la revista Proceso.
“PECES GORDOS”
Otro de los hombres “intocados” del narcotráfico mexicano, quizá el menos, es Mario Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa y ex socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, señalado como uno de los capos más veteranos y que tiene su asentamiento en el “Triángulo Dorado” que conforman los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Jamás ha sido detenido.
Jeffrey Lichtman, abogado de Guzmán, aseguró durante el juicio que se le sigue a su cliente en la Unión Americana, que “El Mayo” es el verdadero jefe del clan delictivo.
Aunque los hijos de Zambada han sido apresados y algunos de ellos enjuiciados en Estados Unidos y otras células de su organización han sido detenidas, incluso en países sudamericanos, “El Mayo” se mantiene alejado de los reflectores. Voces anónimas aseguran que vive entre montañas, desde donde maneja el trasiego de drogas provenientes de Colombia, vía Panamá y Costa Rica, principalmente a través de embarcaciones y transporte aéreo. En México y Estados Unidos cuenta con órdenes de aprehensión en su contra.
La autoridad estadounidense ha ofrecido una recompensa para llevar ante la justicia de ese país a Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”, líder de la organización criminal “Los Mazatlecos”, al servicio de los hermanos Beltrán Leyva. El ofrecimiento de 5 millones de dólares no ha conseguido resultados, por lo que prevalecen los cargos de posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana a esa nación.
En México, “El Chapo Isidro” obtuvo un amparo en mayo de 2018 que lo desvincula de una orden de aprehensión que pesaba en su contra desde mayo de 2013 en el Juzgado Sexto de Distrito de Sinaloa por el delito de delincuencia organizada; sin embargo, está pendiente de ejecutar una orden de detención provisional con fines de extradición para que sea juzgado en una Corte de Distrito en Columbia, Estados Unidos, por violaciones a leyes de narcóticos y armas de fuego.
Por otra parte, las autoridades mexicanas mantienen vigente el mandamiento judicial de captura contra Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, otro de los legendarios capos sinaloenses del narcotráfico en México, pues a pesar de que en junio de 2014 se informó de su presunta muerte en un accidente, no se cuenta con indicios suficientes que prueben dicha versión. El ex comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró hace unos meses que “El Azul” seguiría como objetivo prioritario del Gobierno Federal.
Dos nombres más, señalados como líderes del narcotráfico en Sonora para el Cártel Beltrán Leyva, son los primos de Rafael Caro Quintero (hijo de Manuela Quintero): José Gil Caro Quintero (hijo de Eulogia Quintero Payán) y Juan Pablo Quintero Navidad, hijo del fallecido narcotraficante Emilio Quintero Payán, quienes controlan el trasiego de drogas en la zona desértica de esa entidad hasta Chihuahua, imponiéndose en ambos estados a la organización Los Salazar.
Anteriormente, el apodado “JoGil” Caro Quintero operó en Jalisco y Morelos, siempre como lugarteniente de algún capo mayor. El 8 de enero de 2016 fue liberado del penal de máxima seguridad de Puente Grande, donde en su última etapa estuvo preso porque supuestamente dirigía una organización del crimen organizado desde el interior de dicho establecimiento, pero el Ministerio Público Federal no pudo probar la imputación. De Juan Pablo no hay muchas noticias, sólo que es hermano de Emilio Sajid Quintero “El Cadete”, anterior líder visible del grupo, quien fue aprehendido por el gobierno estadounidense el 11 de octubre de 2017 en la Garita Internacional de San Ysidro, California.
CAPOS DEL NORTE
Señalado como líder del grupo delictivo Los Zetas, Maxiley Barahona Nadales “El Contador”, “El 19” o “El Max”, se encuentra en la mira de la Agencia de Investigación Criminal. Investigaciones refieren que el tamaulipeco se desempeña en Nuevo León, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Además del narcotráfico, se le vincula con otros delitos como homicidio y secuestro. La Fiscalía General de la República ofrece una recompensa de 10 millones de pesos por su captura.
En el Cártel de Juárez se tiene por jefe a Juan Pablo Guijarro Fragoza “El Mónico” o “El H1”, quien ejerce control territorial a través de pandillas, entre las que se encuentra la de Los Aztecas, lo que le permite contar con numerosos distribuidores de drogas y sicarios. El gobierno mexicano ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por información que permita su detención.
En Chihuahua manda Juan Pablo Ledezma “El JL” o “El Dos Letras”, quien colaboró directamente para los hermanos Vicente y Alberto Carrillo Fuentes. Después del arresto de ambos capos, “El JL” quedó bajo las órdenes de Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”, quien a la postre también fue apresado. Ledezma maneja el grupo criminal conocido como La Línea, en la Capital del Estado Grande. La Fiscalía General de la República ofrece recompensa de 15 millones de pesos por su localización.
Sin corona, pero con mandamientos judiciales en su contra, sobrevive Eduardo González Quirarte “El Flaco”, del viejo Cártel de Juárez en tiempos de Amado Carrillo “El Señor de los Cielos”. El jalisciense estuvo escondido durante década y media y recientemente reapareció para promover un juicio de amparo en contra de las antiguas órdenes de aprehensión dictadas en su contra. “El Flaco” es referido en expedientes norteamericanos con los alias Gregorio González López, Héctor Manuel Orellana Erazo y Gabriel Gómez Chávez.
El programa de recompensas de la antes conocida como PGR sostiene una oferta de 10 millones de pesos para detener a José Antonio Cueto López, ex funcionario del ámbito de la procuración de justicia coludido con los cárteles de Sinaloa y Beltrán Leyva, cuando éstos participaban juntos. Cueto fue subdelegado de apoyo de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Salud, posición desde la cual supuestamente recibía sobornos de narcotraficantes para colaborar con protección.