CIUDAD DE MEXICO, 8 de enero (Gobierno de la República).- Queremos que la Cuarta Transformación signifique justicia. No podemos permitir que la protesta social sea condenada, que se fabriquen delitos, ni que se utilice ninguna institución del Estado para acusar a opositores, dirigentes sociales, ambientalistas, indígenas y mujeres, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa matutina aseguró que la Secretaría de Gobernación revisará cada uno de los 368 casos de los que actualmente tiene conocimiento con miras a la liberación y reparación del daño.
El objetivo principal es que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política; que no se utilice ninguna institución del estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores, a adversarios, como sucedía; no estoy inventando nada.
Queremos que la Cuarta Transformación signifique también justicia, que no se acuse a opositores, a dirigentes sociales, ambientalistas, hasta de lavado de dinero y se les envíe a las cárceles. Eso se terminó, nunca más una represalia, ni presos políticos.
Y estamos reparando los daños, si podemos usar ese término: reparación de daños, que los inocentes puedan salir de las cárceles, que quienes no tuvieron posibilidades de contar con defensa, de abogados, porque las oficialías públicas no hicieron su labor, o quienes están sin sentencia desde hace años, que se revisen todos estos casos, desde indígenas, mujeres, ambientalistas, maestros, dirigentes sociales y políticos, vamos a revisar todos. Está abierta esa posibilidad a cargo de la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
Como ella lo mencionó, no podemos dar a conocer nombres, pero sí los que se han mencionado han solicitado, los más famosos, conocidos casos se están tratando; han acudido a nosotros y los estamos atendiendo. Esa es la actitud que se está tomando en este caso.
Por otra parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, explicó algunos de los ejes estratégicos que integran la política de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el pleno respeto a los Derechos Humanos, el combate a la corrupción y la creación de la Guardia Nacional.
Durante su participación en la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, celebrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Durazo detalló que uno de los ejes será la promoción de los derechos humanos, por lo que “se impulsarán las modificaciones legales pertinentes para tipificar como delitos con sanción definida los incumplimientos a las recomendaciones de las comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos”.
Ante los 105 titulares que actualmente encabezan las embajadas, consulados y misiones de México en el exterior, subrayó: “Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El nuevo gobierno no permitirá que se cometan actos de impunidad desde el poder y se investigará cualquier denuncia de violación a los Derechos Humanos.”
De acuerdo con el funcionario federal, es necesario un cambio de paradigma en la forma de enfrentar la inseguridad, superando la estrategia basada en el uso exclusivo de la fuerza por una estrategia de visión amplia, que vaya a la atención de las causas profundas que la generan.
Otro de los puntos, agregó, es el combate a la corrupción en los cuerpos de seguridad, la regeneración ética de la sociedad, una política social que genere bienestar, el cambio de la estrategia de combate a las drogas, construcción de paz, dignificación de las cárceles, y la creación de la Guardia Nacional.
En un comunicado difundido este martes, sostuvo que en la estrategia de seguridad del gobierno de México será prioridad el combate a los delitos que más afectan a la población, y esos delitos son los del fuero común.
Por ello, abundó, se están proponiendo las atribuciones para la Guardia Nacional, para poder ser un coadyuvante de los cuerpos estatales y municipales de seguridad en delitos como el robo a casas-habitación, extorsión, secuestro, robo de vehículos, y combate al crimen organizado con prioridad a aquellas organizaciones que generan los más altos niveles de violencia.