TIJUANA, Baja California, 12 de octubre (Semanario Z).- En los últimos tres años, Baja California ha acumulado en cifras oficiales mil 400 denuncias de personas desaparecidas sin localizar, y 3 mil 054 víctimas de homicidios sin identificar. En la PGJE el desinterés en los casos relacionados con drogas, la carga de trabajo y la falta de coordinación, han impedido los cruces efectivos de información que permitan abatir el rezago. Actualmente las autoridades trabajan en la creación de un cementerio ministerial y actualización de bases de datos de las víctimas remitidas a fosa común que se puedan consultar en otros estados y países
“Muchas de las personas desaparecidas en el Estado deben estar entre los cuerpos no identificados de fosa común, pero no los quieren buscar, no les importa”, reflexiona Guadalupe Aragón, madre de un hombre que permaneció siete meses como “no localizado”.
Los colectivos de familias de migrantes y desaparecidos procedentes de otros estados y de otros países sudamericanos piensan lo mismo, por eso acuden periódicamente a los distintos Servicio Médicos Forense (Semefo) de Baja California. En promedio, dos agrupaciones por mes, aunque sin suerte debido a las deficiencias del banco de datos en Tijuana, ciudad que acumula el 80 por ciento de los delitos en la entidad y que lleva casi dos años sin alimentar el sistema de identificación computarizado.
La información de 2017, 2018 y 2019 está en álbumes de fotos mal tomadas en blanco y negro.
“Es mucho trabajo, son muchos muertos porque solo en 2018 a Semefo Tijuana ingresaron más de 4 mil cuerpos”, detalló el coordinador estatal del Servicio, doctor César Raúl González Vaca.
De acuerdo a estadísticas oficiales, el año pasado Tijuana tuvo 2 mil 675 ingresos a Semefo por asesinato, divididos en 2 mil 019 homicidios dolosos y 156 culposos, pero él insistió: “Ingresan más cuerpos. Hay muchos culposos, muertos que no registra la estadística de la Secretaría de Seguridad Pública, muertes de indigentes, suicidios, atropellados, gente que muere sola en su casa y el MP nos los manda. En realidad en Mexicali tenemos de mil 200 a mil 300 ingresos por año -la cifra oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en promedio ha sido 200 víctimas de homicidio anuales-, y el número exacto de ingreso por año en Tijuana el año pasado fueron 4 mil 372 ingresos”.
No les interesa
Lupita Aragón es madre de Carlos Gabriel Leyva Aragón “El Querreque”. El 25 de marzo de 2018 su hijo no le llamó, no supo más de él y se preocupó. Desde hacía 20 años era músico en la Zona Norte de Tijuana, donde lo buscó una semana sin éxito.
El cuerpo del músico asesinado a golpes fue localizado el 31 de marzo del mismo año en el basurero municipal, adonde llegó en un contenedor de basura procedente de la Zona Norte. Según la información que recibieron los investigadores, lo mataron a golpes, así que ingresó a la estadística como víctima de homicidio doloso no identificado.
Al día siguiente, 1 de abril, la madre denunció la no localización en Desaparecidos y llevó una foto a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), también fue a Homicidios, “primero me dijeron que tenían una persona con sus características, entraron en las oficinas, se tardaron como dos horas para salir y decirme que no era él”.
El 21 de junio de 2018 se efectuó la prueba de ADN y le informó a la Policía Ministerial que los amigos de su hijo le dijeron que lo habían matado desde el 25 de marzo, les dio datos y nombres de personas a las cuales entrevistar, pero la ignoraron.
La mujer se convirtió en la peor pesadilla del oficial a cargo: “Alpízar me lo dijo una de tantas veces que fui a preguntar por mi hijo”, ella siguió preguntando y llevando la información a la PGJE sin éxito.
“En la Comisión Estatal de Derechos Humanos sí me hicieron caso y fueron a entrevistar a la gente, para entonces me habían dicho que habían dejado el cuerpo de mi hijo rumbo a Tecate, en la zona de Las Cruces, y empecé a ir con mi familia los fines de semana a lotes -en la Zona Este- a buscar su cuerpo. Recibíamos información y nos íbamos, así encontramos varios. Un día localizamos cuatro cuerpos, uno por un lado y otros tres juntos, los últimos se veían limpiecitos, lo que hacíamos siempre era hablarle a las autoridades”, comentó Aragón.
Desesperada ante la falta avances, el 11 de septiembre de 2018, en voz alta pidió ayuda a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, y a Alejandro Encinas, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, en medio del sexto foro Escucha por la Pacificación y Reconciliación Nacional, organizado en Tijuana.
En ese momento, frente a ella, los funcionarios federales presionaron por teléfono a las autoridades locales, “y Alpízar finalmente fue a hablar con los testigos que yo le había dicho, la gente con la que yo había hablado”.
Tres semanas después de la intervención de Durazo, llamaron a la señora Aragón para decirle que ya habían localizado a su hijo. Tardaron siete meses en encontrarlo en la fosa común, adonde lo mandaron pese a la denuncia y contar con ADN de la madre, “tiempo que se hubiera ahorrado si de verdad hubieran visto la foto de mi hijo el primer día que se las llevé, ahí tenían el cuerpo, las fotos recientes a colores, estaba igualito, muy diferente a las fotos blanco y negro y borrosas que me mostraron en Semefo”.
Lupita sigue presentándose periódicamente a la PGJE, ahora solo a Homicidios, “porque quiero que no se olviden, que encuentren y detengan a las personas que le hicieron eso a mi hijo, él tenía su vicio, sí, pero se mantenía solo y trabajaba en la música para pagárselo, nadie tenía derecho a hacerle lo que le hicieron”.
No investigan
Caso similar padeció el señor Marco Zavala, cuya salud y familia fueron seriamente afectadas. Su hijo, de apodo “El Pilón”, desapareció el 29 de mayo de 2017, cuando salió para verse con una muchacha.
El cadáver fue localizado dos días después por la Policía Municipal. Cuando detuvieron a Cristian Guillén Rangel, Eduardo Ruiz Castellón y Alberto Aispuro, estaban en posesión del cuerpo decapitado del joven Zavala y llevaban un narcomensaje. Los tres fueron liberados. Declararon desconocer quién le había quitado la vida y no fueron detenidos en flagrancia.
Sin saber esto, el padre denunció la desaparición de su hijo el 1 de junio de 2017 -al día siguiente que las autoridades lo encontraron-, llevó fotos pero los investigadores de Homicidios y Desaparecidos que comparten información y fotografías en un chat telefónico, no lo identificaron.
En agosto de ese año, Zavala leyó en ZETA que el detenido ese mes por otro homicidio, Cristian Guillén Rangel, había hablado del asesinato del “Pilón”, cometido el 31 de mayo. Entonces acudió al Ministerio Público y pidió le preguntaran al detenido por el cuerpo de su hijo, pero no le hicieron caso.
“Me dijeron que las cosas no eran así, que no anduviera buscando y recordara que tenía otros hijos y más familia, me asusté por la amenaza y me estuve en paz una semana, pero después regresé”, afirmó.
Entre septiembre y octubre se publicaron más notas periodísticas que implicaban a Guillén con la muerte de su hijo. “Regresé a pedirles que le preguntaran, yo solo quería saber dónde estaba el cuerpo de mi hijo, pero siguieron sin hacerme caso”.
En medio de la falta de atención de la PGJE, decidió buscarlo en los Semefo de los otros municipios de Baja California, “aunque la gente es muy buena y amable, pude darme cuenta que el material de los álbumes para identificar en Tijuana es terrible, no se distinguen, y ni hablar de procurar una prueba de ADN en Tijuana. Mientras en Mexicali el sistema de búsqueda es automatizado, encontramos una posible coincidencia y la prueba de ADN fue rápida, me hablaron poco tiempo después para darme los resultados negativos, la atención es muy diferente”, reconoció.
Desesperado, siete meses después de la desaparición de su hijo, don Marco decidió mentir y asegurar ante el Semefo que en la hoja blanco y negro, borrosa, que le dieron como foto de la víctima del 31 de mayo, reconocía a su hijo.
Para que en la PGJE aceptaran hacerle de nuevo el examen de ADN, el 18 de diciembre de 2017 llegó acompañado de varios licenciados encabezados por José Luis Pérez Canchola, ex procurador de Derechos Humanos. Se lo hicieron y resultó que sí era su hijo, para entonces ya lo habían enviado a la fosa común. El trámite para lograr la inhumación fue tortuoso y costoso, aun así, lo logró hasta el 23 de enero de 2019. Al día siguiente, finalmente pudo enterrar a su hijo.
Danza numérica de los no localizados
Estadísticas de la PGJE indican que de 2013 a la fecha, en Tijuana se han denunciado 9 mil 640 desapariciones, la mayoría fueron localizados. De ese total, mil 400 personas no regresaron con su familia.
Las cifras en el resto de los municipios son menores. ZETA no pudo tener acceso a las estadísticas de 2013 a 2017, solo fueron facilitados los números en poder de la Fiscalía de Desaparecidos a partir de 2018, cuando Mexicali y Ensenada fueron integrados al mismo grupo que antes trabajaba Tijuana. En veinte meses, la Capital bajacaliforniana suma 70 personas que no han sido encontradas, y el municipio porteño cuenta 136 desaparecidos sin localizar. Aunque se supone que ya deberían estar integrados, Tecate y Rosarito trabajan este delito en sus respectivas subprocuradurías de Zona, los dos municipios juntos suman 267 personas no localizadas.
Con estas estadísticas, incluso incompletas, BC acumula mil 656 desaparecidos.
A esos números se suman 5 mil 779 denuncias por privación ilegal de la libertad presentadas entre 2008 y 2019. Sin proporcionar cifras exactas, la autoridad ministerial aseguró que la mayoría fueron personas internadas contra su voluntad en centros de combate a las adicciones, y “solo el 12 por ciento”, que son 693 casos, corresponden a expedientes de privaciones relacionadas con otros delitos, donde tienen elementos para considerar que la vida de la persona no encontrada se puso en riesgo.
“En privaciones ilegales de la libertad, el 88 por ciento siguen siendo personas que estaban en centros de rehabilitación, se ha incrementado este año otro porcentaje de tema familiar y entre parejas. Un mínimo porcentaje son en realidad privaciones ilegales de la libertad sin justificación” declaró el subprocurador de Zona en Tijuana, Jorge Álvarez.
Los números anteriores muestran un promedio de 2 mil 350 personas desaparecidas y no localizadas en los últimos diez años, cifra similar a la expuesta en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), perteneciente a la Secretaría de Gobernación que en diferentes períodos ha estimado de mil 200 a 2 mil 400 víctimas.
Más de 3 mil muertos en calidad de desconocidos
En el control estadístico de muertos que van a la fosa común, también hay desorden y discordancia numérica, porque si bien todos los cuerpos están a disposición de la PGJE, el trabajo se hace en dos partes.
Cuando la cantidad de homicidios empezó a ser muy alta en 2010 y por la carga del trabajo la PGJE no los desalojaba en tiempo y forma, Semefo hizo un convenio para, con una liberación firmada en la fiscalía, remitir los cuerpos a la fosa común, pero realizaría este trámite solo en Tijuana y Mexicali. En Ensenada, Tecate y Rosarito, la responsabilidad siguió completa en las subprocuradurías de Zona.
La información se maneja por dos vías oficiales que reportaron los siguientes números de cadáveres enviado a fosa común entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019 (estas cifras se refieren solo a víctimas de homicidios dolosos):
* Tijuana: 3 mil 074 cuerpos.
* Mexicali: 734, en ambos casos se trata de víctimas de homicidios dolosos y culposos.
* Ensenada: 250 cadáveres.
* Tecate: 120 remisiones.
* Rosarito: 184.
Han sido 4 mil 362 personas asesinadas remitidas a fosa común solo en tres años y ocho meses.