MONTERREY, NL., 8 de noviembre (El Economista).- Por primera vez la Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditará a los Congresos y este informe se dará a conocer junto con la revisión a los municipios en el mes de febrero próximo, afirmó Emilio Barriga Delgado, auditor Especial del Gasto Federalizado, de la ASF.
“Hay una regla que estamos revisando su cumplimiento, y consiste en que antes de la Ley los congresos, ejecutivo, legislativo, podrían aumentar los sueldos de la burocracia sin ningún límite, ahora la ley establece un límite para sueldos y salarios de los funcionarios; estamos vigilando que los congresos no hayan sobrepasado de ese límite y que hayan puesto una dieta muy alta”, comentó a El Economista.
“Antes se tenía la interpretación de que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFYM) sólo se aplicaba al poder ejecutivo, no es así, se aplica a todos los entes públicos estatales y municipales”, indicó durante el Taller Ley de Disciplina Financiera y su Fiscalización, en el Museo MARCO.
Abundó que la LDFEFM es amplia para los gobiernos subnacionales, por ello se están revisando a los Congresos estatales.
En cuanto a los municipios, en su conferencia “La nueva visión estratégica de la ASF y su relación con la LDFEFYM”, mencionó, que en principio se auditará a las 32 capitales del país, pero se debe revisar a todo ente público.
“El hecho de que no los hemos revisado (a todos), no significa que no lo vayamos a hacer, que la Auditoría no vaya a llegar a ellos, si pretendemos alcanzar a revisar lo más posible de este universo”, enfatizó.
Reglas
La Ley de Disciplina Financiera se empezó a aplicar en 2017 a las entidades federativas, y se revisa a los municipios desde el año pasado.
Los entes obligados, son: el poder ejecutivo, legislativo y judicial de los estados, municipios así como a organismos autónomos y descentralizados.
Consideró que los estados han internalizado el capítulo 1000 sobre sueldos y salarios y eso se puede apreciar en que mientras éstos crecieron de manera arbitraria en 2015 y 2016, a partir de 2017 se observó un decrecimiento.
“Desafortunadamente todavía no lo podemos decir de lo que llevamos revisado en congresos y municipios, no internalizaron esta obligación”, expuso.
Inquietudes
Por otra parte, comentó que hay muchas solicitudes de interpretación de la LDFEFYM, por ejemplo en el caso de la anualidad, es decir que los recursos que no se ejerzan en diciembre se tienen que integrar al gobierno federal.
“La ley no era clara de qué teníamos que hacer si devengar los recursos o entregarlos, entonces requirió una interpretación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien nos dijo que la interpretación es que los recursos tienen que estar comprometidos a diciembre pero se pueden pagar en marzo del siguiente ejercicio fiscal”, apuntó.