Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- Guanajuato , Jalisco, Baja California, Estado de México y Chihuahua son las cinco entidades con mayor violencia homicida en el país. Tan solo estos cinco estados aglomeran el 42.01 por ciento (13, 315) del total de los asesinatos registrados en las 32 entidades federativas de enero a noviembre de 2019, cifra que ascendió a las 31 mil 688 víctimas.
El número de delitos de homicidio doloso registrados tan solo en el mes de noviembre creció 3.88 por ciento, mientras que las víctimas por homicidio doloso también crecieron 7.11 por ciento en noviembre, en comparación con el mismo mes del año anterior: en noviembre de 2018 se contabilizaron 2 mil 727 víctimas, mientras que en noviembre de 2019 ascendieron a 2 mil 466.
El reporte del SESNSP también da cuenta de un aumento en los rubros de violencia familiar (18.47 por ciento), trata de personas (8.57 por ciento), narcomenudeo (8.95 por ciento) y del resto de los delitos (9.24 por ciento). El otro delito que presentó un alza anualizada es el feminicidio, que pasó de 67 en noviembre de 2018 a 74 en noviembre de 2019, con un aumento de 10.45 por ciento.
En el acumulado de 2019, la cifra de víctimas de homicidio doloso ascendió a las 31 mil 688, lo que representa un alza de 2.70 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, pues de enero a noviembre de 2018 acumularon al menos 30 mil 852.
Los cinco estados con mayor nivel de violencia centran más del 4 por ciento de las víctimas de asesinato en el país. Foto: Especial
ESTADOS MÁS VIOLENTOSGuanajuato se posiciona como el estado más violento al registrar 3 mil 211 víctimas de homicidio doloso, de los cuales, 2 mil 685 fueron cometidos con arma de fuego. Esto representa un alza de 07. 46 por ciento, con respecto al número de víctimas de asesinato registradas en el mismo periodo del año anterior, enero a noviembre, que reportó 2 mil 988 casos.
El secuestro en Guanajuato aumentó un 433 por ciento en 2019, al registrar al menos 32 casos de enero a noviembre, contra solo 6 secuestros en todo el 2018, de acuerdo a cifras oficiales.
Además, en lo que va del 2019, en Guanajuato también ha atravesado por una serie de asesinatos de elementos de distintas corporaciones de seguridad. El pasado 19 de diciembre, fue asesinado Jorge Valtierra Herrera, director de Seguridad Pública de Acámbaro, Guanajuato, con lo que suman al menos 64 policías asesinados, la mayoría siendo de carácter municipal. En el último mes, 13 elementos fueron abatidos y dos más resultaron lesionados durante enfrentamientos con presuntos grupos del crimen organizado.
En esta entidad federativa, gobernada por Diego Sinhue Rodríguez, del Partido Acción Nacional, ha mantenido por años a dos hombres al frente de las corporaciones de seguridad: Carlos Zamarripa, Procurador y ahora Fiscal General de Justicia, cargo que ha desempañado por diez años, y Álvar Cabeza de Vaca, quien ha sido por siete años titular de la Secretaría de seguridad pública.
Jalisco es el segundo estado con mayor número de víctimas de homicidio, con un total de 2 mil 465 casos, de los cuales, 1 mil 388 fueron asesinadas con arma de fuego. La cifra creció 12.96 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año anterior, que registró 2 mil 182 homicidios dolosos.
Los feminicidios crecieron un 70.37 por ciento, pues de 27 cometidos de enero a noviembre de 2018, en el mismo periodo de este 2019, se contabilizan 46 feminicidios en la entidad.
En otros delitos, Jalisco registra un total de 15 secuestros y al menos 711 víctimas de extorsión que han denunciado los delitos.
En días pasados, Hugo Gutiérrez Maldonado, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, indicó que –de acuerdo con medios locales– en la región de Xalapa, donde se han registrado diversos eventos violentos, hay una disputa por la plaza entre los cárteles de Los Zetas y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Baja California , bajo el reciente gobierno de Jaime Bonilla, de Morena, es el tercer estado con más asesinatos, con un total de 2 mil 657 víctimas de homicidio doloso, de los cuales, 1 mil 955 fueron con arma de fuego. A diferencia de Guanajuato y Jalisco, en Baja California los asesinatos disminuyeron 7.29 por ciento con respecto al número de ataques en el mismo periodo del año anterior, que ascendió a 2 mil 866.
Los secuestros también fueron a la baja, pues de 15 casos en 2018, de enero a noviembre de 2019 se registraron 13 víctimas.
En feminicidios, Baja California registra 24 víctimas, un caso más que en el mismo periodo de 2018. El delito de extorsión es el que reporta el mayor incremento. En los primeros once meses de 2019 se registran 199 casos, un alza de 54.26 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, que registró 129 casos.
Guanajuato, Jalisco y Baja California, los tres más violentos Foto: Christian Serna, Cuartoscuro
Estado de México, bajo el gobierno de Alfredo del Mazo Maza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocupa el cuarto lugar con un total de 2 mil 603 víctimas de homicidio doloso, de las cuales, 1 mil 770 se perpetraron con armas de fuego.
Las víctimas de homicidio doloso, feminicidio, secuestro y extorsión de enero a noviembre de 2019, tuvieron un aumento en comparación con los primeros once meses de 2018: los asesinatos subieron 8.63 por ciento; el secuestro creció 25.88 por ciento, al pasar de 170 casos en 2018 a 214 en 2019; los feminicidios, 5.82 por ciento; y la extorsión se disparó un 72.87 por ciento.
Analistas de seguridad han coincidido en que los municipios del Estado de México “se han vuelto tierra de nadie”, porque por años ha imperado la colusión de las autoridades con la delincuencia, lo que ahora complica el combate a la inseguridad.
En el Estado de México operan 13 grupos delictivos, algunos de ellos, vinculados a al menos unos cuatro carteles de la droga, de acuerdo con diversos informes de autoridades estatales y federales.
La mayor presencia es del cártel La Familia Michoacana, sin embargo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, – que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial y ahora es considerado como el más poderoso– ha extendido su presencia a 25 estados, entre ellos Edomex.
Chihuahua, gobernado por Javier Corral Jurado, del PAN, se posiciona en el quinto lugar con un total de 2 mil 379 víctimas, 16.84 por ciento más que el número de víctimas registradas de enero a noviembre de 2018.
Los delitos secuestro y extorsión también fueron al alza con 81.81 por cierto y 100 por ciento, respectivamente. En tanto que el delito de feminicidio disminuyó 27.90 por ciento, pues de 43 feminicidios registrados en 2018, se reportan 31 en 2019.
En cuanto a los estados más violentos por tasa. Las mayores tasas de asesinatos por cada 100 mil habitantes son las de Colima (88), Baja California (74.2) y Chihuahua (63.2), y las de menores son las de Yucatán (1.3), Aguascalientes (6.6) y Campeche (7).
Especialistas en seguridad han manifestado en diversas entrevistas con SinEmbargo que la falta de una política criminal clara y una estrategia bien definida del Gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada y la inseguridad, ha generado que también los gobiernos estatales y municipales puedan deslindarse de su responsabilidad y ser omisos en su función.
Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano de Seguridad, ha señalado que no queda tan claro que le corresponde a los estados y a la federación “porque la complejidad de los delitos hace que se traslape las funciones”.
El especialista Ricardo Ravelo ha considerado en previas entrevistas que en materia de seguridad fallaron todas las estructuras de Gobierno. En el caso de la Federación, la deficiencia se presenta desde la creación de la estrategia de seguridad porque no tiene una política definida para atacar el crimen.
En relación a los gobiernos estatales, ha explicado que la problemática es más grave porque al menos el 80 por ciento de las policías estatales no son confiables. “Y más abajo, a nivel de los municipios, muchos de estos territorios son pueblos sin ley donde las policías son grupos armados de los grupos criminales”.
Ravelo también considera que la falta de una política clara sí propicia que los Estados puedan deslindarse de la responsabilidad, porque –desde el marco legal– las entidades federativas no tienen facultades para enfrentar delitos del crimen organizado, pues le corresponde a la federación.
“Entonces es muy fácil para los gobernadores negociar con el crimen organizado, igual para los alcaldes, pactar con alguna célula del crimen organizado, pero cuando hay problemas, ellos no tienen nada que ver en esto porque no tienen facultades, ni tienen capacidad para enfrentar al crimen”.
El pasado 17 de diciembre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que la tendencia del delito va al alza en todo el país y que no ha sido fácil combatir la inseguridad y la violencia durante su Gobierno.
“No ha sido fácil porque ha habido una tendencia al alza en delitos en general con pocos elementos, instrumentos para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, entonces hemos iniciado de cero. No había elementos de seguridad, ya saben ustedes lo que sucedía con la Policía Federal, en el caso del Ejército, la Marina, no podían actuar en materia de seguridad pública”, dijo.