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Por Redacción Por Esto!
23 de Feb de 2019
7 min
Escrito por Redacción Por Esto!
Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– Frente al Presidente de España Pedro Sánchez Pérez-Castejón, quien visitó México en enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas extranjeras un comportamiento ético, que no actúen violando las leyes ni participen en actos de corrupción . Ya ha pasado. Firmas españolas como Iberdrola, Renovalia, Elecnor, Abengoa o OHL México han operado en territorio nacional bajo la sombra de señalamientos por sobornos, favoritismo o han pisoteado derechos humanos de comunidades indígenas .
En el país hay más de 6 mil compañías españolas que generan un millón de empleos directos e indirectos “en múltiples sectores, desde las infraestructuras, las telecomunicaciones, el sector de las energías renovables”, destacó Sánchez. “Son inversiones que vienen para quedarse, que vienen para apostar por el progreso y por la prosperidad de México”.
España es la inversión extranjera más importante en México seguida de la estadounidense y canadiense. De 1999 a 2018 ha inyectado 63 mil 12 millones de dólares , de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía. López Obrador no descartó que participen en el nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía y en el Tren Maya. “Tienen las puertas abiertas en nuestro país”, dijo.
Esta semana, Alfonso Romo, el enlace entre el Gobierno y las empresas, dijo durante la presentación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico que “buscamos convertirnos en un Estado que promueva más y mejores empresas, que generen riqueza con mejores condiciones de trabajo”.
Ese mismo lunes, el Presidente López Obrador aseguró a los miembros del Consejo Mexicano de Negocios que la labor social fundamental del sector empresarial es invertir, generar empleos y contribuir con el pago de impuestos para fortalecer la hacienda pública.
“Vamos a lograr la mezcla de inversiones necesarias entre sector público, sector privado, sector social y vamos a armonizar, vamos a conciliar. No se va a confrontar y se va a hacer valer el Estado de Derecho, un auténtico Estado de Derecho, en el que todos aceptemos la máxima, el criterio, de que al margen de la Ley nada y por encima de la Ley nadie. Y todos a portarnos bien”, enfatizó.
“Un gran número de las megaobras o proyectos de inversión en México se han realizado en espacios regulados bajo el régimen de propiedad colectiva, en el que subsiste una conciencia de lo común, sobrevive una tradición de trabajo comunitario y de toma de decisiones conjuntas bajo esquemas asamblearios. Más de la mitad del territorio nacional está regido por el régimen de propiedad social y colectiva de la tierra”, plantea el estudio “De la consulta a la libre determinación de los pueblos” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Fundar.
Desde la modificación de la Ley de Inversión Extranjera, y hasta la fecha, se han encadenado una serie de modificaciones legales y constitucionales hasta llegar a las reformas del sexenio de Enrique Peña Nieto, como es el caso de la Reforma Energética y sus leyes secundarias (Ley de Hidrocarburos, Ley de la Industria Eléctrica y Ley para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos), “para permitir la inversión privada en la explotación del petróleo, gas y generación de electricidad, y con ello abrir aún más la puerta de capital privado sobre los territorios indígenas y campesinos”, por encima del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga al gobierno a implementar la consulta libre, previa e informada a estas comunidades.
El informe más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso que “en varias ocasiones se han denunciado el otorgamiento de concesiones por parte del Estado a empresas privadas en violación del derecho a la consulta previa. Cuando se trata de violencia en territorios o comunidades indígenas donde se ubican grandes proyectos, el común denominador es el otorgamiento de permisos o concesiones sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, lo que suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas”.
El ex Primer Mandatario ha argumentado que no violó ninguna ley porque pasaron tres años y medio después de ser el jefe del Ejecutivo, y Avangrid no tiene operaciones en el país.
Lo que es un hecho es que Iberdrola creció durante el gobierno calderonista (2006-2012), hasta convertirse en la principal generadora de energía eléctrica privada mediante contratos con la Comisión Federal de Electricidad. Luego de eso, Calderón fue invitado a la filial de la compañía española.
En 2006, al arranque del sexenio, Iberdrola acumuló ingresos por 1.4 mil millones de euros en México y en Guatemala. Para 2011 obtuvo ventas por 2.8 mil millones de euros solo en México, de acuerdo con los informes de sostenibilidad de la compañía.
Georgina Yamilet Kessel Martínez, quien fue Secretaria de Energía durante la administración de Calderón (2006-2011), presidenta del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se integró como vocal en el Consejo de Administración de Iberdrola España el 24 de abril de 2013, cinco meses después de haber dejado su cargo en la administración pública.
En el Consejo de Administración Iberdrola México también estuvo –hasta diciembre de 2015– Herminio Blanco Mendoza, quien fue jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y ex Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000); el ex funcionario dijo haber renunciado por cuestiones personales.
En enero de 2009 fue inaugurado el parque eólico de Iberdrola de La Ventosa y tres meses después, el 28 de abril de 2009, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y la ex Secretaria de Energía Georgina Kessel Martínez recibieron en Los Pinos a Ignacio Sánchez Galán, José Luis San Pedro y Gonzalo Pérez, directivos de la empresa española Iberdrola.
Un mes antes, en marzo de 2009, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó a Iberdrola Renovables un contrato para la construcción del parque eólico La Venta III, en Santo Domingo Ingenio, Oaxaca, una de las zonas de México con mayor potencial para desarrollar parques eólicos por sus elevados índices de viento. El contrato también fue para suministrar energía a la CFE durante los próximos veinte años.
La construcción de la Venta III comenzó el 13 de mayo de 2009. Sin embargo, desde 2005 las comunidades indígenas, mediante colectivos como la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT), se han opuesto al denominado megaproyecto Corredor Eólico del Istmo (CEI), compuesto por La Venta I, II, III y IV, al considerarlo un despojo de su territorio comunal.
Durante su visita a España en mayo de 2010, el Presidente Calderón sostuvo “encuentros con el sector empresarial español interesado en incrementar sus inversiones en México, particularmente en el campo de las energías renovables”, reportó Presidencia. Entre ellos, fue con Ignacio Sánchez Galán, director de Iberdrola. Ahí Sánchez Galán pidió a Calderón “que se resuelvan los pequeños escollos para la construcción de parques eólicos”.
El cuestionado parque eólico La Venta III comenzó a operar en octubre de 2012, el último año de la gestión de Calderón.
Y siguió creciendo. Recientemente puso en marcha dos plantas de ciclo combinado en Nuevo León y Baja California, y dos plantas de cogeneración, en Tamaulipas y Querétaro.
Entre los nuevos proyectos para los próximos años, Iberdrola planea la construcción de al menos un nuevo ciclo combinado y varios proyectos de cogeneración, con una inversión estimada de más de 600 millones de dólares, que se sumarán a los cuatro ciclos combinados que están actualmente en construcción: Noreste y El Carmen, en Nuevo León y Topolobampo II y III, en Sinaloa.
En cuanto a proyectos renovables, Iberdrola construye cuatro instalaciones que supondrán una inversión de 780 millones de dólares. Tiene en marcha los proyecto eólicos PIER y Santiago eólico en Puebla y Guanajuato; y los fotovoltaicos de Hermosillo y Santiago en Sonora y San Luís Potosí.
En diciembre pasado, abrió su primer parque solar en una zona semidesértica de Hermosillo, Sonora, con una capacidad instalada de 100 megavatios (Mw), equivalente a suministrar electricidad a 100 mil hogares. Ha requerido una inversión de 135 millones de dólares, y los 389 mil 580 paneles solares llegaron desde China en barco.
Uno de sus clientes es Grupo Modelo (AB InBev). Pondrá en funcionamiento PIER, un parque eólico en Puebla en el primer trimestre de este año. Contará con 84 aerogeneradores Gamesa con una inversión de 290 millones de dólares.
RENOVALIA, ENERGÍA PARA BIMBO
La empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), subsidiaria de la española Renovalia Energy, llegó en 2004 a Unión Hidalgo, al suroeste de Oaxaca, para instalar el Proyecto Eólico Piedra Larga, que actualmente suministra a Grupo Bimbo.
La compañía descubrió que el territorio de 68 mil hectáreas es de propiedad comunal. La comunidad zapoteca, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, una área cuyas condiciones de viento son de las mejores a nivel mundial, enfrentó engaños, intimidación, agresiones, contaminación inseguridad y violaciones a sus derechos humanos desde entonces, acusaron habitantes y la organización ProDESC.
De acuerdo con el Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC, Juan Antonio López, la compañía cometió irregularidades de la mano de notarios públicos para cambiar el uso de suelo de propiedad social a privada.
Ya con la concesión de la Secretaría de Energía (Sener) y el permiso de la Comisión Federal de Electricidad, representantes de la empresa acudieron a los domicilios de los propietarios. De 2006 a 2011 hicieron firmar a los habitantes contratos que no estaban traducidos al zapoteco, su lengua materna, y que tampoco explicaban los alcances o afectaciones del proyecto.
Desde 2010 comenzó la construcción del Proyecto Eólico Piedra Larga y está en operación a pesar de que desde 2013 la comunidad indígena interpuso una demanda para lograr la nulidad del contrato ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, Oaxaca.
SIEMENS GAMESA EN OAXACA
Las organizaciones y comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec que conforman la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño (APOYO) han manifestado que sus poblaciones han visto “la imposición” de más de 20 parques eólicos en sus territorios que ha afectado su vida, identidad, cultura, bienes naturales y tejido comunitario.
“Las empresas eólicas llegaron anunciando progreso, desarrollo y derrama económica; sin embargo, solo se ha profundizado un proceso de despojo de nuestros territorios y bienes naturales”, expuso APOYO en un comunicado.
“Las empresas eólicas instaladas en el Istmo de Tehuantepec tampoco están cumpliendo sus compromisos sociales y no pagan impuestos a los municipios donde se instalaron. Por ejemplo, en Juchitán de Zaragoza se encuentran instalados 12 parques eólicos que tan solo en el 2015 han llegado a adeudar más de 2 mil 859 millones de pesos”, documentó.
Ante ello, ha exigido al gobierno parar el despojo de sus tierras, no más imposición de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec y que los parques que están ya instalados paguen los impuestos que deben y se anule la condonación tributaria a los parques eólicos.
Habitantes de Unión Hidalgo, Oaxaca, exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) no autorizar las “Manifestaciones de Impacto Ambiental” de los parques eólicos “Palmita 1? y Palmita 2” promovida por Gesa Oaxaca, filial de la española Siemens Gamesa. Con el parque eólico de DEMEX, de Renovalia, ya han tenido malas experiencias.
De acuerdo con la organización Código DH, el documento tiene irregularidades, entre ellas, que no se reconoce a esa comunidad zapoteca como un núcleo agrario a pesar de pertenecer a Juchitán.
ELECNOR, MANCHADA EN VENEZUELA
Elecnor es una empresa energética española que fue señalada de sobornos en Venezuela, pero tiene presencia en México desde 1992. De 2005 a 2014, en los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, ha obtenido contratos por más de 19 mil 351 millones 385 mil pesos, de acuerdo con el Portal de Transparencia.Con Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha obtenido 17 contratos por 498 millones 385 mil pesos desde Fox. El mayor ha sido por más de 265 millones de pesos para Pemex Exploración. Participó en la licitación para construir dos plantas centrales de servicios en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) para iluminación, gas, agua y drenaje, pero ganó ICA-Fluor. Además el gasoducto en Morelos por 270 millones de dólares fue cancelado en mayo de 2017 por no realizarse una consulta libre, previa e informada a la comunidad nahua. Esta empresa energética española dio 13.5 millones de dólares al ex Viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela Nervis Villalobos entre 2010 y 2012, durante la gestión aún del ex Presidente Hugo Chávez. La transferencia en una cuenta de banco fue mediante cinco envíos desde Malta, de acuerdo con la Juez andorrana Canòlic Mingorance, reportó el diario El País. “La energética vasca firmó un acuerdo con Villalobos que contemplaba que el que fuera Ministro de Petróleo de Venezuela entre 2001 y 2006 recibiría un 4.5 por ciento del contrato firmado entre Elecnor y Electricidad de Caracas para la construcción de la planta de Ciclo Combinado Juan Manuel Valdez en Güiria. El dato figura en un auto de procesamiento que encausa por blanqueo y cobro de comisiones a 28 personas, entre las que figura Villalobos”, dice el rotativo. La Jueza del caso consideró que el ex Viceministro Villalobos repartió parte de los 13.5 millones de dólares con dos jerarcas chavistas: el ex Viceministro de Energía y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Javier Alvarado, y el Secretario de la junta directiva de Electricidad de Caracas, Luis Carlos de León. Desde 2005, Elecnor México ha realizado seis proyectos en Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Morelos y Sonora de centrales, subestaciones, ciclos combinados y un gasoducto por un total de mil 003 millones de dólares, destaca la compañía en su página oficial. En junio de 2005, con un contrato por 46 millones de dólares, la CFE le dio a Elecnor México la construcción del sistema de evacuación de energía del proyecto hidroeléctrico de la central El Cajón, en el cauce del Río Grande Santiago, en el municipio de Santa María del Oro, Nayarit. En septiembre de 2008, Elecnor recibió la adjudicación de la subestación La Ventosa, en Oaxaca, así como de las líneas de transmisión Juile-Cerro de Oro por 111 millones de dólares. En su momento, fue la más grande de Iberoamérica. Pero en diciembre de 2016 y marzo de 2017 presentó fallas eléctricas y dejó sin luz a los municipios del Istmo de Tehuantepec. En mayo de 2009, la CFE adjudicó a Elecnor el contrato por 59 millones de dólares para la subestación Laguna Verde GIS 400 kV, en Veracruz, así como cinco líneas de transmisión que suman 36 km. La central nuclear de Laguna Verde es la principal de México, con una capacidad instalada de 1.610 MW, equivalentes al 5 por ciento de la electricidad consumida en el país. Está situada en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. Elecnor también desarrolló el diseño, ingeniería, suministro de equipos, construcción, instalación y puesta en marcha de la central de Agua Prieta II, a 7 kilómetros del municipio de Agua Prieta, en Sonora. En consorcio con la española Sener, ganó en 2010 este contrato valorado en más de 220 millones de dólares. Forma el primer sistema híbrido ciclo combinado-solar en México, y usará un aerocondensador que permite la utilización de un circuito de refrigeración cerrado, lo cual disminuye considerablemente el consumo de agua de la planta. Para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica en el noroeste del país, Elecnor, en consorcio con Duro Felguera, ganó la licitación convocada por la CFE para la construcción de la central de ciclo combinado Empalme II, en Sonora, por 397 millones de dólares. LA CASI BANCARROTA DE ABENGOA Abengoa México (Abemex), filial de la empresa española de infraestructura especializada en energía renovable, llegó a México desde 1981. Gozó de firmar contratos con la CFE y Pemex, para construcción de líneas de transmisión, plantas industriales, y en 2013 se posicionó dentro de las empresas privadas líderes del mercado eléctrico y de generación de energía tras la construcción del campo híbrido solar-gas Agua Prieta II y de la Central de Ciclo Combinado de Centro Morelos, cuya puesta en operación está a consulta este fin de semana en Puebla, Morelos y Tlaxcala. La planta tuvo una inversión de 22 mil millones de pesos, comenzó a construirse en 2011 y quedó en septiembre de 2017, pero no entró en operación por falta de conexión a la planta de tratamiento de aguas residuales, y las comunidades agrícolas se oponen al despojo del agua del río Cuautla y el daño a los suelos para cultivar alimentos. Abengoa es la empresa responsable, bajo licitación, del diseño, ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de la central. En febrero del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Semarnat, a la CFE y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas por transgredir el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades. En México, los bancos españoles BBVA Bancomer y Santander tienen gran presencia. México es el tercer país que más ingresos deja a los banqueros por comisiones como porcentaje de sus ingresos totales con un promedio de 30 por ciento frente al 19 por ciento en España, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). La banca múltiple reportó, en agosto de 2018, ingresos por comisiones y tarifas cobradas de 106 mil 499 millones de pesos, 53 por ciento más que en 2013. El Presidente Pedro Sánchez compartió que en España han propuesto un impuesto sobre las transacciones financieras, que está en trámite de aprobación parlamentaria, o también un impuesto sobre los servicios digitales, para que las grandes corporaciones tecnológicas compitan en igualdad de condiciones con el pequeño y el mediano comercio que paga sus impuestos. Por Dulce Olvera
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