CHILAPA, Guerrero, 8 de abril (El Sur/SinEmbargo).- Guerrero ocupa el quinto lugar de migración al extranjero y el primero nacional de migrantes internos, según un informe de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (Rejja). El 45.7 por ciento de los trabajadores indígenas de más de 15 años no tiene ningún ingreso y el 24.1 percibe menos de un salario mínimo mensual, lo que causa que migren como jornaleros a estados como Sinaloa, Sonora, Baja California, Morelos, Guanajuato y San Luis Potosí.
Las disputas entre cárteles por el control de la siembra y comercialización de la amapola, además de la caída en el precio de la goma de opio han profundizado las condiciones de marginación e inseguridad, detonando desplazamientos de comunidades enteras, como en Chilapa de Álvarez, según el documento.
La Red dio a conocer estos datos en su informe Violaciones de Derechos de las y los Jornaleros de México, que se basa en cifras oficiales y testimonios de jornaleros de estados expulsores como Guerrero, y de estados receptores como Sonora entre 2016 y 2018.
El informe destaca que Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los que presentan los más altos índices de migración interna, “en donde los flujos migratorios se distinguen por estar compuestos en su mayoría por familias campesinas e indígenas que siguen los diferentes ciclos agrícolas en el país”.
En el caso de Guerrero la Red informa que ocupa el quinto lugar de migración al extranjero y el primero nacional de migrantes internos, “de acuerdo con los datos del Consulado General Mexicano, el 11.5 por ciento de los mexicanos en Estados Unidos son de Guerrero, concentrados principalmente en la ciudad de Chicago”.
En cuanto a las condiciones del trabajo asalariado de la población indígena estatal de 15 años en adelante tiene registrados 53 mil 41 trabajadores que no tienen ningún ingreso, y conforman el 45.7 por ciento. Además 27 mil 964 forman parte de la población indígena que percibe menos de un salario mínimo mensual es decir, el 24.1 por ciento, “lo que provoca altos niveles de migración a otros estados donde trabajan como jornaleros agrícolas.
“Además de las carencias en infraestructura la situación de pobreza obliga a los niños y niñas a trabajar para contribuir a la economía familiar”, a este contexto se suma que el 50 por ciento de los pueblos nahuas, ñuu savi y me’phaa, tres de los cuatro pueblos indígenas del estado son analfabetos, y 29.5 por ciento son monolingües. Casi el 15 por ciento de la población estatal es indígena.
Agrega que en cinco municipios de La Montaña, una región indígena del estado y que se caracteriza “por sus continuas condiciones de marginación y la exclusión social”, hay porcentajes mayores de 70 por ciento de pobreza extrema, Cochoapa el Grande con 87.7, Metlatónoc con el 76.7, Atlamajalcingo del Monte con 71.5, Alcozauca de Guerrero con 69.6 y Acatepec con el 68.9.
Agricultura y cultivos ilícitos
La organización describe en su informe que la economía local “se apoya en la agricultura de autosubsistencia basada en la milpa (la siembra de maíz, frijol y calabaza), el trabajo asalariado y la siembra de cultivos ilícitos, entre ellos la mariguana y la amapola.
“La articulación de la producción de autoconsumo y los enervantes permitió a muchas familias mantenerse en la comunidad sin necesidad de migrar, pero las disputas entre cárteles por el control de la siembra y comercialización y la caída en el precio de la goma de opio han profundizado las condiciones de marginación e inseguridad, detonando desplazamientos de comunidades enteras, como en Chilapa de Álvarez”, señaló.
Las fuerzas armadas han tenido presencia en la vida pública y en la seguridad desde los movimientos guerrilleros del siglo 20 y actualmente se justifican por la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en la administración del ex Presidente Felipe Calderón, “aunque su función sea la contención social, como ha sido una constante histórica en la entidad”, agregó.
Respecto de los principales problemas que enfrentan los jornaleros en México, la Red menciona la falta de contratos formales, las malas condiciones que viven durante los trayectos a los lugares del trabajo, la violencia contra las mujeres, la falta de acceso a la salud y a la educación para los niños.
Recomienda políticas públicas, un padrón actualizado de los jornaleros, un salario digno, garantizar condiciones de trabajo dignas, de vivienda, de salud, además de ofrecer educación a los menores de edad migrantes, entre otras.
La REJJA se conformó en 2014 por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, junto a otras organizaciones y académicos de diversas universidades con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los jornaleros y sus familias.