El Universal.- La mano de Karla Sansón, profesora del kínder Semillitas, del Instituto Inglés Mexicano, se posó sobre el pecho de la menor de edad Mariely Cano, para impedirle el paso a las instalaciones de la escuela.
Ante la mirada de compañeros y algunas mamás, la niña de cinco años no entendió que la falta de pago de un par de colegiaturas era el motivo por el que no la dejaron entrar a clases. Esa situación no es la mayor preocupación de Gamaliel Cano, su papá.
El cuerpo directivo de la institución educativa ubicada al sur de la Ciudad de México le informó que su hija no podrá presentar todos los exámenes finales, por lo que podría reprobar el curso escolar.
De igual forma, le anunciaron que no le entregarán los documentos que acreditan los estudios de preprimaria de Mariely.
El padre de familia contó a EL UNIVERSAL que debido a problemas de salud de su esposa e hija, en febrero pasado le fue imposible pagar los 5 mil 100 pesos mensuales de la colegiatura del kínder donde estudia Mariely, por lo que llegó a un acuerdo con María de la Luz Ramos Goyos, dueña de la instituto escolar privado; sin embargo, relató, meses después, tanto profesores como directivos comenzaron a maltratar a la menor de edad.
“Hable con ella [la directora María de la Luz Ramos Goyos] y se hizo del conocimiento de las maestras la situación por la que estaba pasando, pero el [pasado] 17 de febrero, en la Noche colonial, exhibieron a mi hija, le dijeron a mi esposa que no podían gozar de la celebración porque yo no había pagado.
“Luego se hizo constante que le negaran [a Mariely] el acceso a clases, que la retuvieran en la puerta frente a otras mamás y compañeros, ese es el malestar, que la exhiban”, relató Gamaliel Cano.
Sorprendido por la reacción hacia su hija, el hombre acudió al kínder para hablar con María de la Luz Ramos Goyos, a quien le ofreció liquidar la deuda a partir de un plan de pagos, pero la profesora se negó, pues le respondió que si por ella fuera la niña ya no entraría a la escuela, además le comentó que no le entregaría la documentación que avala los estudios de la menor.
“En total debo cuatro meses de colegiatura más los intereses, serían cerca de 40 mil pesos. No me estoy negando a pagar, sólo que me encuentro en números rojos. Lo único que pido es un esquema de pagos y que le permitan a mi hija hacer sus exámenes finales, pero [en la escuela] se negaron, dijeron que no tenían por qué dejarla entrar y [que] no me darán sus papeles, razón por la que mi hija podría perder el año [escolar]”, indicó Gamaliel Cano.
Maridé Madrigal Figueroa, directora general de Operación de Servicios Educativos de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), explicó que los colegios y escuelas particulares son establecimientos mercantiles que brindan un servicio educativo.
En esta figura legal, su objetivo principal es generar ganancias, por lo que si existe alguna interrupción con el servicio que se contrata entre los padres de familia y las instituciones, el conflicto se debe resolver ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Aunque los establecimientos privados de educación tienen el derecho de negar el servicio contratado si los padres no cumplen con el pago de las colegiaturas, es ilegal retener la documentación de los alumnos, como boletas y certificados escolares, o llevar a cabo cualquier acción que lastime o afecte la integridad emocional, sicológica o física de los menores de edad.
“Las sanciones pueden ser desde económicas hasta el retiro de la autorización para brindar servicios educativos, dependiendo de la gravedad de la falta en la que incurre el colegio. En educación básica nosotros [en la AFCM] damos autorización de estudios para adherirse como escuelas reconocidas por la SEP [Secretaría de Educación Pública]”, expresó Madrigal Figueroa.
Si bien la empresa educativa está amparada en un contrato de prestación de servicios, los derechos de los niños se protegen de acuerdo con la Constitución y la Ley General de Educación, las cuales obligan a garantizar este derecho a la educación y protege a los menores de edad en el país ante cualquier elemento que atente contra sus garantías básicas, explicó Madrigal Figueroa.
“Se puede incurrir en violaciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, si es que se están llevando a cabo acciones que signifiquen alguna afectación a la integridad física o emocional del menor [de edad], así como a la prestación del servicio mercantil, respecto del cumplimiento o no del convenio que suscribieron los padres de familia al inscribir al niño en esa institución educativa”, apuntó.
Reiteró que los colegios educativos y escuelas particulares no pueden negar la entrega de los certificados de estudios o boletas a los niños ni atentar contra su integridad.
“Ninguna institución pública o privada [en México] puede condicionar la entrega de la documentación [escolar], de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. “Los padres de familia pueden acudir para que nosotros liberemos los documentos del menor de edad e intervengamos frente al colegio”, detalló Madrigal Figueroa.
“No importa la tarea, quiero regresar”
La casa de los abuelos de Mariely se encuentra a espaldas del kínder donde estudiaba, desde la ventana, la niña puede ver a sus compañeros jugando en el patio:
“No importa que me dejen mucha tarea, quiero regresar”, le dice a sus papás.
Observar que su hija parece despistada, tratando de estudiar por su cuenta, además de saber el posible riesgo de que Mariely repita un curso escolar es lo que más preocupa su padre: “Me angustia que pierda el año. Ella sueña con ser doctora de animales o científica, es muy buena alumna y no es justo que pase por esto, entiendo que debo dinero, pero no me niego a pagar. Lo que no me parece justo es que normalicen estos abusos, que se sientan con el derecho de exhibir y maltratar a los niños”, lamentó Gamaliel.
Al respecto, Madrigal Figueroa expresó que, ante estos casos, la AEFCM verifica las razones por las que se negó el servicio educativo y, en su caso, acompaña a la familia ante la Profeco. También puede actuar como intermediaria para llegar a un acuerdo o convenio económico con la escuela, para que los niños continúen estudiando en el lugar.
“En caso de que el colegio no acepte que los niños continúen tomando clases, se les puede ayudar a los padres de familia para recuperar los papeles de sus hijos y llevar a cabo el proceso de inscripción a una escuela pública y que terminen el ciclo escolar”, dijo.
Mencionó que las principales quejas que se reciben en contra de los colegios y escuelas particulares son por no tener el número de docentes adecuados, maltrato de los profesores, que no se les entregan a tiempo los papeles de alumnos y dudas sobre si la escuela está o no incorporada a la SEP.