Aunque el sexenio de Enrique Peña Nieto acabó, lo hecho durante esos años en materia de megaproyectos aún lo sufren pueblos indígenas, en este caso habitantes del Estado de México, región del país que aguantó dos gobiernos de Peña Nieto, el de Eruviel Ávila y ahora resiste al de Alfredo del Mazo. Todos ellos, del PRI.
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Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- La relación entre el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el empresario Armando Hinojosa Cantú , dueño de Grupo Higa , no solo se limitó a la “casa blanca”. También incluyó una carretera en el Estado de México, en medio de un bosque habitado por otomíes.
Terminado el sexenio de Peña y sepultada la acusación de presunta corrupción por conflicto de interés entre él e Hinojosa, tres pueblos del Estado de México aún resisten a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan a cargo de Constructora Teya, filial de Higa.
Este proyecto, auspiciado por los gobiernos estatal y federal con Peña y Eruviel Ávila (hoy Senador del PRI) y del Banco Nacional de Obras (Banobras), les fue impuesto a través de un decreto expropiatorio hace cinco años. Así, la carretera significó la división literal de las tierras de siembra y de su bosque sagrado.
Ese decreto contempló un periodo en el que si el fin con el que las tierras habían sido expropiadas no se concluía, éstas deberían ser devueltas a sus dueños originales. Y aunque la empresa sostiene que la autopista ya está en un 90 por ciento, en un recorrido por los kilómetros de construcción el estado de la obra no muestra ese avance.
Es lo que queda de la dupla Peña-Higa: se propusieron construir una carretera en medio de un bosque, habitado por indígenas; sin consultaros, expropiando sus tierras.
Los habitantes de los pueblos de Huitzizilpan, Xochicuautla y Ayotuxco sostienen que la ley está a favor de ellos. Durante estos cinco años consiguieron amparos de suspensión definitiva de obra que fueron ignorados a pesar de que se concedieron porque se comprobó que la autopista les violaba su derecho humano al agua por las afectaciones a los manantiales de la zona.
En medio de las obras a medias, exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador la reparación de los daños; dijeron que si esta obra pasa, será un precio a la “no democracia”; que si pasa “es una prueba que el neoliberalismo aún no acaba”.
LOS PUEBLOS CONTRA LA CARRETERA
El primer punto del recorrido organizado por los habitantes afectados por la autopista inició en Ayotuxco, zona en la que la obra tiene amparos de suspensión y la maquinaria jamás se ha detenido, al contrario, la entrada de camiones es permanente.
En este tramo, las estructuras están visiblemente chuecas o no llevan a ningún lado, hay material tirado a lo largo de la carretera, retazos de puentes con apenas la loza y desperdicios de construcción a lo largo del camino. Hay tramos en los que no hay nada de obra, solo devastación.
Gabriel Aldama, habitante de este pueblo, dijo que una de las principales inconformidades es por la destrucción de áreas verdes de las tierras que por título son suyas.
“Nosotros nos defendemos contra las violaciones directas a nuestra comunidad. No queremos esta autopista. No nos consultaron. Por cuestiones de tejido social manifestamos que los tres pueblos están en contra del proyecto y del decreto de expropiación de Peña que ya expiró”, comentó.
Criticaron también al llamado “proyecto alterno” que fue presentado por habitantes de la comunidad, de quienes se sospecha trabajan con las autoridades y la empresa, que propone la continuación de la autopista sin afectar los sitios sagrados, ya que explicaron que lo sagrado no son solo las capillas, sino “los siete cerros que comprenden el divino rostro”, un sitio de oración para los otomíes.
“El proyecto alterno, es también sin consultar a la comunidad. Es mátame pero yo te voy a decir cómo me vas a matar. No queremos ninguno”, agregó.
“El tramo carretero afecta los manantiales y nosotros estamos acostumbrados a vivir del bosque, hasta de los hongos de ahí. Toda la comunidad está enojada porque nos cortaron todos los caminos. Son cinco manantiales grandes afectados que surten a Ayotuxco y a La Magdalena. Hemos notado que disminuyó el agua en el pueblo, lo vemos en el riachuelo”, narró otro habitante.
Esta es una de las partes con más afectaciones sobretodo en cuanto a los manantiales ya que hay cerca de 140. En uno de los puntos de esta parte de Ayotuxco es el cruce carretero que parte las tierras de siembra. Los productos, maíz, avena, papa, frijol, chícharo y calabaza, ahora solo tienen el agua de lluvia, ya que la maquinaria también arrasó con la zona en la que se asentaba el agua en otras épocas del año.
De esta tierra depende la vida de todos los pobladores y cinco años después de la carretera de Peña e Higa continúan preguntando: ¿de qué vamos a vivir si es la única forma que tiene un campesino para vivir?
En este tiempo, el saldo es una carretera construida sobre pozos, azolve que para en un río, ajolotes afectados, un cauce de río triturado, contaminación de aceites y combustibles, riesgo de socavón, desperdicios y arena en el agua.
En Huitzizilapan, en teoría, ya toda la obra debería estar terminada, pero hay material sobre la autopista que está, por cierto, arriba de un paso ancestral.
El señor Abundio Rivera Nava, representante por usos y costumbres de los 12 barrios de este pueblo, denunció que aunque se ha dicho que la obra está terminada, Teya no construyó el paso para fauna y comunidades.
Ismael Santana, habitante de la misma comunidad ahondó en la inconformidad de la gente, que es obre todo por la violación clara de sus derechos por lo que terminado el decreto expropiatorio y no así la carretera, le piden al actual Presidente el retorno de sus tierras.
“Queremos la cancelación de todos los proyectos y que se repare el daño, no sólo a la flora y fauna. Pedimos resarcir, queremos el proceso de reversión establecido en la Ley, que dice que tienen que regresar los terrenos a su originalidad si en tres años no se cumple el fin con el cual las tierras fueron expropiadas. Ninguna suspensión se respetó y este es el cerro sagrado otomí del agua”.
Para Santana, la autopista traerá más proyectos “y no queremos que sean a costa de los indígenas”.
Finalmente en Xochicuautla, el tercer punto del recorrido, los habitantes exigieron la cancelación definitiva del proyecto carretero y la devolución de las tierras de los otros pueblos.
Jaime Vargas, del Consejo Supremo de la comunidad dijo que iniciado el despojo de sus tierras en 2008, el gobierno estatal comenzó una fuerte represión contra este pueblo: la presencia de 800 elementos de la policía y la detención de más de diez personas son los casos que más se difundieron.
“Compraron comunidades pero ni así obtuvieron el sí. Somos población indígena y tenemos protección nacional e internacional; tenemos la obligación y el derecho de decidir sobre nuestras tierras, pero cuando les presentamos los amparos con suspensión en 2016, nos intimidaron con golpeadores”, señaló.
Actualmente en uno de los tramos que atraviesan Xochicuautla, está clausurado por la comunidad, luego de que la empresa quisiera usar explosivos para destruir piedras de 10 metros.
En este punto en el que se junta la devastación y la resistencia frente a la violencia, Vargas hizo un llamado al actual Presidente: “este lugar aguantó a Peña Nieto junto con su concesionario favorito, Armando Hinojosa Cantú; nos mandó 800 granaderos; lo aguantamos como Presidente de la a República y a Eruviel. La ley está a favor de nosotros y violaron todos los derechos constitucionales. Si esta obra pasa es un premio a la no democracia, si pasa es una prueba de que el neoliberalismo aún no acaba”.
Por Daniela Barragán