Por ello, recomendaron al Gobierno de México reconsiderar si el uso del derecho penal es un medio adecuado para lograr dicho objetivo, tomando en cuenta que tiene como consecuencia la prohibicio?n y criminalizacio?n de las protestas sociales.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– Tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación al Gobierno mexicano por la aprobación y entrada en vigor de la llamada “Ley Garrote” en Tabasco, la cual contempla penas de 10 a 20 años de cárcel para las personas que cometan “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.
En una carta, los representantes del organismo manifiestan que el proyecto de Ley se sometió a discusión y debate por muy corto tiempo, hecho que impidio? llevar a cabo consultas previas con la sociedad civil, expertos nacionales e internacionales.
“La gravedad de las consecuencias de una restriccio?n a la libertad de expresio?n y a la libertad de reunio?n paci?fica exige un examen exhaustivo y completo. Dichas consultas, proporcionan una fuente de informacio?n importante que permite a las autoridades tomar en cuenta los efectos que la legislacio?n podri?a tener en el disfrute de los derechos humanos”, dijeron.
En el documento, recordaron que los objetivos legi?timos para restringir el derecho a la libertad de expresio?n y a la libertad de reunio?n paci?fica esta?n enlistados en los arti?culos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poli?ticos (PIDCP), al que México accedió el 23 de marzo de 1981.
Entre dichos objetivos, se encuentra la proteccio?n de la seguridad nacional, la proteccio?n del orden pu?blico o la proteccio?n de la salud pu?blica o la moral, y en el caso de la libertad de expresio?n, el respeto a los derechos o a la reputacio?n de otros.
“Entendemos que, el objetivo principal de la reforma legislativa en el Estado de Tabasco es reducir la corrupcio?n y la criminalidad relativa a proyectos que ayudari?an a aumentar la calidad de vida de sus habitantes, a trave?s de la inversio?n privada, por ejemplo. En este sentido, reconocemos la importancia de sancionar la extorsio?n relativa al impedimento de ejecuciones de trabajos u obras, lo cual contribuiri?a a garantizar y proteger el orden pu?blico”, señalaron.
Sin embargo, los relatores de la ONU reiteraron que les preocupa el efecto que la “Ley Garrote” tendra? en el disfrute de los derechos a la libertad de expresio?n y a la libertad de reunio?n paci?fica.
Por ello, recomendó al Gobierno de México reconsiderar si el uso del derecho penal es un medio adecuado para lograr dicho objetivo, tomando en cuenta que tiene como consecuencia la prohibicio?n y criminalizacio?n de las protestas sociales.
“Consideramos que otros mecanismos deben ser explorados para equilibrar la interferencia con el derecho a la libertad de expresio?n y a la libertad de reunio?n paci?fica. Asimismo, al invocar el objetivo legi?timo de orden pu?blico, asi? como el de proteccio?n de la seguridad nacional para restringir el derecho a la libertad de reunio?n paci?fica, se debe probar la naturaleza concreta de la amenaza, asi? como sus riesgos (CCPR/C/1119/2002, Lee c. Repu?blica de Corea, par. 7.3)”, indicaron.
David Kaye, Relator Especial sobre la promocio?n y proteccio?n del derecho a la libertad de opinio?n y de expresio?n; Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunio?n paci?fica y de asociacio?n, y Michel Forst, Relator Especial sobre la situacio?n de los defensores de derechos humanos, aseguraron que están “particularmente preocupados porque la intervencio?n penal utilizada es excesiva en sus consecuencias y en su limitacio?n al disfrute de derechos humanos”.