En México hay 850 funcionarios públicos inhabilitados por los gobiernos de las entidades federativas, con sanciones que van de dos meses a 88 años fuera del servicio público, por delitos menores como irregularidades en declaraciones patrimoniales, hasta ilícitos de corrupción graves, como desvío de recursos, cohecho y extorsión.
Las cifras del Gobierno federal indican que menos del uno por ciento de los delitos del fuero común, que fueron cometidos por servidores públicos, implicaron inhabilitaciones en los últimos cuatro años.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Uno de cada 100 delitos cometidos por servidores públicos entre enero de 2015 y julio de 2019, fue sancionado con la inhabilitación del funcionario a nivel estatal , según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En ese periodo, la SFP registró 672 resoluciones de inhabilitación de servidores públicos por los gobiernos de los estados, mientras que el SESNSP reconoció 69 mil 736 delitos (de funcionarios) del fuero común, que son aquellos registrados por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas.
Lo anterior implica que el 0.96 por ciento de los ilícitos cometidos por servidores públicos a nivel local mereció una sanción administrativa y/o penal por parte de las autoridades estatales. Esto sin considerar las medidas “resarcitorias” (o multas) impuestas por las autoridades de los estados de la República Mexicana.
Sin embargo, en los últimos 19 años hubo 1 mil 074 conductas sancionadas por los gobiernos estatales, que resultaron en la inhabilitación de 850 funcionarios públicos. Puebla y la Ciudad de México encabezan la lista con 298 y 152 registros de inhabilitación, respectivamente.
Entre enero de 2000 y agosto de 2019, las conductas sancionadas más comunes fueron la de “negligencia administrativa” (684 casos), “violación a leyes y normatividad presupuestal” (183 casos), “abuso de autoridad” (87 casos) e “incumplimiento en la declaración de situación patrimonial” (71 casos).
Los funcionarios públicos también fueron inhabilitados –a nivel estatal– por incurrir en “violaciones de procedimientos de contratación” (24 casos), “cohecho o extorsión” (18 casos) y otros “delitos cometidos por servidores públicos” (siete casos).
Uno de los casos más conocidos de negligencia administrativa es el de Antonio Tarek Abdalá Saad , ex tesorero de Veracruz (2012-2015) durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016).
Abdalá, quien fue investigado por presuntos desvíos de recursos por casi 55 mil millones de pesos y quien ha sido vinculado con el crimen organizado de Tierra Blanca, en Veracruz, no podrá trabajar en el estado hasta el año 2029, de acuerdo con el registro de la SFP.
El también ex Diputado federal priista (2015-2018) fue sancionado dos veces en 2016, primero por cinco años y luego por siete años más, producto de una denuncia ciudadana y de una denuncia de servidor público, respectivamente.
EL DELITO EN LOS ESTADOS “La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por la [SFP], el contralor interno o el titular del área de responsabilidades”, según el Artículo 16 (fracción III) de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).
De 2000 a la fecha, la mayor parte (91.5 por ciento) de las inhabilitaciones de funcionarios públicos en las entidades federativas fueron emitidas por las contralorías estatales (624 casos), municipales (245 casos) y/o generales (114 casos). Pero también fueron imputadas por los congresos estatales (70 casos), los tribunales superiores de justicia de los estados (nueve), el Poder Judicial estatal (cinco), los tribunales unitarios de circuito (tres) y de lo contencioso administrativo (dos), así como por las contralorías internas y los juzgados del fuero común de los estados (un caso cada uno).
La mayoría (93.8 por ciento) de las imputaciones durante el periodo inició por denuncias de servidores públicos (522 casos), quejas o denuncias ciudadanas (274 casos) y auditorías de las autoridades estatales (211 casos), aunque también hubo sanciones causadas por investigaciones internas (24 casos), observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (22 casos), incumplimientos detectados en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos (16 casos) y denuncias penales (cinco casos).
Cuando un funcionario público es inhabilitado, puede volver a trabajar en las instancias gubernamentales, una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta. Sin embargo, cuando la sanción es mayor a 10 años de inhabilitación, “se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la [SFP], en forma razonada y justificada, de tal circunstancia”, se lee en el Artículo 13 (fracción V párrafo sexto) de la LFRASP.
Entre 2000 y 2019, cada una de las sanciones de inhabilitación en contra de 850 servidores públicos a nivel estatal implicaron la imposibilidad para desempeñar un empleo, cargo o comisión gubernamental por un periodo mínimo de dos meses y por un máximo de 33 años. En promedio, las inhabilitaciones fueron por 6.8 años.
La LFRASP establece penas de suspensión de funciones de tres días a tres meses, así como la posibilidad de ser inhabilitado de uno a cinco años, para todo aquel funcionario público que mienta “deliberadamente” en su declaración patrimonial (Artículo 37, fracción III, noveno párrafo). Asimismo, las omisiones “sin causa justificada” en las declaraciones patrimoniales conllevan inhabilitaciones de seis meses a un año (Artículo 37, fracción III, sexto párrafo).
En el caso de los servidores públicos que incurran en actos u omisiones que impliquen “beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios”, la inhabilitación será de uno a 10 años si el monto defraudado es inferior a 200 veces el salario mínimo general mensual vigente (616 mil 080 pesos), y de 10 a 20 años si excede dicho límite o incurre en “conductas graves” (Artículo 13, fracción V, párrafo tercero).
Las entidades federativas con mayor número de inhabilitaciones promedio por año (2000-2019) fueron Puebla (22.9 casos), Jalisco (13 casos), Guanajuato (11 casos), Ciudad de México (9.5 casos), Morelos (7.3 casos), Baja California (6.7 casos) y Sonora (6.2 casos).
En cambio Baja California Sur , Colima , Nayarit y Querétaro (un caso cada uno) tuvieron las incidencias más bajas, junto con Campeche (1.3 casos), Veracruz (1.5 casos), Coahuila (1.6 casos) y Chiapas (1.7 casos).
Los estados de Durango , Estado de México , Sinaloa , Yucatán y Zacatecas no tuvieron registros durante el periodo, ante la SFP.
El bajo nivel o la falta de inhabilitaciones no implica la reducida o inexistente comisión de ilícitos por parte de los servidores públicos.
Ejemplo de ello son las cifras del Secretariado Ejecutivo que indican que, entre enero de 2015 y julio de 2019, hubo 2 mil 046 delitos del fuero común de funcionarios públicos que fueron cometidos en Durango, Estado de México, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
Asimismo, los datos del SESNSP refieren que la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León fueron las entidades con más incidencia promedio anual de delitos del fuero común por parte de funcionarios públicos, en 2015-2019.
Durante ese periodo, en la capital del país hubo registro de 3 mil 621 casos en promedio por año, mientras que en el Edomex hubo 2 mil 445 casos y en Nuevo León 1 mil 700 casos.
LOS FUNCIONARIOS MÁS SANCIONADOS
Entre enero de 2000 y agosto de 2019, el número de inhabilitaciones impuestas por los gobiernos estatales fue 13 veces mayor (variación real), aunque el número de inhabilitaciones en lo que va de este año es 62 veces superior (variación relativa) a las acumuladas durante el año 2000.
Lo anterior quiere decir que el número de inhabilitaciones –y de funcionarios inhabilitados– ha ido al alza en los últimos 19 años. Inclusive, el índice de inhabilitaciones por cantidad de ilícitos (de funcionarios) del fuero común aumentó en 20 por ciento entre los cierres de 2015 y 2018, al pasar de uno a 1.2 de cada 100 casos.
Hoy en día hay 850 servidores públicos inhabilitados a nivel estatal, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública. Pero este año, 126 inhabilitaciones expirarán; y en el transcurso de los próximos cinco años (2020-2024) 676 inhabilitaciones adicionales vencerán, y cientos de ex funcionarios sancionados podrían volver a trabajar para los gobiernos de las entidades federativas.
Tal es el caso del ex tesorero (2012-2015) de la Alcaldía de San Miguel de Allende (Guanajuato) Jaime Cirilo Labrada Araiza , quien además de haber sido inhabilitado en 19 ocasiones y vinculado a proceso por el delito de peculado, fue investigado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato por el supuesto desvío –como tesorero– de más de 400 mil pesos del erario público local.
De acuerdo con los registros de la SFP, Labrada es el ex funcionario público con más inhabilitaciones en los últimos 19 años y estará inhabilitado hasta el año 2021, por cometer negligencia administrativa y violar la normatividad presupuestal.
A diferencia del ex tesorero de San Miguel de Allende y de los ex servidores públicos cuya sanción expirará en los próximos cinco años, hay ex servidores públicos cuyas inhabilitaciones (acumuladas) expirarán en un periodo de seis a 88 años más, a partir de 2019. Entre ellos están los cinco ex funcionarios –además de Labrada– con más inhabilitaciones en 2000-2019.
Brigido Enrique Tapia Avilés , Geovanny Julián Martínez Jasso y Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos fueron inhabilitados en nueve ocasiones cada uno, entre 2016 y 2018, por delitos de negligencia administrativa y por violar la normatividad presupuestal.
El primero, un ex funcionario capitalino que hasta el año pasado laboró para la contratista gubernamental Constructora e Ingeniería Herayax , fue acusado por soliviar irregularidades en el manejo de trámites y servicios gubernamentales, e inhabilitado por ello hasta el año 2107.
Martínez Jasso, por su parte, estará inhabilitado hasta el año 2059 por realizar cobros en ventanilla sin reportar los ingresos monetarios, cuando fungía como cajero adscrito de la subdelegación Otay del Ayuntamiento de Tijuana, en Baja California. Uno de estos delitos fue asentado en el expediente RES/149/2017 de la Dirección de Responsabilidades de la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, en que Martínez es acusado del robo de 1 mil 682 pesos correspondientes al pago del impuesto predial de un ciudadano, durante el ejercicio fiscal 2017.
En el caso de Tenorio Vasconcelos, ex secretario de salud de Oaxaca y cercano colaborador del ex Gobernador Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), existen varios juicios penales en su contra por uso indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y conflictos de interés (causas penales 54/2017 y 610/2017). Por violar la normatividad presupuestal, el Gobierno de Oaxaca lo inhabilitó en 2016, por un periodo de 83 años (hasta el año 2099).
Entre los funcionarios más sancionados, también están la ex subdirectora adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Sonora, Marla María Ruiz Figueroa
, y el otrora jefe de la Unidad Departamental de Infraestructura de la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, Alfonso Rivera Granados
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Ruiz Figueroa, quien fuera sancionada entre 2013 y 2014 (determinación de responsabilidad número SPS/201/14 BIS) por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, fue inhabilitada en ocho ocasiones por cometer negligencia administrativa y violar la normatividad presupuestal. Por estas violaciones, estará fuera del servicio público hasta el año 2032.
Sobre Rivera Granados, quien fue inhabilitado siete veces y no podrá asumir cargos públicos hasta el año 2071, asimismo pesan varios cargos de negligencia administrativa. Entre 2001 y 2006, por ejemplo, fue destituido e inhabilitado en seis ocasiones, por irregularidades en contratos de obra pública que, asimismo, le supusieron sanciones económicas por un total de 26 millones 906 mil 649.72 pesos, de acuerdo con el Diario de los Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, año 3, número 02.
Por Efrén Flores