CIUDAD DE MÉXICO, 30 de agosto (SinEmbargo y NOTIMEX).- Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, defendió que la Ley de Amnistía, que será enviada por el Presidente López Obrador al Congreso este domingo, no beneficiará a personas juzgadas por crímenes graves, pero sí a quienes permanecen presas injustamente.
“Los grandes criminales no tienen ninguna posibilidad de entrar entre los beneficiarios de esta iniciativa”, aseguró el funcionario en entrevista con medios al salir de una reunión con el Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado.
Durazo recordó que México ha suscrito tratados internacionales que impiden beneficiar con la amnistía a personas culpables de delitos graves.
Reiteró que la legislación busca ayudar a quienes cumplen condenas por delitos menores o que fueron enviados a prisión de manera injusta. Como ejemplo mencionó a indígenas que fueron encarcelados sin derecho a acceder a un traductor o quienes, bajo amenazas, fueron obligados a transportar dosis pequeñas de droga.
“Personas que bajo la presión, la extorsión de grupos criminales han transportado pequeñas dosis de droga y que estén ahí. Personas que no tienen recursos para pagar un proceso jurídico, personas indígenas […] Hay un número muy importante de indígenas en los penales del País, para que se den idea, debe haber alrededor de siete mil personas indígenas que están presas”, dijo.
De acuerdo con medios nacionales, este viernes, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, confirmó a las y los senadores de Morena que la Ñey de Amnistía sería enviada el 1 de septiembre.
Posteriormente, Alfonso Durazo defendió ante medios de comunicación que la legislación será impulsada para contrarrestar las deficiencias en el sistema penal mexicano.
Ese beneficio se otorgaría a quienes sean auténticos merecedores, para aquellos a quienes la amnistía sea “un auténtico acto de justicia frente a las injusticias que han padecido, producto de las deficiencias del sistema de procuración y administración de justicia”, dijo en entrevista al término de su participación en la reunión plenaria de los senadores de Morena.
Expuso que la medida no está dirigida a grupos de población específicos, sino que se analizará cada caso, por ejemplo a personas que bajo presión o extorsión de grupos criminales han transportado pequeñas dosis de droga.
A su salida de la antigua sede del Senado de la República, señaló que “hay personas que no tienen recursos para pagar un proceso jurídico, personas indígenas; hay un número muy importante de indígenas en los penales del país” que están recluidos por acusaciones menores.
Tras exponer esa propuesta en la III Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, dijo que en general el sistema de procuración y administración de justicia “ha dado paso a que personas carentes de recursos, personas que no hablan en español”, no puedan culminar sus procesos penales, entre otras cosas, porque el Estado no cuenta con los intérpretes y traductores adecuados.
Indicó que hay casi siete mil personas indígenas que están presas, sin embargo sólo hay 25 intérpretes, lo que “da idea de la deficiencia o desventaja en la que cubren estas personas indígenas sus procesos judiciales”, por lo que la aprobación de la ley sería un acto de justicia y “siendo una ley de iniciativa la última palabra la tiene el Congreso”.
Aclaró que los acuerdos internacionales que ha firmado México limitan la posibilidad de otorgar amnistía a aquellos acusados que hayan atentado de manera grave contra la sociedad, por lo que “los grandes criminales no tienen ninguna posibilidad de entrar en esta iniciativa”.
La iniciativa fue una decisión unipersonal del Ejecutivo federal, pero tendría una legitimidad si la decisión estuviese respaldada por un órgano representativo como es el Congreso de la Unión.