CIUDAD DE MÉXICO, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Un Juez de distrito en Matamoros, Tamaulipas, habría dejado en libertad al menos a 24 policías locales procesados por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con información publicada por medios nacionales, los elementos que podrían haber salido de prisión desempeñaban sus labores en los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula, ubicados en Guerrero, durante el pasado mes de septiembre del 2014.
Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Juez otorgó la libertad a los policías locales vinculados con el caso después de que le negara a la Fiscalía de Ayotzinapa la ampliación del plazo para cumplir con la aplicación de los protocolos de Estambul.
“El Juez de distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días naturales para el cumplimiento de los protocolos de Estambul a lo que la Fiscalía de Ayotzinapa le solicitó la ampliación del plazo para tal cumplimiento, en razón de que cada una de los investigados tiene que dar su anuencia y a dicho protocolo no lo podía aplicar la FGR y se tenía que encontrar una institución inobjetable que los realizara proponiendo para ello a las autoridades de la Ciudad de México en materia de Derechos Humanos; a todo lo anterior el Juez de distrito se negó otorgando la libertad a los policías locales procesados”, precisó en un comunicado.
Por ello, la dependencia dio a conocer que como órgano del Ministerio Público Federal (MPF), autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias “para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones y asimismo, para generar las acciones que puedan iniciarse al margen de la sentencia a la que ya se ha hecho mención”.
Además, recordó que desde que ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes, la indagatoria del caso fue descalificada en forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas.
“En razón de lo expuesto en octubre del 2015, la Administración anterior creó una oficina de investigación del caso Iguala, la cual también fue descalificada junto con la ‘verdad histórica’ que fue la versión oficial de los hechos delictivos referidos y la cual también fue impugnada por peritos y expertos internacionales”, señaló la FGR.
A su vez, apuntó que a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, el 31 de mayo del 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo, donde se establecía que se debía reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones.
También se tenían que determinar las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados, crear una comisión de ciudadanos en la que participara la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CHND) y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos.
“Esa sentencia fue impugnada por la PGR al violentar la función constitucional del Ministerio Público Federal; pero también fue apoyada mediante diversos recursos que han permitido la situación que hoy se está enfrentando. Los padres y sus abogados presentaron recursos que han impedido que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre dicha sentencia del Tribunal Colegiado”, indicó.
Ante dicha situación, con la entrada del Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se creó la Comisión para la Verdad, comandada por el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y con la participación de los familiares de dichas víctimas, quienes se han reunido en forma constante, fundamentalmente para realizar diversas acciones en la localización de las víctimas.
“Desde el principio de la presente administración de la Fiscalía General de la República, está institución y la Subsecretaría iniciaron la búsqueda de un nuevo fiscal independiente y autónomo para Ayotzinapa; y en ese caso los tres primeros candidatos propuestos por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación se negaron a participar por razones personales y fue hasta el 26 de junio de este año que se nombró a Omar Gómez Trejo; defensor de derechos humanos con una amplia experiencia en el caso, quien aceptó la invitación apoyado por familiares de las víctimas”, finalizó.