CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La empresa farmacéutica Pisa “indujo a un desabasto de medicamentos” como los que usan niños con cáncer para “chantajear” a las autoridades sanitarias federales; ahora, el Gobierno federal evalúa ejercer acción penal, dijeron este día fuentes del Gobierno federal.
En abril de este año se detectó un brote de Leclercia Adecarboxylata en 15 hospitales de Guadalajara, Jalisco. Esto obligó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a cerrar siete de 17 plantas de la empresa Central de Mezcla Productos Hospitalarios SA de CV, una filial de Pisa. Para mayo, fueron 69 brotes infecciosos que empezaron en el Hospital del Niño Poblano; dos menores de edad, por desgracia, murieron por reacciones adversas a causa del metotrexato. Cofepris sometió a revisión un lote. Prisa o sus filiales están vinculada a ambos casos.
Pero la farmacéutica, dijeron las fuentes, aprovechó que controla distintos segmentos de la industria médica para ejercer presión al Gobierno federal. “Provocó un desabasto de ciertos medicamentos”, explicaron. Altos funcionarios federales interpretaron esto como que Pisa pretende doblegar a las autoridades sanitarias para que las investigaciones no la afecten.
La escasez de metotrexato, que es utilizado en el tratamiento para el cáncer, llevó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud a realizar compras directamente a un laboratorio de Francia, después de revisar que no hubiera existencia en el resto de la industria nacional.
El caso de la farmacéutica Pisa es el que tiene más ocupado al Gobierno federal en este momento, aunque no es el único. Se tiene conocimiento que la escasez de metotrexato, medicamento que se usa para las mezclas oncológicas, fue provocada. La misma empresa tenía guardadas 17 mil dosis que no puso en el mercado para ejercer presión contra el Gobierno de López Obrador.
El Gobierno federal también investiga a Pisa porque los dos casos de abril y mayo de este año revelan que la empresa no cumple con estándares sanitarios, pero que además tiene preponderancia en el mercado que utiliza para elevar precios y para desarticular la posibilidad de sanciones del Gobierno o de la competencia de otras empresas.
De acuerdo con las fuentes, las redes creadas por la industria dentro de distintos niveles del Gobierno le han permitido manipular las compras y además mantener poder hegemónico en el mercado. Distintas oficinas y desde varios niveles de la administración pública podrían solicitar investigaciones a las autoridades competentes para someter a varios procesos penales a esta gigante de la industria farmacéutica.