CIUDAD DE MÉXICO, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 33 denuncias por presuntos actos de corrupción, entre las que se encuentra una por la llamada “Casa Blanca”, vinculada con el ex Presidente Enrique Peña Nieto y su ex esposa, la actriz Angélica Rivera.
De acuerdo con el Primer Informe de Labores de la dependencia, cada denuncia se interpuso por hechos probablemente constitutivos de delito que pudiesen afectar los intereses de la Federación, lo que representa un 55.93 por ciento de efectividad de cumplimento.
Una de las denuncias fue por daño en propiedad ajena, 20 por enriquecimiento ilícito, cuatro por convenios relacionados con la “Estafa Maestra”, cinco por convenios celebrados con instituciones públicas educativas, una por Presidencia, una por la “Casa Blanca”, y una por el caso Ayotzinapa.
“Se atendieron 158 requerimientos de información y documentación formulada por diversas unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública, Órganos Internos de Control, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, autoridades Ministeriales y Judiciales, mismos que fueron atendidos”, precisó.
Del 1 de diciembre al 30 de junio pasado, la SFP también impulsó procedimentalmente los 137 asuntos del área jurídica, mediante promociones ante el Ministerio Público, asistencia a comparecencias y presentación de servidores públicos para desahogo de testimoniales.
Peña Nieto fue acusado por la adquisición de una casa de siete millones de dólares a un contratista de su Gobierno, Grupo Higa, cuyo dueño, Juan Armando Hinojosa, es uno de los amigos cercano del ex Presidente.
El pasado 31 de agosto de 2018, el priista reconoció que el escándalo de la “casa blanca” afectó la credibilidad de su administración. En un spot, repitió que en su momento ofreció una disculpa, y que no debió permitir que su entonces esposa, Angélica Rivera, diera explicaciones.
“El tema de la ‘casa blanca’ es uno de los que sin duda marca esta Administración, sobre todo por la forma en que escaló este asunto en distintos ámbitos, y si bien, se trató de un asunto estrictamente legal, como además quedó debidamente acreditado con información pública y exhibida sin tener ni siquiera necesidad de ello, lo que también es cierto es que impactó negativamente en la credibilidad del Gobierno, en la credibilidad de la institución presidencial y la credibilidad de mi Administración”, aseguró el mandatario en un video.
Asimismo, reconoció que la explicación del caso que dio su esposa, Angélica Rivera, nunca debió ocurrir, debido a que él era quien tenía la responsabilidad de hacerlo, pues los cuestionamientos estuvieron dirigidos hacia él.
“Y creo que la manera en la que manejamos en su momento, la explicación del asunto, tampoco fue el correcto. Nunca debí permitir que mi esposa diera esa explicación porque era yo el que tenía la responsabilidad. El cuestionamiento era sobre el Presidente, sobre lo cual además ofrecí una disculpa pública, no tanto porque se hubiese actuado equivocadamente, sino por cuánto afectó la credibilidad de la institución presidencial, por cuánto afectó la credibilidad del Gobierno”, subrayó.
La “Casa Blanca” es una propiedad, pero también un escándalo de presunta corrupción que involucra tanto a Enrique Peña Nieto como a Angélica Rivera. Fue publicado el 9 de noviembre del 2014.
Cuando se dio a conocer, hubo una supuesta investigación al entonces Presidente, a su esposa y al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Como se presuponía, fueron exonerados por Virgilio Andrade, quien fue nombrado como Secretario de la Función Pública con ese propósito.
El reportaje exhibió que la pareja presidencial “compró” una mansión de siete millones de dólares a Grupo Higa, empresa beneficiada con miles de millones de pesos en obra pública cuando Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México.
Nunca hubo una investigación independiente. El reportaje obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en México y el Premio Gabriel García Márquez. La denuncia causó que se revocara la licitación del tren México-Querétaro, que estaba en manos de Grupo Higa y de una empresa china.