CIUDAD DE MEXICO, 14 de febrero (InSightCrime).- Pese a los crecientes reclamos, las autoridades de México no están llevando ante la justicia a quienes atacan a los líderes indígenas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente, lo que genera mayor impunidad en esos casos.
A pesar de que han transcurrido 15 meses desde que hombres armados irrumpieron en la comunidad Coloradas de la Virgen, en el norte del Estado de Chihuahua, y asesinaron al líder indígena rarámuri Julián Carrillo, las autoridades mexicanas aún no condenan ni dictan sentencia contra los responsables del crimen, como denunció Amnistía Internacional en un informe de enero de 2019.
“El asesinato de Julián Carrillo es la evidencia más obvia y abrumadora de la incapacidad de las autoridades mexicanas para cumplir con su obligación de garantizar la protección efectiva frente a todo tipo de violencia, amenaza o represalia derivada de su labor en la defensa de los derechos humanos”, denunció Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para el continente americano, tras el primer aniversario del asesinato de Carrillo, ocurrido en octubre de 2018.
Algunos meses después del homicidio, las autoridades de Chihuahua arrestaron a dos sospechosos de ser responsables del crimen. Sin embargo, el caso en su contra no ha avanzado y ninguno de los dos ha sido acusado, como lo señala Amnistía Internacional.
Varias semanas previas al ataque que segó su vida, Carrillo había recibido amenazas y hostigamientos por su trabajo en la defensa de su territorio ancestral en la región de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Carrillo declaró a los investigadores de Amnistía que grupos del crimen organizado se habían apropiado de tierras indígenas para la siembra y el cultivo de cannabis y amapola de opio, y habían forzado el desplazamiento de muchos habitantes.
Por largo tiempo, los defensores de los derechos humanos, como Carrillo, han padecido de manera desproporcionada la violencia en el país. Por lo menos otros cinco miembros de su familia fueron asesinados también, según Amnistía Internacional. Los asesinatos de 23 defensores de tierras y derechos humanos en México en 2019, muchos de los cuales eran miembros de comunidades indígenas, convirtieron a México en el cuarto país más peligroso a nivel mundial para esos activistas, según un análisis global de 2019 de Front Line Defenders.
La permanente impunidad en casos de asesinato de indígenas defensores de derechos humanos pone de relieve la incapacidad o la falta de voluntad del Gobierno mexicano para proteger a quienes son más vulnerables a las amenazas y ataques de los grupos del crimen organizado.