CIUDAD DE MEXICO, 17 de febrero (SinEmbargo).- Las plantas de fertilizantes Agronitrogenados y Fertinal ya están produciendo, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambas industrias fueron las que iniciaron las denuncias por corrupción en contra del empresario Alonso Ancira y el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya.
“Estamos iniciando la producción de fertilizantes en las plantas de Coatzacoalcos, Pajaritos… plantas famosas porque dieron lugar a las denuncias de corrupción del señor Ancira, y del señor exdirector de Pemex”.
“Esas plantas ya están produciendo, porque las vamos a utilizar. Ni modo que las dejemos así, las tenemos que echar a andar para producir fertilizantes y vamos tener fertilizantes que se van a entregar a los campesinos. Esto no detiene el proceso judicial. Eso continúa”, dijo
López Obrador anunció que su compromiso es entregar fertilizantes a productores agrícolas de Guerrero, Tlaxcala y Puebla, así como a comunidades indígenas de la zona mazahua y otomí del Estado de México.
Pese a que el Gobierno actual ya da uso a las plantas, el proceso judicial en contra del director de Altos Hornos de México (AHMSA), Ancira, y el recién capturado Lozoya.
Las empresas funcionarán con gas obtenido de importación para la producción de amoniaco “que es la materia prima para la elaboración de los fertilizantes”, dijo el Presidente. “Estamos empezando ya este año, van a a ir poco a poco produciendo más”, además, el Gobierno actual buscará que el fertilizante que se produzca no degrade el suelo y que sea lo más orgánico posible.
Recordó que esas plantas son del Estado, aunque nacieron con una deuda por alrededor de mil millones de dólares, debido a que se compraron a precios elevados y se invirtió en su reestructuración sin que pudieran iniciar la producción, lo que dio origen a las denuncias en curso.
El 13 de junio el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) reveló imágenes sobre las condiciones en las que se encontraba la planta de Agronitrogenados de Coatzacoalcos, Veracruz, cuando AHMSA se la vendió a Pemex en 2014, bajo la dirección general de Emilio Lozoya Austin, a un sobreprecio de 475 millones de dólares.
De acuerdo con los archivos a los que tuvo acceso la Organización No Gubernamental (ONG), se puede constatar “el estado deplorable y de abandono en el que se encontraba la planta de Agronitrogenados de Coatzacoalcos en Veracruz, adquirida como si estuviera en funcionamiento”.
Actualmente, el dueño de AHMSA se encuentra en libertad en España, sujeto a un juicio de extradición solicitado por México.
Emilio Lozoya Austin, economista de buenas credenciales y miembro del primer círculo del ex Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) como director general de Pemex, está en el centro de la trama de supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México.
El que fuera director de Pemex de 2012 a 2016 fue detenido el miércoles en Málaga, España, tras meses de estar prófugo, acusado de recibir sobornos de Odebrecht en la campaña presidencial de Peña Nieto y participar en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.
Habría más inculpados
El presidente electo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió que en la investigación del ex director de Pemex la Fiscalía General de la República (FGR) también investigue al ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.
“Es claro que Lozoya no actuó solo, sino que formaba parte de una amplia red criminal que no pudo haber operado sin la complicidad de las más altas esferas gubernamentales”, señaló.
Además indicó que “la Auditoría Superior de la Federación demostró que la compra de Agronitrogenados se realizó bajo un esquema de sobreprecios, pues sus instalaciones y equipamiento se encontraban en estado deplorable. Es claro que era, prácticamente, una empresa chatarra, por lo que el gran monto de inversión, de cientos de millones de dólares, nunca estuvo justificado”.
Lozoya, símbolo
de corrupción
La detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, no sólo era legalmente inevitable, era éticamente obligatorio, afirma el consejero Jurídico de la Presidencia de México, Julio Scherer, en The Washington Post.
En su publicación, el abogado señala que el hecho era agravioso por la afectación al patrimonio mexicano, pero aún más porque es otra representación del símbolo de la corrupción política y que debía exponerse.
Desde Pemex, Lozoya Austin y Alonso Ancira Elizondo, presidente del consejo de Administración de Altos Hornos, operaron la designación de recursos para adquirir la planta de urea y fertilizantes Agro Nitrogenados, que no funcionaba.
“Se pagó por ella como si fuera una empresa en funcionamiento, cuando en realidad tenía muchos años parada. Y se derrochó en su habilitación muchos más recursos de los originalmente presupuestados, que no sirvieron de nada: la planta no funcionó. Es una burla y un monumento a la corrupción”, escribió Scherer Ibarra.
La denuncia, explicó, responde no sólo por la afectación de más de 11 mil millones de pesos, sino para exponer las causas que generan la corrupción: “la arrogancia de los que se consideran intocables y el desprecio que tiene para con los intereses del Estado”.
Pero también servirá, de acuerdo con las palabras del funcionario, para buscar reparar el daño económico y enviar un mensaje de combate a la corrupción, para dejar en claro que no permitir la impunidad es dejar de manifiesto que se deben manejar con austeridad, sin soberbia, con honestidad; estas son las causas de que se hiciera pública la denuncia.
“Según la empresa Jacobs, contratada posteriormente para supervisar la obra, no se revisaron las condiciones reales de los equipos que se adquirieron: había que reemplazar 82% de la maquinaria”, indicó.
Para rehabilitarla se ocuparía una gran inversión. La compra se realizó sin valorar el costo de rehabilitación, pues se habían presupuestado 200 millones de dólares y después aumentó 285 millones de dólares extra.
Otro importante dato que no se tomó en cuenta, detalla, fueron los 65 millones de dólares que correspondían al pago de intereses de la deuda que se contrajo para la operación de la planta, los impactos cambiarios y otros gastos financieros.
Pemex no contaba con la capacidad para surtir las materias primas indispensables para que la planta funcionara, como el gas. Este fue otro de los datos que se conocían, pero no se tomó en cuenta.
“Las acciones de este gobierno, tanto en la denuncia como en las acciones subsiguientes, dejan en claro que, en el combate a la corrupción y la restauración del Estado de derecho, se actuará hasta las últimas consecuencias”, indicó.