CIUDAD DE MEXICO, 17 de febrero (El Financiero).- A pesar del disparo de este delito en el país, apenas ocho de los 32 estados de la República tienen tipificado en sus Códigos Penales el abuso a menores de edad como un delito, alertaron diputados federales.
Además, los propios legisladores reconocieron que en la Cámara de Diputados se mantienen en el archivo diversas iniciativas para regular este delito “desde las últimas siete legislaturas”, hace 21 años, indicó la diputada Claudia Báez Ruiz, secretaria de la Comisión de Educación.
Informó que de acuerdo con cifras del Inegi, de cada 100 denuncias sólo 10 llegan a juicio, y que del total registrado, sólo se condena una, por lo que 99 por ciento de los casos queda impune.
Conforme al Inegi –añadió– hasta agosto de 2019 la tasa de violación a menores era de mil 764 por cada 100 mil habitantes, de los cuales cinco mil de cada 100 mil sufren tocamientos; transformando en números relativos, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños fueron violados antes de cumplir la mayoría de edad; las tres entidades federativas con más incidencia son: Querétaro, Tlaxcala y Chihuahua.
Expuso también que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) precisa que México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidio en contra de menores de 14 años.
Además, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció que en los últimos 10 años se han registrado 426 casos de pederastia clerical, de los cuales 176 siguen en proceso y 253 han sido completados.
La Asociación para la Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia (Aspasi) asegura, por su parte, que las niñas y niños víctimas de abuso sexual infantil “desarrollan baja autoestima, miedo, sentimiento de suciedad, vergüenza, culpabilidad, hipersexualización o temor al sexo, anorexia, depresión, psicosis, dificultad para relacionarse, dependencia, drogadicción, autolesiones, o tentativa de suicidio; las víctimas crecen con miedo, desconfianza y angustia”, dijo la legisladora.
Tales puntos, añade, “son resultados del trauma en que vivieron los infantes y adolescentes; en las ocasiones más favorables, las personas deciden olvidar; sin embargo, en un porcentaje alto, el trauma los conduce al consumo excesivo de alcohol y de drogas”.
Báez Ruiz dijo que, a partir de estas cifras, “especialistas consideran que las denuncias de los niños víctimas de abuso son verídicas en 93 por ciento de las ocasiones, y se reduce a 30 por ciento si hay manipulación de alguno de los padres en caso de divorcio; por eso puede llegar a desestimarse el proceso legal del menor al considerarse que mezclan hechos con fantasía”.
Las diputadas Lorena Villavicencio, de MORENA, de la Comisión de Justicia, y Verónica Juárez Piña, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, exigieron avanzar en el presente periodo ordinario de sesiones en el procesamiento y aprobación de leyes y reformas en favor de las niñas y los niños, al admitir que hay un amplio rezago en estos temas, que son parte la agenda legislativa desde hace muchos años.
La diputada Claudia Báez, del PES, precisó que los únicos estados que castigan este delito son Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Querétaro, Tabasco y Veracruz.
Advirtió que “de acuerdo con psicólogos, las víctimas pueden tardar hasta 20 años en poder hablar del abuso sufrido, mientras que expertos que trabajan con detenidos por delitos sexuales mencionan que uno de cada cinco niños agredidos se convierte en agresor al crecer, y que 40 por ciento de estos agresores fueron violados en su infancia”.
Exponen –dijo– que “la problemática se presenta tanto en la infancia como en la adolescencia y en todo tipo de entornos, por ejemplo: en la primera etapa de vida el agresor puede ser el padrastro en 30 por ciento de los casos, los abuelos en otro 30 por ciento y tíos, primos, hermanos o cuidadores, en 40 por ciento.
Por otro lado, en edad escolar, los agresores son maestros en un 30 por ciento y sacerdotes en otro tanto; mientras que en la adolescencia 80 por ciento de los casos sucede en fiestas, vía pública o escuelas.
Por todo lo anterior, las legisladoras preparan un Punto de Acuerdo para pedir a los Congresos locales tipificar este delito en sus códigos penales, y los que ya lo tienen que consideren el aumento de las penas.