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Senado aprobó el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena

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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de febrero (SinEmbargo).– En los últimos 10 años, en los que México vivió una “guerra contra el crimen organizado” y luego la continuación de esa estrategia con acciones poco concretas, la sociedad exigió soluciones a las autoridades y éstas apostaron por la creación de oficinas que atendieran problemas como la violencia contra las niñas y las mujeres.

Fueron 14 oficinas distintas en la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (hoy, Fiscalía), que nacieron y luego cerraron de 2008 a 2018, es decir, en la última etapa del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y todo el de Enrique Peña Nieto. Fueron direcciones generales, unidades, secretarías, fiscalías y oficinas para atender las demandas, pero en diez años solo les asignaron 2 mil 978 millones 547 mil 556 pesos.

De acuerdo con una revisión hecha por SinEmbargo a la Cuenta Pública, en 2008 dentro de la Segob existía únicamente la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y en la PGR, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos. Entre las dos tuvieron un presupuesto de 27 millones 909 mil 593.

Con el paso de los años, las oficinas fueron aumentando, hasta que de 2015 a 2018, se contó en esas dos dependencias con 9 oficinas dedicadas a la seguridad, prevención de la violencia, de protección integral de infancias, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, prevención de la trata y búsqueda de personas desaparecidas.

La realidad mostró la urgencia: de 2015 a 2019 se registraron 356 víctimas menores de edad, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP). El 2019 cerró como el más violento para dicho sector de la población en los últimos cinco años, pues el SESNP registró 98 feminicidios, en promedio ocho casos al mes, lo que lo convirtió en “el peor año en la historia reciente para la vida de las niñas y adolescentes”, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

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