CIUDAD DE MEXICO, 16 de marzo (apro).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que presentará reformas para tipificar como delito el reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado.
La propuesta busca reformar el Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños para obligar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a adoptar medidas para identificar, procesar y sancionar a los agentes estatales o personas civiles que ejecuten, autoricen, colaboren o faciliten el reclutamiento de personas menores de edad o su utilización en conflictos armados, de acuerdo con un comunicado difundido por la oficina de prensa del senador.
El boletín cita a la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) para dimensionar el problema, pues de acuerdo con sus cifras entre 30 y 35 mil niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por bandas criminales.
“Además de participar directamente en las operaciones ilícitas, realizan tareas que repercuten seriamente en su bienestar emocional y ponen en riesgo su vida”, señala el comunicado basado en el análisis que ha hecho REDIM al respecto.
Según el líder de la bancada morenista, pese a los alarmantes datos en nuestro país no está tipificado el reclutamiento y el uso de niñas y niños menores de 15 años en estas actividades ilegales. Sin embargo, el Derecho Internacional Humanitario lo prohíbe y la Corte Penal Internacional lo define como un crimen de guerra.
La iniciativa con proyecto de decreto, según el senador, busca atender las recomendaciones que han emitido la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el tema.
También por recomendación de Naciones Unidas, el proyecto planteará la implementación de políticas, mecanismos e instituciones especiales para reinsertar en la vida social a niñas, niños y adolescentes que hayan participado como miembros de organizaciones armadas.
“La falta de reconocimiento jurídico en el derecho mexicano, así como la ausencia de castigo para los reclutadores contribuyen no solo a privar de un futuro mejor a los niños y las niñas, sino que lacera a toda la sociedad”, advirtió Monreal.
Actualmente, el capítulo octavo de la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños, titulado: Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal”, señala que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad”.
Asimismo, obliga a las autoridades federales, estatales y municipales, a sancionar “la incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral”.