CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril (EL UNIVERSAL y NTX).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que desde el inicio de esta administración a la fecha se han realizado más de 2 mil 500 auditorías, con cerca de 10 mil observaciones por más de 544 mil millones de pesos y se ha impuesto cerca de 4 mil 700 sanciones a servidores públicos, de los cuales mil 504 fueron inhabilitados.
En un comunicado, la dependencia federal detalló que se han iniciado más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas y a través de 316 sanciones se han establecido multas por alrededor de mil 500 millones de pesos a licitantes, proveedores y contratistas que incumplieron la ley.
Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros emitieron en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento Interior de la SFP, con el cual, aseguran, se busca reforzar y reestructurar el trabajo de la dependencia para ciudadanizar el combate a la corrupción, fortalecer la lucha contra la impunidad y hacer un uso efectivo de los recursos públicos.
La SFP señaló que con este nuevo reglamento también se crea la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, a través de la cual buscará fortalecer acciones como el Padrón de Integridad Empresarial, el Programa de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción y la transformación de la Contraloría Social.
Además, en concordancia con la Ley Federal de Austeridad Republicana, la SFP señaló que se acabará con la duplicidad de funciones, al pasar de 32 a 22 unidades administrativas, “y no se contempla la creación de nuevas plazas, lo que representa un avance en la erradicación del dispendio que había en anteriores gestiones”.
“Confirma el renacimiento de la institución para cumplir con su tarea fundamental de asegurar que el Gobierno de México vele por el interés general y beneficie a todos los mexicanos, tal y como lo demuestran los resultados alcanzados hasta ahora”, expresó la titular de la dependencia.
Con la creación de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de Corrupción, se prevé el fortalecimiento del padrón de integridad empresarial, el programa de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción y la contraloría social, que permita involucrar a la ciudadanía a la vigilancia y fiscalización de recursos públicos, la prevención y eliminación de los actos de corrupción.
“Se refuerza el combate a la corrupción con la integración estructural de los órganos internos de control de toda la administración pública federal, que anteriormente no contaban con autonomía suficiente al ser parte de las mismas instituciones a las que vigilaban, con riesgo de caer en conflictos de interés”, precisó.
La SFP pasó de 32 a 22 unidades administrativas y no se contempla la creación de nuevas plazas de trabajo, acotó.