CIUDAD DE MEXICO, 17 de abril (SinEmbargo/EL UNIVERSAL / NTX).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) afirmó esta tarde que analizar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios no significa que exista una acusación en su contra, ni es señal de alguna investigación por irregularidades.
“El análisis del contenido de las declaraciones patrimoniales de un servidor público no significa una acusación en su contra, ni implica alguna presunción con respecto a la comisión de alguna irregularidad”, explicó la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval.
En conferencia de prensa, Irma Eréndira Sandoval indicó que las declaraciones patrimoniales sólo deben cumplir la función de prevenir y detectar posibles actos de corrupción si se someten a un proceso de verificación rigurosa, de acuerdo con los más altos criterios técnicos y siempre de acuerdo con la más estricta legalidad y reserva de la información.
Asimismo, aseveró que hará garantizar el correcto desarrollo de los análisis de evolución patrimonial, la Función Pública no divulga información sobre estos procedimientos, los cuales se realizan de manera objetiva y sin prejuzgar.
“El efectivo seguimiento de la evolución patrimonial de absolutamente todos los funcionarios públicos, sin filias ni fobias, es una columna vertebral del nuevo régimen de rendición de cuentas que hoy se construye desde la Secretaría de la Función Pública”, agregó la funcionaria.
Este viernes, EL UNIVERSAL publicó que el gobierno Federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias, nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el ex presidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias del ex presidente Peña Nieto y dicha instrucción se extiende a su ex esposa Angélica Rivera Hurtado; sus hijos: Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro Peña Díaz (hijo menor del ex presidente priísta).
Sobre esto, la Función Pública explicó que para garantizar el correcto desarrollo de los análisis de evolución patrimonial, dicha institución no divulga información sobre estos procedimientos, los cuales se realizan de manera objetiva y sin prejuzgar.
Además, explicó que desde el inicio de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la Función Pública ha desplegado una intensa actividad para cumplir con sus funciones legales de prevenir la corrupción y abatir la impunidad.
En ese contexto, Irma Eréndira Sandoval hizo un llamado a mantener un ejercicio periodístico responsable, que informe a la sociedad sin afectar derechos fundamentales de terceros, como los relacionados con el debido proceso, la garantía de imparcialidad y la presunción de inocencia.
Además, recordó que la SFP cuenta con plenas atribuciones legales para evolucionar y verificar las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, presentes y pasados, de la Administración Pública Federal.
De acuerdo con Sandoval Ballesteros, desde el inicio de la actual administración se han iniciado 449 investigaciones por posibles faltas administrativas, una cifra casi 6 veces mayor si se compara con las 74 iniciadas de enero a noviembre de 2018.
Reglamento de la Función Pública ciudadaniza el
combate a la corrupción
El Reglamento de la nueva Función Pública ciudadaniza el combate a la corrupción, fortalece la lucha contra la impunidad y hace un uso efectivo de nuestras facultades y herramientas de control, afirmó la titular de la SFP.
La funcionaria destacó en su cuenta de Twitter la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del nuevo reglamento que “confirma el renacimiento de la institución para cumplir con su tarea fundamental”.
“Confirma el renacimiento de la institución para cumplir con su tarea fundamental de asegurar que el Gobierno de México vele por el interés general y beneficie a todos los mexicanos, tal y como lo demuestran los resultados alcanzados hasta ahora”, expresó.
Con la publicación del nuevo reglamento interno, la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó una reorganización de su estructura interna.
El trabajo de la dependencia se reorganiza en dos subsecretarías: la de Combate a la Corrupción y la de Combate a la Impunidad, además se crea la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de Corrupción.
Con la creación de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de Corrupción, se prevé el fortalecimiento del padrón de integridad empresarial, el programa de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción y la contraloría social, que permita involucrar a la ciudadanía a la vigilancia y fiscalización de recursos públicos, la prevención y eliminación de los actos de corrupción.