CIUDAD DE MÉXICO, 9 de mayo (EFE).- La pandemia del COVID-19 podría dejar cicatrices en el territorio mexicano, donde algunos estados exhiben con vehemencia sus diferencias con el Gobierno federal en la gestión de esta crisis, que lleva 3 mil 160 fallecidos y unos 31 mil 500 enfermos en el país, avivando los sentimientos más regionalistas.
Este viernes, varios estados del noroeste del país como Nuevo León levantaron la voz contra el llamado Pacto Fiscal, el mecanismo de reparto de los recursos públicos, porque se consideran maltratados al recibir menos dinero de la Federación del que les corresponde por su riqueza.
Desde el inicio de la pandemia a finales de febrero, varias regiones se han enfrentado al Gobierno central, como Jalisco, que se ha quejado tanto del Pacto Fiscal como del plan de confinamiento del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Las versiones más extremistas de estas quejas se han pronunciado en grupos de Facebook que piden la independencia de los estados del norte de México, generalmente más prósperos que los del sur.
Si bien las ideas secesionistas son meramente anecdóticas en México, el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, se tomó su tiempo para responderles.
“Quienes plantean separación o secesión, rompiendo el pacto federal, deben revisar la historia y la Constitución. Las experiencias en el mundo son desafortunadas; la coyuntura no implica la destrucción de la República”, expresó en Twitter.
El pacto fiscal, en el centro de la polémica
Este viernes, los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Durango (fronterizos con EU), junto con Michoacán, amenazaron con llevar el pacto fiscal ante los tribunales a fin de aportar menos dinero a la Federación y conservar más recursos para afrontar la crisis.
“(El Gobierno federal) nos da más responsabilidades, nos resta facultades, y nos quita recursos, por eso vamos a actuar por la vía legal”, expresó el Gobernador tamaulipeco, Francisco Cabeza de Vaca.
“Esta discusión llega para quedarse. Es una cuestión que estuvo aplacada en la década pasada por los ingresos petroleros extraordinarios que hubo, pero ahora el espacio fiscal se ha reducido”, dijo a Efe Héctor Villarreal, experto en finanzas públicas del Tecnológico de Monterrey.
A finales de los años 70, México centralizó gran parte de la recaudación de impuestos y, a cambio, el Gobierno federal entregaba a los estados una parte de los recursos recaudados.
Las partidas dedicadas a gastos sociales como salud o educación se entregaban de forma pareja para ayudar a los estados más rezagados, mientras que otras partidas de gasto libre eran proporcionales a lo que cada estado recaudaba.
Para Villarreal el problema surgió hace una década cuando el mecanismo se modificó y todo el monto comenzó a entregarse de forma proporcional a la población y no a la riqueza, lo que dejó de premiar a los más recaudadores como la Ciudad de México o Nuevo León, motor industrial del país.