Los documentos muestran que las carreras políticas y judiciales de algunos de los principales protagonistas del desbloqueo masivo de cuentas en 2018 se alinean y se cruzan en diversos momentos
II y final
CIUDAD DE MEXICO, 16 de junio.- La firma del titular de la UIF es armónica. Comienza con una “S” amplia, estilizada; a su derecha aparece el trazo de una “L” mayúscula sobre cuyo brazo lateral alargado descansan unas letras muy pequeñitas que dicen “Orlando”.
Orlando Suárez López dejó impresa esa firma en la última página del acuerdo para eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a todas las personas incluidas en las hojas previas.
Cientos de nombres de personas y empresas, nacionales y extranjeras, danzan por el medio centenar de páginas que componen el catálogo de beneficiarios de la medida ordenada por Suárez López, quien no respondió a las varias peticiones de entrevista.
Metódico como buen economista graduado de la maestría del CIDE, Suárez López hizo bloques por año:
Año Cuentas desbloqueadas
2014 179
2015 181
2016 398
2017 226
Lo que tomó cuatro años en ser armado, él lo deshizo en un instante. Para respaldar la medida, expuso dos argumentos. El primero: que tenía conocimiento de que la PGR ya había asegurado esas cuentas como parte de sus investigaciones, por lo que mantener el bloqueo podría representar un obstáculo “para el seguimiento de las indagatorias del Ministerio Público” en contra de las “personas a las que se les congelaron las cuentas”.
El segundo alegato de Suárez López consistió en citar la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte en mayo de 2018, según la cual todo juez debe conceder amparo a quien lo solicite en contra del bloqueo financiero ordenado por la UIF.
Orlando Suárez asumió como suya la argumentación de la ministra y los ministros encabezados por Medina Mora e instruyó una eliminación masiva de cuentas sin que las personas bloqueadas lo hubiesen solicitado.
Dice el penúltimo párrafo del acuerdo elaborado por Suárez López: “Se instruye al Director General de Recursos Legales de esta Unidad de Inteligencia Financiera a efecto de poner a disposición de las entidades financieras, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nombre de las personas eliminadas de la Lista de Personas Bloqueadas que se refiere este acuerdo”.
Lo anterior, ordena, a efecto de que “las entidades financieras reanuden inmediatamente la realización de los actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios de que se trate”.
Luego de eso viene la firma, esa en la que aparece el nombre de “Orlando” en letras muy pequeñitas.
Se encendió así la luz verde para que 722 personas sospechosas de haber lavado dinero recuperaran esos recursos.
De las cuentas liberadas se retiraron irremediablemente mil 086 millones 951 mil pesos, además de 17 millones 663 mil dólares, según la denuncia presentada ante la FGR por Santiago Nieto Castillo, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
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A Rafael Caro Quintero, el “Narco de Narcos”, como le llaman, los 28 años de condena que purgó en prisión no le paralizaron del todo la vida.
Desde la cárcel se dedicó a construir, con la ayuda de abogados, sus cuatro hijos, su esposa y algunos operadores financieros, un auténtico complejo de unas 30 empresas con recursos producto del tráfico de droga y mediante el cual lavó decenas de millones de pesos.
Incursionó en diversas actividades económicas. El rango de los giros mercantiles de las compañías es extenso: desarrolladoras de proyectos inmobiliarios, estaciones de gasolinas, empresas mineras, restaurantes, importadoras de todo tipo de artículos, venta de autos nuevos y usados, productoras de cerveza, restaurantes e incluso un spa.
El armado de su fortuna empresarial comenzó en 1999, cuando sus hijos constituyeron Villas del Colli S.A. de C.V., su primera inmobiliaria en Guadalajara; a ella le siguieron Organic Salt S.A., estaciones de gasolina como Petro Bio y Petro London; firmas agropecuarias como Reforestaciones Careles S.A. o el hotel spa Hacienda Las Limas S.A.
La incorporación de nuevas empresas en giros distintos continuó creciendo en la primera década de este siglo sin mayor contratiempo.
Caro Quintero llevaba ya 28 años en prisión. Había sido atrapado en 1985 en Costa Rica y condenado a 40 años de cárcel por narcotráfico y por el secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena, un agente encubierto de la DEA que había descubierto la existencia de un gigantesco campo de cultivo de marihuana propiedad del sinaloense.
El 9 de agosto de 2013, la historia dio otra vuelta de tuerca en la vida del fundador del primer cártel de la droga en México, el de Guadalajara.
Al resolver un amparo presentado en 2011, un tribunal federal le regresó de manera inmediata su libertad. Argumentó que Caro Quintero había sido procesado por el asesinato de Camarena indebidamente en el fuero federal, en lugar de haber sido juzgado en el fuero común.
Esa madrugada, Caro Quintero, el ranchero que desde muy joven aprendió que traficar marihuana lo llevaría al cielo, salió de prisión y se sumió en la oscuridad del tiempo. Sabía que la condición de hombre libre le duraría muy poco.
Así fue. Una semana después de su liberación se expidió una orden de recaptura en México y se reactivaron las órdenes de aprehensión en Estados Unidos, en donde el FBI aún ofrece 20 millones de dólares por información que lleve a detenerlo.
Un poco antes de su liberación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había incorporado a la familia Caro Quintero, a sus socios, operadores y a las empresas que ya habían creado, a la lista negra de quienes operan con dinero producto del narcotráfico y había decretado el congelamiento de los recursos económicos depositados en bancos de ese país.
Lo propio se hizo en México, aunque con un poco de tardanza. La UIF incorporó los datos de la familia Caro Quintero y sus empresas a la Lista de Personas Bloqueadas en julio de 2014.
Así permanecían, sin poder mover los recursos económicos depositados en las cuentas bloqueadas, hasta el 4 de junio de 2018, día en que Orlando Suárez López ordenó descongelar las cuentas de las siguientes personas: Héctor Rafael Caro Elenes (hijo), Henoch Emilio Caro Elenes (hijo), Mario Yibrán Caro Elenes (hijo), Roxana Elizabeth Caro Elenes (hija) y María Elizabeth Elenes Lerma (exesposa).
Ni la hija, ni los hijos, ni la exesposa de Caro Quintero habían solicitado amparo alguno para descongelar sus cuentas.
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La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública ya procesan la denuncia presentada en junio de 2019 en contra de Alberto Bazbaz y Orlando Suárez López, extitulares de la UIF, y de Mauricio Moreno Balbuena, exdirector de Procesos Legales de esa unidad, en la que se les responsabiliza de haber tomado decisiones de “manera ilícita y en contravención de sus atribuciones” y de haber realizado actos administrativos carentes de sustento legal que “concluyeron en la eliminación masiva de personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas” de la UIF.
En la denuncia se hace énfasis en que los exfuncionarios hicieron un “uso ilícito de sus atribuciones y facultades” para eliminar a personas y empresas sobre las que hay “indicios suficientes relacionados con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Se destaca además que el acuerdo firmado por Orlando Suárez López mediante el cual se eliminaron 722 personas de la lista de personas bloqueadas se hizo sin la “debida fundamentación y motivación legal”.
La denuncia presentada personalmente por Santiago Nieto insiste en que se causó un daño a la sociedad porque “eliminar el bloqueo favoreció a los presuntos responsables”, permitió ilícitamente que las personas eliminadas se reintegraran al sistema financiero y se “autorizó la disposición inmediata de recursos económicos sin que previamente hubieran justificado el origen lícito de dichos recursos” y sin “mayor sustento que la arbitrariedad”.
La Unidad de Investigación Financiera aprovechó la sentencia para refutar puntualmente los argumentos que Orlando Suárez López ofreció en respaldo de la eliminación masiva de personas bloqueadas.
Por una parte, sostiene, es totalmente “insuficiente” la justificación de que el desbloqueo masivo se hizo porque el anterior titular de la UIF “tuvo conocimiento” de que la PGR había decretado el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias, pues nunca se tuvo certeza de que ello había ocurrido y sólo era una expresión de “manera genérica”.
De hecho, en los 722 casos mencionados ese aseguramiento nunca existió y las personas bloqueadas pudieron, de inmediato y con toda libertad, disponer de los recursos que mantenían en el sistema financiero mexicano.
También es falso, se expone en el documento, que mantener el bloqueo de las cuentas pudiera representar un obstáculo para el desarrollo de las investigaciones de la PGR. “Se trata de una medida provisional que pudo convivir con las indagatorias, sin dañarlas ni entorpecerlas de ninguna manera”.
Y ataca directamente el argumento de que la medida era “armónica” con la jurisprudencia adoptada por la Segunda Sala de la Suprema Corte.
La jurisprudencia citada por Suárez López, añade la denuncia, estipuló que el desbloqueo procedería “única y exclusivamente para las personas amparadas”, sin que constituyera “una declaración general”.
En cambio, Suárez López le “otorgó un efecto general” a la jurisprudencia, pasando por alto que “la jurisprudencia obligatoria –la cual debe ser invocada por la parte agraviada— sólo puede aplicarse al caso concreto y no puede aplicarse de manera general”.
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Las declaraciones de Santiago Nieto, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre lo que él mismo calificó como eliminación masiva de personas de la Lista de Personas Bloqueadas podrían sonar a una manera de llamar la atención sobre un hecho relevante que él mismo ha denunciado.
No parece ser el caso. Las 71 páginas que componen el acuerdo no dejan lugar a dudas. A partir de la cuarta hoja se produce una avalancha de nombres de personas, números de oficio, razones sociales, apellidos que dicen mucho y “hablan” por sí solos, otros que no dicen casi nada, pero que son relevantes en la historia reciente de la violencia y la criminalidad en el país.
No sólo el Cártel de Sinaloa recibió los beneficios del desbloqueo. Otras organizaciones dedicadas al crimen organizado también lo hicieron, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y sus grupos aliados, a quienes les descongelaron las cuentas de las siguientes personas físicas y empresas: Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, Fernando Torres González, Hotelito Desconocido SA de CV (Servicios MM del Pacífico SA de CV), HD Collection SA de CV, W&G Arquitectos SA de CV, Ahome Real State SA de CV
Intercorp Legoca SA de CV y la firma Miranda SA de CV.
Poco conocida en México, la organización identificada en Estados Unidos como Los Ruelas surgió como producto de la desintegración de la banda liderada por los hermanos Beltrán Leyva. Cuando varios de los líderes del grupo fueron asesinados o encarcelados, se produjo una atomización de las células que lo integraban. Varias de ellas adquirieron un perfil propio y expandieron sus actividades ilícitas.
Ese es el caso de la organización encabezada por integrantes de la familia Ruelas, de origen sinaloense. En un principio la encabezaba José Luis Ruelas Torres, quien falleció en 2017, tras lo cual su hijo Joel Efrén tomó el mando, de acuerdo con reportes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Considerada como una organización independiente dedicada al contrabando y distribución de heroína, las autoridades estadounidenses incluyeron a miembros de la familia cercana y extendida de los Ruelas, así como ocho empresas de las que son propietarios, en la lista del Departamento del Tesoro que ordena congelar todos los activos que posean en Estados Unidos y cancelar todo trato comercial o financiero con ellas.
Pues ese grupo familiar y empresarial resultó también beneficiado por el acuerdo de la UIF que los eliminó de la Lista de Personas Bloqueadas el 4 de junio de 2018. A las siguientes personas y compañías les liberaron sus cuentas: José Luis Ruelas Torres, Joel Efrén Ruelas Ávila, Jesús Ángel Ruelas Ávila, Sigi Alfredo Mondaca Ávila, Trinidad Ruelas Ávila, Luis Ernesto Félix
Raquel Rivera Guerrero, Reyna Isabel Rivera Sandoval, Cruz Sánchez Medrano, Pedro Sánchez Medrano, María Monserrat Ruelas Ávila, Raúl Rivera Sandoval, Constructora Vania SA de CV, Constructora Joel SA de CV, Alondra Produce SPR de RL
Agrícola Ruelas SPR de RL, Dispersora Gael SA de CV, Comercializadora Gael 4 SA de CV, Felixtapia SC de RL de CV y Karina Costa Ruelas
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Los documentos muestran que las carreras políticas y judiciales de algunos de los principales protagonistas del desbloqueo masivo de cuentas se alinean y se cruzan en diversos momentos.
Esos hechos ocurren en al menos ocho casos:
En 2007, cuando Eduardo Medina Mora era titular de la Procuraduría General de la República, uno de sus principales asesores era Alberto Bazbaz Sacal.
Un año después, Bazbaz Sacal fue nombrado por Enrique Peña Nieto procurador general de justicia del Estado de México, cargo en el que fungió hasta abril de 2010, cuando fue obligado a renunciar después de que Bazbaz “resolvió” el caso de la niña Paulette, encontrada muerta “entre el colchón y los pies de la cama” de su habitación, luego de estar desaparecida 10 días.
Pasaron un par de años. Peña Nieto llegó a Los Pinos en diciembre de 2012 y un mes después, en enero de 2013, hizo dos nombramientos estratégicos: envió a Medina Mora a la embajada de México en Estados Unidos y designó a Bazbaz Sacal como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Marzo de 2015 llegó y, a propuesta de Enrique Peña Nieto, Medina Mora fue designado por el Senado como ministro de la Suprema Corte. Bazbaz Sacal se mantenía al frente de la UIF.
En enero de 2018, hubo nuevos movimientos: Medina Mora estaba por conceder los amparos contra la UIF, en tanto que Bazbaz Sacal fue nombrado director del Cisen, el mismo cargo que Medina Mora había ocupado entre 2000 y 2005 durante el gobierno de Vicente Fox.
Durante los últimos 11 meses del sexenio de Peña Nieto, Bazbaz Sacal se ubicó al frente del Cisen, el mayor centro de espionaje político del régimen.
Suárez López se ligó profesionalmente a la UIF y a Alberto Bazbaz unos años antes, con quien colaboró en varios cargos hasta ser nombrado titular de la Dirección General Adjunta de Análisis Estratégico de la propia UIF.
A la salida de su jefe para ocupar la dirección general del Cisen, Orlando llegó a la titularidad de la UIF.
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A mediados de agosto del año pasado, Santiago Nieto hizo mención del tema del desbloqueo de las cuentas bancarias.
Y lo vinculó con un presunto “esquema de extorsión” articulado desde Los Pinos por Humberto Castillejos, entonces titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y hombre de todas las confianzas de Enrique Peña Nieto.
Santiago Nieto comentó que al asumir la titularidad de la UIF recibió tres reportes de informantes que lo alertaron de lo que ocurría. Un grupo de despachos cercanos a Los Pinos contactaba a las personas cuyas cuentas habían sido congeladas por sospechas de lavado de dinero y les ofrecían ayuda para desbloquearlas a cabo de grandes sumas de dinero.
“Venían los despachos de Los Pinos… contactaban a la gente que estaba bloqueada (…). A partir de ahí, se generaba el caso. El que era el consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos, eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF”, explicó el funcionario.
El reportero Marcos Martínez le preguntó si creía que el expresidente Peña Nieto había tenido conocimiento del desbloqueo y del presunto esquema de extorsión.
“Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción. Éste era un acto (de corrupción), a lo mejor chico si lo comparamos con la Estafa Maestra, con Odebrecht, con el Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense”, respondió el hoy titular de la UIF.
Pero, “no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado”, concluyó el titular de la UIF.
Lo mismo piensan algunos abogados que litigan normalmente contra la UIF por el bloqueo de cuentas y conocen en detalle el proceso. “Esto comentaron cuando vieron el acuerdo? lo tuvo que aprobar personalmente el secretario de Hacienda o el expresidente Peña Nieto. Nadie lo haría sin su autorización”.
(Por Ignacio Rodríguez Reyna/ Investigaciones Especiales Aristegui Noticias)