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Hasta julio, México registró al menos 103 agresiones contra trabajadores del sector salud.

Para evitar los delitos contra el personal de salud de instituciones públicas o privadas, la Legislatura mexiquense aprobó sancionar con cárcel (hasta de por vida) a los que cometan estos ataques.

Con la intención de inhibir dichos actos, el Congreso del Estado de México aprobó la reforma para elevar las penas de seis meses hasta con dos años de prisión para quienes ejerzan lesiones contra estos trabajadores y castigar con 60 años de cárcel el homicidio de personal médico.

La diputada morenista Berenice Medrano Rosas impulsó esta iniciativa y recordó que durante la pandemia, en diversas regiones del país se presentaron agresiones físicas y verbales en contra del personal médico que atiende casos de Covid-19, por lo que era imprescindible tomar medidas para su protección

"Aún con los esfuerzos de las instancias gubernamentales estatales y municipales correspondientes ha sido difícil contener las agresiones al personal médico, lo que hace necesario tomar otras medidas, incluyendo la modificación de la legislación penal para regular y sancionar este tipo de conductas contrarias a quienes realizan una trascendente labor humanista en apoyo de la vida y que merecen ser protegidas de cualquier tipo de agresión."

Las reformas buscan sancionar e inhibir este tipo de conductas en contra de personal médico, de enfermería, administrativo, de ambulancias y todo aquel que labore en instituciones de salud públicas o privadas, expuso la diputada. 

“Los profesionistas de la salud, como todos los ciudadanos, deben ejercer sus derechos dentro de un marco jurídico que les garantice su seguridad y derechos laborales en todas las circunstancias y casos en los que la práctica de su trabajo al enfrentar situaciones los ponga en riesgo”, aseguró la diputada.

Asimismo, el PAN propuso la reforma del artículo 242 del Código Penal estatal, que ahora establece que:

“Al responsable del delito de homicidio con ensañamiento, crueldad o de odio manifiesto motivado por discriminación, aversión o rechazo a la víctima por su condición social o económica, profesión u oficio, religión, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual o identidad de género de la víctima, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa”.

Hasta el mes de julio, la Secretaría de Gobernación había registrado al menos 103 agresiones, de las cuales nueve ocurrieron en el Estado de México, efectuadas contra personal de enfermería del IMSS, dos del ISEM y una de la Cruz Roja, según información de medios locales.

sh

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