La juezaLauren Fleischer Louis, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, autorizó la extradición a México de César Duarte, quien enfrenta 21 cargos por corrupción cometidos durante su período como gobernador del estado de Chihuahua.
La decisión de la jueza fue tomada basada en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Estados Unidos, en representación del Gobierno Mexicano. La jueza dio un plazo de 60 días para entregar al exmandatario a autoridades mexicanas.
Duarte Jáquez podría ser extraditado en un periodo de 40 a 60 días, y sería trasladado de inmediato a la ciudad de Chihuahua, donde se le abrió el proceso penal por los delitos señalados y de los cuales se liberaron al menos 20 órdenes de aprehensión en su contra.
El exmandatario de 57 años, fue detenido el 8 de julio del 2020 en la ciudad de Miami por agentes del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service), acusado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, se obtuvieron 20 órdenes de aprehensión por parte de jueces locales, así como una orden de captura ordenada por un juez federal, a solicitud de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Fiscalía General de la República, donde se le señala por el desvío de recursos para el financiamiento de campañas políticas.
Entrega de expedientes
El 12 de septiembre de 2017, el Gobierno de Chihuahua entregó ante la entonces Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México, los expedientes para la solicitud de detención con fines de extradición del exgobernador, acompañada en ese momento de 10 órdenes de aprehensión en su contra.
Las pruebas de la Fiscalía de Chihuahua demostrarían que Duarte Jáquez creó una red de corrupción para la planeación, organización y operación para el desvío y disposición indebida de más de mil millones de pesos.
Desde noviembre de 2016, el exgobernador se refugió en Estados Unidos con el fin de eludir cualquier acción judicial en su contra y durante tres años permaneció como prófugo, una vez que la Interpol emitió, en marzo de 2017, una ficha roja para su captura por la orden de aprehensión del fuero federal.
El 10 de enero del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció durante una gira por Ciudad Juárez, que días atrás el Departamento de Estado de los Estados Unidos, informó al Gobierno de México que se había aprobado el procedimiento judicial para entregar al exgobernador de Chihuahua, una vez que se completó la solicitud de detención con fines de extradición.
López Obrador confirmó entonces que la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, no había realizado bien el procedimiento de extradición del exgobernante, por lo que se repuso completamente la solicitud del Gobierno mexicano.
El 14 de julio, el exgobernador chihuahuense priista, fue presentado, a través de videollamada desde el centro de detención, ante la jueza Lauren F. Louis para comparecer por los cargos por los que es reclamado por la justicia chihuahuense y mexicana.
El exgobernador apareció este día portando el uniforme de los reos de Miami. En la audiencia fue mostrado un micrófono y un teléfono con el que el indiciado escuchó la traducción de los incidentes.
Con información de Excélsior
GCS