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El Gobierno de México ha solicitado una vez más la extradición del empresario argentino, Carlos Ahumada Kurtz, ahora por el delito de incumplimiento de contratos de obra pública, que le fueron otorgados a su firma Grupo Quartz en 2002, por más de 29 millones de pesos.
El propio Ahumada, a través de su defensa, informó al Juzgado Segundo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, que la justicia Argentina le impuso la prohibición de salir de ese país, luego de que en diciembre pasado fuera notificado de que se había tramitado una segunda solicitud de extradición, distinta a la que ya habían negado.
El pasado 2 de diciembre de 2020 fue notificado de la resolución emitida por un juez, en donde se le impuso la prohibición de salir de Argentina, derivado de un procedimiento de extradición solicitado por el Gobierno de Mexicano, por un asunto diverso a la causa penal.
Que venga la extradición de Carlos Ahumada para que ya no se sienta sola Rosario Robles.
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Con eso de que se "muere" en prisión. pic.twitter.com/MCG9fLqmhU
El empresario fue detenido en Argentina en agosto de 2019 a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) y sometido a un primer proceso de extradición, la cual fue negada un año después.
En 2016, la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde la administración anterior, formuló que por defraudación fiscal equiparable, ante el Ministerio Público Federal (MPF) contra el empresario argentino, por haber omitido su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2012, dejando de pagar más de un millón 400 mil pesos.
En agosto pasado, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 9 en Buenos Aires negó la extradición de Ahumada a México, por una presunta defraudación fiscal de 1 millón 647 mil 236 pesos, debido a la omisión del pago de impuesto sobre la renta (ISR) en el año 2012.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ya entregó al gobierno de Argentina el expediente correspondiente, y serán ahora los tribunales de ese país quienes analizarán si procede o no entregar a su connacional a la justicia mexicana.
Con información de la Jornada
AR