Luego de darse la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores y presidentes municipales de la frontera sur con el fin de definir un plan migratorio, sobre todo para acordar medidas de protección para los niños migrantes no acompañados provenientes de Centroamérica.
Durante a reunión, en donde participaron los gobernadores Rutilio Escandón, de Chiapas y Adán Augusto López, de Tabasco, además de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Francisco Garduño, director general del Instituto Nacional de Migración (INM); Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur y Rocío García, directora del DIF, se acordó instalar 17 nuevos albergues en Chiapas y Tabasco para atender a 5 mil niños migrantes y a sus acompañantes.
Esto, para que autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a nivel municipal en los estados de Chiapas y Tabasco puedan brindar atención y auxilio a niñas, niños y adolescentes migrantes en condición de estancia irregular que ingresen por la frontera sur de México.
Adicionalmente se instalarán 5 albergues más en la frontera norte.
“En el norte también se van a instalar los albergues, hay otras instalaciones del Instituto Nacional de Migración que van a hacer cedidos al DIF, ya sea al DIF nacional o al estatal, o municipal Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Tijuana”, reiteró Francisco Garduño, director del INM.
Por otra parte, durante la conferencia de prensa, el López Obrador celebró que se haya realizado la reunión, porque pudieron establecer un plan para reforzar y dar más atención a los niños migrantes “porque eso es lo más preocupante”, ya que si bien fue con Donald Trump, en mayo de 2019, cuando se dio la deportación de cerca de 80 mil personas, fue en marzo pasado cuando aumentó al doble, lo que preocupa, ya que por cada 3 o 4 adultos deportados, hay un menor.
Apenas la semana pasada, el gobierno federal implementó una estrategia para enfrentar el grave problema de la migración de menores no acompañados en la cual desplegará más de 12 mil servidores públicos para impedir que niños y niñas sean presas de traficantes de personas o “polleros”.
SY