Esta mañana, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, indicó que los contratos con las empresas privadas que administran cárceles privatizadas en ciertas partes del país, otorgados por la administración de Felipe Calderón Hinojosa, fueron modificados en beneficio del pueblo de México.
'Estas cárceles concesionadas fueron otorgadas por el gobierno de Felipe Calderón, y en la época de García Luna que se hicieron estas firmas de construcción y operación de ocho penales, pero que no beneficiaban a México, pues las desarrolladoras sólo estaban obligadas a brindar condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares', dijo Rosa Icela en Palacio Nacional.
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Así mismo declaró que el coso por recluso equivaldría al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas, y que los pagos quedaron fijos de manera mensual en su totalidad, aunque no tuviese la capacidad llena, pues si habían sólo 100 encarcelados en una prisión de mil internos, se pagaban por la capacidad total.
Indicó que una de la clausulas indicaba que cuando acabara la vigencia de los contratos, las desarrolladoras se quedarían con las cárceles, por lo que se trabajó con el personal jurídico y las empresas para cambiar las cláusulas que afectan a la hacienda pública federal.
'Se redujo el pago de 2 mil 390 millones de pesos anuales a las empresas que administran los centros penitenciarios privatizados por administraciones federales anteriores', destacó la secretaria de Seguridad Pública Federal.
Rosa Icela Rodríguez indicó que ahora, cuando acabe la vigencia de los contratos, las cárceles pasarán a manos de la nación, y que se mantiene procesos penales contra los funcionarios públicos que han hecho daño al patrimonio del país; además enseño el nombre de las empresas que tienen una cárcel privatizada y que administran cada una de ellas.
Destacó al final lo que se logró tras los acuerdos con las empresas:
- Reducción del costo al Gobierno de México en 15 por ciento.
- Las instalaciones de los centros penitenciarios serán incorporados a los bienes de la nación al acabar los contratos.
- Acuerdo de revisión permanente de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
- Respeto a los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad.
- Se evitó un daño irreversible a la hacienda pública y al patrimonio nacional.
CG