Durante este miércoles, el Pleno del Senado de la República aprobó la minuta de la Cámara de Diputados que reforma la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, para impedir la injerencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en decisiones del Congreso de la Unión sobre su organización interna.
Con 61 votos a favor, de Morena,Partido Verde (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), 1 abstención y 39 votos en contra, del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y el Grupo Plural, la cámara alta dio avaló al decreto.
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El debate entre opositores y el grupo oficial se extendió debido a los puntos de vista contrariados que tenían sobre el decreto, mientras que unos lo atacaron como anticonstitucional y antidemocrático, los otros sostuvieron que era el principio de la división de poderes que se estaba acatando.
Al presentar el dictamen, la senadora Mónica Fernández Balboa, de Morena, argumentó que ningún poder debe extralimitarse de las facultades que le otorga la legislación, en cumplimiento del principio constitucional de división de poderes.
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“Por ello, debemos instituir límites a la actividad jurisdiccional electoral para que no afecte la esfera jurídica del poder legislativo”, justificó.
La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, denunció que esta reforma afecta los derechos de las minorías y afirmó que el partido oficial tiene un problema conceptual grave, pues “asume que, definida la mayoría en los comicios, la legitimidad de la representación que tiene esa mayoría le pertenece por entero, pero no es así”.
“¿Puede la mayoría dejar de respetar la voluntad popular que conformó la participación de cada fracción política en el Congreso? Yo digo que no, y ante la posibilidad de que eso ocurra, ¿quién debe revisar esa arbitrariedad? Estoy segura de que eso le compete al Tribunal Electoral, porque lo que se está protegiendo es el derecho ciudadano a votar y el sentido de ese voto”, mencionó la líder priista.
La oposición en el Senado anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo este decreto.
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JAL