La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aprovechó su asistencia a la Plenaria de los diputados federales de Morena, para hacer el planteamiento de 12 modificaciones legislativas, donde además de ls agradeció el trabajo realizado por el país.
Luego de dar un pequeño reporte sobre los resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad, la funcionaria federal pidió que se apoyara la propuesta de que la Guardia Nacional quede bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para evitar que fuese corrompida en caso de que la oposición regresara al poder.
Así mismo planteó modificaciones en los artículos45 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal para el refinanciamiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y así adelantar los recursos del 2023 y 2024 a los estados en este año para equipamiento de policías estatales y municipales.
'Usar los millones de cuentas congeladas, procedentes del crimen organizado y del crimen de cuello blanco para fortalecer a los cuerpos de seguridad siempre que se aprueben cambios a los artículos 61 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito', indicó.
Por otro lado, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo que se ha trabajado en la iniciativa de Ley General de Seguridad Privada para contar con un Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Personal Operativo, así como homogeneizar los procesos de autorización, registro y revalidación.
El punto cinco, mencionó, se refiere a reformas para facultar a los ejecutivos federal y estatales para que, a través de un Comité, integrado por autoridades penitenciarias, el Poder Judicial, las fiscalías y la Defensoría Pública se determine el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada a personas con condenas breves o en estado de vulnerabilidad.
El tema seis es lo relacionado a la prevención y salvaguardar los derechos e integridad de las personas con una iniciativa de Ley General de Ciberseguridad para la supervisión y vigilancia del ciberespacio, así como la sanción a quien incurra en ciberdelitos.
'Les proponemos emitir un decreto para crear una Comisión Interinstitucional que, acorde con los contenidos de los videojuegos, califique la categoría para su renta y comercialización', destacó.
Asimismo, consideró oportuno incorporar en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que quien rente o comercialice videojuegos sin apegarse al Sistema de Clasificación que establezca la señalada Comisión, sea apercibido, se le suspenda la comercialización y se le retire el producto, además su negocio pueda ser sujeto a clausura.
Rodríguez informó que el tema ocho es el combate a la tala clandestina, pues es un delito que afecta al medio ambiente y puede generar desequilibrio ecológico, por lo que sería necesario reformar el artículo 19 constitucional para elevar la gravedad de este tipo de actos, a fin de que amerite prisión preventiva oficiosa.
El siguiente cambio que planteó fue fortalecer el marco jurídico para disminuir la producción de drogas sintéticas, pues la intención es que se actúe con mayor prontitud y eficacia para prevenir, detectar y evitar el desvío de precursores y productos químicos esenciales, que son utilizados para la producción de drogas sintéticas.
El punto 10 fue sobre la extorsión. Dijo que se requiere reformar el artículo 390 del Código Penal Federal para facilitar la integración de este delito, toda vez que en la actualidad sólo cuando se obtiene un lucro o se causa un perjuicio patrimonial se hace efectiva una sanción.
Agregó que se deberían aumentar las agravantes del delito cuando se cometa en contra de niños, niñas y adolescentes, se emplee violencia y participe una Persona Privada de su Libertad, entre otros.
La coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional propuso, como tema 11, cambios para que el Informe Policial Homologado (IPH) se haga en la vinculación a proceso y no en el marco de la detención de una persona. De esta manera, no chocaría con el Informe de Detenciones y se contaría con más información para integrar una mejor estadística criminal.
“Vemos necesaria una reforma a la Ley de Migración, a fin de tipificar nuevas conductas delincuenciales y establecer sanciones más severas.
“Se plantea que sea delito obtener un beneficio por la transportación de migrantes en el momento o a futuro, y no solo conseguir un lucro por su transportación”, comentó sobre la propuesta 12.
“México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz. Nosotros jamás cruzaremos la línea entre servir al pueblo y servir al crimen. Porque tenemos una convicción real de que llegamos para transformar un país que nos fue heredado en condiciones vergonzosas. Nuestro compromiso es con la patria”, concluyó la secretaria Rodríguez.
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CG