El órgano de transparencia de México presentó este viernes un recurso contra el nuevo decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se apunta que la construcción, funcionamiento y operación de obras prioritarias como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y de tres aeropuertos, son seguridad nacional e interés público.
Através de un comunicado emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se informó que el recurso de queja lo presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Esto, en contra del Decreto publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual el titular del Ejecutivo Federal, López Obrador, declara las megaobras, como de seguridad nacional y de interés público.
El gobierno emitió este decreto a pesar de que la Suprema Corte invalidó el jueves un acuerdo que el Ejecutivo publicó en noviembre de 2021 “que declaraba obras y proyectos como de interés público y de seguridad nacional, por transgredir el derecho de acceso a la información”.
Tras un análisis, el INAI concluyó que el decreto publicado el jueves por el presidente de México “se encuentra en los mismos términos del acuerdo de noviembre de 2021” y, en ese sentido, “viola la suspensión otorgada por el máximo tribunal, lo cual podría representar una restricción al acceso a la información relacionada con esas obras y proyectos”.
El INAI precisó que la suspensión se encuentra vigente, debido a que la controversia constitucional no ha sido resuelta en su totalidad e indicó que si bien en la sesión del jueves el pleno de la Corte determinó la invalidez del acuerdo de noviembre de 2021, “lo cierto es que no se dictaron los efectos de la sentencia”.
Con el nuevo decreto, de mayor alcance que el anterior, el presidente negó que busque ocultar información sobre las obras, cuestionadas por su sobreprecio y porque el Ejército está encargado de construirlas y administrarlas.
El decreto del presidente López Obrador, emitido horas después del fallo de la Suprema Corte, busca evitar que el INAI señale que el Ejecutivo incurrió en una repetición del acto reclamado.
DL