La Cámara de Diputados aprobó una reforma que eleva a rango constitucional el derecho a una vivienda adecuada para los trabajadores y amplía el rol del Infonavit, que ahora podrá actuar como constructor y arrendador.
Con esta medida, se reforma el artículo 123 de la Constitución, estableciendo que todas las empresas, ya sean agrícolas, industriales o de cualquier tipo, deberán garantizar que sus trabajadores cuenten con viviendas cómodas e higiénicas.
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La reforma obliga a las empresas a realizar aportaciones a un fondo nacional de la vivienda, el cual facilitará que los trabajadores puedan obtener créditos accesibles para la adquisición o mejora de su vivienda.
Además, el Infonavit podrá invertir en la adquisición de terrenos y en la construcción de viviendas, las cuales podrán ser adquiridas o arrendadas por los trabajadores bajo los términos que establezca la ley.
Otro aspecto relevante de la reforma es que, después de un año de cotización, los trabajadores podrán acceder a viviendas en arrendamiento social proporcionadas por el Infonavit. En este modelo, la renta no podrá exceder el 30% del salario de los trabajadores, lo que busca asegurar un acceso más equitativo a la vivienda.
La iniciativa fue aprobada con 469 votos a favor y solo una abstención. Durante la discusión, se presentaron 199 reservas, de las cuales solo se aprobaron dos propuestas por Morena. Una de ellas permite que el trabajador también pueda adquirir el uso de suelo para su vivienda.
A pesar del apoyo general, algunos legisladores señalaron que la reforma no aborda las necesidades universales de vivienda en México, ya que se enfoca exclusivamente en los trabajadores formales. La diputada del PRI, Laura Ivonne Ruiz, destacó que el acceso a una vivienda adecuada es fundamental para reducir las desigualdades y fortalecer la cohesión social.
En contraste, algunos opositores como Julen Rementería, del PAN, criticaron la idea de convertir al Infonavit en constructor, argumentando que el Instituto enfrenta desafíos como una cartera vencida en aumento, lo que podría poner en riesgo sus recursos financieros.
La reforma fue enviada al Senado para su revisión y eventual discusión en el Pleno de la Cámara Alta, donde se espera que continúe el debate sobre su implementación y alcance.
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