La convocatoria para la elección popular del Poder Judicial, programada para el 1 de junio de 2025, ha alcanzado un récord con 18 mil 447 personas registradas, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un hecho “inédito e histórico”. Esta será la primera vez que este poder se someta a un procedimiento democrático.
Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, expresó su agradecimiento a los aspirantes:
“A nombre del comité de evaluación, agradecemos a las 18 mil 447 personas que se registraron en el micrositio”. Según los datos oficiales, entre los registros destacan:
- Ministras de la SCJN: 480 aspirantes (143 mujeres, 333 hombres y 4 personas no binarias).
- Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial: 333 aspirantes (124 mujeres y 209 hombres).
- Magistraturas de la Sala Superior del TEPJF: 77 aspirantes (29 mujeres y 48 hombres).
- Salas Regionales: 388 aspirantes (165 mujeres, 220 hombres y 3 personas no binarias).
- Magistradas de circuito: 5,192 aspirantes (1,808 mujeres, 3,354 hombres y 30 personas no binarias).
- Juezas de Distrito: 10,599 aspirantes (3,832 mujeres, 6,698 hombres y 69 personas no binarias).
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Sheinbaum descarta necesidad de prórroga para elección judicial, pero se escuchará al INE
En total, se registraron 6 mil 101 mujeres, 10 mil 862 hombres y 106 personas no binarias, reflejando una amplia participación ciudadana.
Zaldívar subrayó que el micrositio habilitado para el registro operó sin inconvenientes, incluso durante picos de alta demanda.
A partir de ahora, el comité evaluador analizará los perfiles inscritos, y para el caso de ministros de la SCJN, de 480 aspirantes se seleccionarán 27 candidatos finales mediante insaculación.
La presidenta Sheinbaum destacó que esta elección marca un paso transformador para la vida democrática del país. Además, confirmó que, tras diálogo con el INE, se descartó la prórroga planteada, garantizando que la elección se llevará a cabo en la fecha prevista.
En cuanto al presupuesto, Sheinbaum busca regresar a la propuesta original de 7 mil millones de pesos para garantizar el correcto desarrollo del proceso. La decisión final será tomada por la Cámara de Diputados.
Este proceso histórico reafirma el compromiso del Gobierno federal con la democracia y la transparencia en el sistema judicial mexicano, un esfuerzo sin precedentes que promete marcar un nuevo rumbo en la vida pública del país.
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