México no se convertirá en un tercer país seguro para atender a migrantes deportados de Estados Unidos, aseguró Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante una reunión con legisladores este jueves.
La declaración surge ante la inminente toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero de 2025 y su plan de realizar deportaciones masivas.
Rodríguez señaló que el Gobierno mexicano asumirá la responsabilidad de recibir y apoyar a los connacionales repatriados, pero aclaró que los migrantes de otras nacionalidades deberán seguir el protocolo establecido, incluyendo el trámite de asilo en el país vecino.
Preparativos ante una ola de deportaciones
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó, días atrás, que su administración está trabajando en estrategias de recepción para miles de mexicanos que podrían ser repatriados. Por su parte, Rodríguez subrayó que ya existe una estrategia gubernamental que incluye coordinación interinstitucional y diálogos permanentes con las autoridades estadounidenses.
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“Los mexicanos en el exterior no están solos. Tienen el respaldo y la protección del Gobierno de México”, afirmó Rodríguez. Además, destacó la importancia de mantener el diálogo con Estados Unidos, como ocurrió durante la negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
Impacto económico y reacciones internacionales
Tom Homan, conocido como el "zar de la frontera" en la próxima administración de Trump, ha adelantado que las deportaciones masivas podrían comenzar el día de su toma de posesión.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos en economía advierten que este tipo de medidas podría generar una caída en el producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos de entre el 4.2 por ciento y el 6.8 por ciento, lo que representaría pérdidas anuales de hasta 1.7 billones de dólares, según datos de American Immigration Coalition.
El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, también confirmó que se prepara un plan intersecretarial para enfrentar esta posible situación, reafirmando el compromiso de México con la protección de sus ciudadanos en el extranjero.
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