En una audiencia realizada este 12 de abril, un juez de control concedió la prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, ex procurador de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), implicado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Murillo Karam, de 75 años, enfrenta acusaciones severas por su rol en la construcción de la llamada "verdad histórica" del caso, bajo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
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El ex procurador, quien ha estado recluido en el Reclusorio Norte desde agosto de 2022, fue trasladado a su domicilio en la Ciudad de México este viernes 12 de abril, en ambulancia, tras la revisión judicial de una suspensión provisional otorgada el 4 de abril por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.
Esta decisión ha sido complementada con medidas de vigilancia estrictas, tanto en el interior como en los alrededores de su residencia, para asegurar el cumplimiento de los términos de su arresto domiciliario.
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La detención y ahora cambio en la modalidad de reclusión de Murillo Karam ocurre en un contexto cargado de tensiones políticas y judiciales.
El ex procurador es señalado como uno de los principales artífices de la llamada ‘verdad historica’ que sostenía que los estudiantes fueron interceptados por policías corruptos y entregados al cartel Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron e incineraron en un basurero de Cocula, Guerrero.
Esta versión ha sido ampliamente desacreditada por investigaciones posteriores, incluyendo las de la Comisión para la Verdad, que en 2022 calificó la desaparición de los estudiantes como un "crimen de Estado".
Reacciones del gobierno actual
La decisión del tribunal ha generado críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado al Poder Judicial de actuar como una "oligarquía" que no representa al pueblo, sino que defiende a sectores poderosos y a intereses creados.
La administración actual ha expresado su descontento con las decisiones judiciales que permiten que Murillo Karam enfrente el proceso desde su hogar, citando preocupaciones de salud como la razón principal para la modificación de su reclusión.
Este caso sigue siendo un punto focal en la política mexicana, resaltando los desafíos persistentes en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en México.
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