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Escrito por Israel Olguín
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, denunció una alarmante decisión judicial.
Un juez en Querétaro ordenó la liberación inmediata de tres miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima, incluyendo a Luis Antonio Yépez Cervantes, alias “El Monedas”, hijo de José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro”, líder de este grupo criminal.
Rodríguez calificó esta decisión como "delicada" y señaló que, esta mañana, durante la reunión del gabinete de seguridad, se tomó la decisión de buscar si existen otras órdenes de aprehensión contra "El Monedas" para evitar su liberación.
Rodríguez explicó que el juez de Querétaro dictaminó la libertad de estos individuos alrededor de las 8 o 9 de la noche.
La titular de la SSPC destacó la urgencia de rastrear otras posibles órdenes de aprehensión pendientes o procesos penales adicionales para mantener a los sospechosos bajo custodia.
“Anoche, como alrededor de las 8, 9:00 de la noche – no quiero ser tan inexacta en el horario - un juez del estado de Querétaro decretó la libertad en 24 horas de inmediata de tres miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima, y uno de ellos es el hijo del señor Yépez, `El Marro´.
Esta es una situación delicada. Estamos nosotros rastreando si hubiera otras órdenes de aprehensión pendientes, otros procesos penales pendientes, estamos en esa labor, y hemos informado esta mañana al gabinete de la situación delicada, pero pues también como siempre ha sido la instrucción del Presidente de agotar todas las posibilidades. Pero con el cumplimiento de la ley, entonces estamos en el plazo. Vamos a ver qué resulta”, explicó Rodríguez.
La secretaria reiteró el compromiso del gobierno federal de agotar todas las posibilidades dentro del marco legal para evitar la liberación de los implicados.
Este esfuerzo es parte de una estrategia más amplia para combatir la criminalidad y la corrupción en el sistema judicial.
La decisión judicial ha generado una rápida respuesta del gobierno, evidenciando la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con celeridad y eficacia para mantener la seguridad y el orden público.
La liberación de estos individuos representa un desafío significativo para las autoridades y pone de manifiesto las complejidades del sistema judicial en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.
IO
