En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la liberación de Luis Antonio Yépez, alias “El Monedas”, hijo de José Antonio Yépez, conocido como “El Marro” y líder del Cártel Santa Rosa de Lima.
La liberación se produjo después de que un juez revocara la prisión preventiva oficiosa que mantenía a Yépez y dos de sus cómplices en custodia.
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El presidente López Obrador detalló que se otorgaron 24 horas para liberar a los detenidos, decisión tomada tras una consulta realizada en los 32 estados y con la Fiscalía General de la República, donde no se encontraron cargos adicionales en su contra.
La liberación se realizó pese a que Luis Antonio Yépez y sus cómplices habían sido detenidos el pasado 7 de enero por la Fiscalía de Guanajuato, en coordinación con la FGR, después de repeler una agresión.
El subsecretario de Seguridad, general Luis Rodríguez Bucio, confirmó la liberación y explicó que los detenidos estaban siendo investigados por portación de armas de fuego y posesión de drogas.
Sin embargo, el 17 de junio, los magistrados del tribunal colegiado en materia penal y administrativa en Querétaro concedieron una suspensión provisional que dejó sin efecto la prisión preventiva justificada, al considerarla inconvencional.
El 18 de junio, la jueza María del Refugio Castañeda celebró una nueva audiencia donde se impusieron medidas cautelares a los detenidos.
Entre estas medidas, se incluyeron la presentación periódica ante las autoridades, el pago de una fianza, y en el caso de “El Monedas”, la prohibición de acercarse a los policías que lo detuvieron y de salir del país.
La jueza desestimó la relevancia del parentesco de Luis Antonio Yépez con “El Marro” en su decisión judicial.
Esta resolución judicial ha generado diversas reacciones y cuestionamientos sobre la eficacia del sistema de justicia penal en México, especialmente en casos relacionados con figuras de alto perfil en el crimen organizado.
El presidente López Obrador reiteró su compromiso con la justicia y aseguró que su administración seguirá trabajando para fortalecer el estado de derecho y combatir la impunidad en México.
La situación seguirá siendo monitoreada de cerca por las autoridades federales y estatales, con la esperanza de que las medidas cautelares sean suficientes para garantizar que los liberados no evadan la justicia ni representen un peligro para la sociedad.
IO
