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El personal de las Preceptorías Juveniles de Integración y Reinserción Social del Estado de México ha expresado su rechazo a la reciente implementación de guardias sabatinas, que requieren su presencia de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Los empleados argumentan que estas guardias no están previstas en sus contratos laborales y representan tiempo no remunerado, por lo que han solicitado a la dirección general de la institución reconsiderar esta medida.
Especialistas de la institución han solicitado que se cancele esta nueva disposición, la cual afecta a más de 150 personas. Insisten en que sus horarios laborales deben mantenerse de lunes a viernes, ya que sus actividades y atenciones están programadas para esos días.
El personal señala que la nueva disposición viola su contrato laboral, además de que las guardias sabatinas no serán pagadas.
El oficio de notificación establece: "Todos y todas las personas servidoras públicas que tengan a su cargo un área bajo su responsabilidad, deberán prever lo necesario para que, los días sábados, se encuentre presente la persona titular o encargada, así como por lo menos una persona auxiliar, en horario de 09:00 a 15:00 horas".
Este documento está firmado por la encargada de despacho de la Dirección de Reinserción Social y Tratamiento de Adolescentes, Susana González Morales y dirigido a jefes de departamento, titulares, encargados y trabajadores en general de la institución.
Los delegados del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (Suteym) han comunicado que la asistencia a las guardias sabatinas no es obligatoria. Sin embargo, los trabajadores temen despidos, descuentos salariales o cambios de plazas si no cumplen con la nueva disposición.
Los ingresos de los profesionales de las Preceptorías Juveniles oscilan entre los seis mil y los 28 mil pesos mensuales. Muchos trabajadores próximos a jubilarse han aceptado la medida por temor a perder sus plazas y, en consecuencia, sus derechos laborales.
Las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social son unidades administrativas responsables del seguimiento y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y de suspensión condicional del proceso.
Además, desarrollan programas de prevención de conductas antisociales y delictivas para adolescentes y adultos jóvenes en condiciones de riesgo.
