La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) anunció este viernes la convocatoria para votar un posible paro de labores en protesta contra la reforma que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Jufed, la votación se llevará a cabo el próximo lunes 19 de agosto. Si se aprueba la medida, la suspensión de labores comenzará a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto.
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"La suspensión de labores dará inicio a las 00:00 horas del día miércoles 21 de agosto de 2024 y continuará hasta que se cumplan nuestras peticiones", detalla el comunicado. La Jufed también indicó que la suspensión se levantará solo con la aprobación de las Mesas Directivas Nacional y Regionales de la asociación.
En caso de aprobarse el paro, se garantizará la atención de asuntos urgentes según el calendario de guardias establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la suspensión de actividades afectará a todos los órganos del Poder Judicial de la Federación que ejerzan funciones jurisdiccionales.
Respuesta de AMLO
El presidente López Obrador desestimó la convocatoria de paro que realizaron los trabajadores del Poder Judicial en respuesta a su polémica reforma, la cual busca transformar el sistema de justicia y propone la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte mediante voto popular.
"Están hablando jueces, magistrados y ministros de que van a hacer una huelga el día 19 (de agosto). Hay quienes sostienen que no pueden hacerlo legalmente, yo digo que sí, están en su derecho, somos libres", comentó el mandatario en su conferencia matutina.
López Obrador minimizó el impacto potencial del paro adelantado por la Jufed, que se opone rotundamente a la reforma constitucional que el oficialismo planea votar en el Congreso el próximo mes de septiembre.
Preocupaciones del Poder Judicial
La Jufed ha advertido que la elección popular de jueces podría socavar la carrera judicial y abrir la posibilidad de que grupos de poder, incluso aquellos con intereses ilegales, ejerzan presión sobre los poderes judiciales. Esta postura ha intensificado el conflicto entre el Poder Judicial y el Gobierno Federal, marcando una nueva etapa en la disputa sobre la reforma judicial.
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