INM recibió más de 500 quejas en 2024, según la CNDH

El Instituto Nacional de Migración (INM) atendió 537 quejas en los primeros siete meses de 2024, lo que representa el 52.4 por ciento del total de mil 25 denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra esta entidad, según un informe reciente de la comisión. Durante este periodo, el INM recibió 568 quejas de manera formal, ya sea por oficio o correo electrónico, de las cuales 127 se encuentran en proceso de respuesta.

Entre 2019 y agosto de 2024, el INM ha gestionado un total de 5 mil 596 quejas, con una tasa de atención del 98.28 por ciento, según datos oficiales. Además, durante el mismo periodo, la institución respondió a 108 Medidas Cautelares solicitadas por la CNDH y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), todas ellas aceptadas y atendidas en su totalidad.

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Quejas y recomendaciones al INM

El informe de la CNDH destaca que de enero a julio de 2024, el INM ocupó el tercer lugar entre las autoridades federales con el mayor número de quejas, según el Sistema Nacional de Alerta (SNA) de la comisión. Las entidades con mayor concentración de quejas fueron Sonora, Chiapas, Baja California, Tabasco y Ciudad de México, regiones que han registrado un flujo migratorio sin precedentes.

En el mes de julio de 2024, el INM recibió 128 quejas, de las cuales 21 se resolvieron durante el proceso, evitando así que se consumaran como violaciones a los derechos humanos. Este resultado fue posible gracias a la colaboración entre la CNDH y el INM.

Evolución mensual de quejas

La CNDH también proporcionó un desglose mensual de las quejas registradas en 2024, destacando que en junio se recibieron 165 quejas y se resolvieron 51; en mayo, 170 quejas con 73 resoluciones; en abril, 163 quejas con 95 resoluciones; en marzo, 144 quejas con 96 resoluciones; en febrero, 140 quejas con 103 resoluciones; y en enero, 115 quejas con 98 resoluciones.

La CNDH concluyó que esta información fortalece la coordinación y la comunicación entre ambas instituciones, permitiendo la creación de mecanismos para reducir el número de quejas y prevenir violaciones a los derechos humanos antes de que ocurran.

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