Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de México anunciaron que mantendrán su paro de labores luego de que el Senado de la República aprobara la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este miércoles, en un mensaje frente a las instalaciones del Senado, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, expresó su rechazo a la reforma y señaló que recurrirán a instancias internacionales para intentar frenar su implementación.
Fuentes Velázquez enfatizó que la reforma amenaza la independencia del Poder Judicial y aseguró que la lucha no se trata únicamente de defender los derechos de los actuales jueces y magistrados, sino de preservar la justicia para las generaciones futuras. "La justicia no puede ser comprada, manipulada ni cooptada", afirmó la magistrada.
Además, destacó que ya están en contacto con organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer la situación que enfrenta el Poder Judicial en México. También mencionó que redes globales de jueces y magistrados están al tanto de lo ocurrido en el país.
Reforma judicial aprobada entre protestas y tensiones
La noche del martes, el Senado de la República aprobó la reforma al Poder Judicial con 86 votos a favor y 41 en contra, alcanzando así los dos tercios necesarios para modificar la Constitución. La principal premisa de esta reforma es que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean elegidos mediante voto popular.
La sesión en la que se discutió y aprobó la reforma estuvo marcada por protestas. Jueces, estudiantes de Derecho y trabajadores del Poder Judicial irrumpieron en el Pleno del Senado, manifestando su rechazo a la reforma. Ante esta situación, los legisladores decidieron trasladar la sesión a una sede alterna, la Casona de Xicoténcatl.
Durante las protestas, los manifestantes denunciaron que la Policía de la Ciudad de México utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los inconformes, lo que generó tensiones adicionales.
Acusaciones de intimidación y negociaciones polémicas
La aprobación de la reforma judicial se produjo también en medio de acusaciones de intimidación y negociaciones políticas. Diversos legisladores de la oposición denunciaron haber sido presionados para votar a favor de la reforma. En particular, se señaló al senador del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Márquez, quien a pesar de haber expresado previamente su rechazo a la reforma, terminó votando a favor.
Este cambio de postura generó especulaciones sobre una posible negociación entre Yunes Márquez y el oficialismo. Según diversas fuentes, el legislador habría llegado a un acuerdo con Morena a cambio de protección judicial, acusaciones que el propio Yunes Márquez y su padre, el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, negaron enérgicamente.
La reforma judicial, impulsada por el presidente López Obrador, busca reestructurar el sistema judicial del país, con el argumento de terminar con la corrupción e impunidad dentro del Poder Judicial. Sin embargo, opositores y críticos advierten que la elección de jueces y magistrados por voto popular podría politizar el sistema de justicia y comprometer su independencia.
El futuro de la reforma judicial y el paro en el Poder Judicial
El conflicto en torno a la reforma judicial parece lejos de resolverse. Por un lado, el Gobierno busca implementar rápidamente los cambios aprobados, mientras que los jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial se mantienen firmes en su postura de resistencia.
El paro de labores continuará, según los líderes sindicales del sector, y los trabajadores del Poder Judicial han anunciado que llevarán su causa a las instancias internacionales para defender la independencia de los tribunales en México. Asimismo, no se descartan más protestas en los próximos días.
A medida que la reforma avance hacia su implementación, el debate sobre sus implicaciones para la justicia en México y su impacto en la división de poderes continuará siendo un tema central en la discusión política del país.
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