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Fiscalía de Estados Unidos solicita cadena perpetua para Genaro García Luna
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Escrito por Israel Olguín
Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que el daño patrimonial en el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) asciende a 2 mil 700 millones de pesos. Esta cifra fue revelada durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que Salcedo detalló los avances de la investigación sobre irregularidades en la administración de Segalmex.
El titular de la SFP aclaró que, inicialmente, el monto observado era de 9 mil 500 millones de pesos, correspondiente a las cuentas públicas de 2019 y 2020. Sin embargo, hasta la fecha, cerca del 50 por ciento de ese monto ya ha sido aclarado, reduciendo la afectación confirmada a 2 mil 700 millones de pesos.
Durante la conferencia, Salcedo Aquino explicó que de los 9 mil 500 millones de pesos observados, 4 mil 700 millones ya fueron aclarados con las evidencias presentadas ante las instancias correspondientes. Además, mencionó que otros 2 mil 100 millones de pesos están en proceso de análisis, por lo que se espera determinar si se puede acreditar su uso adecuado o si se procederá a presentar más denuncias.
“Dos mil 100 millones están en proceso de análisis para su acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de que no se aclare, se presentarán las denuncias correspondientes”, indicó el funcionario. Esta información fue clave para que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara la presentación de denuncias con el objetivo de judicializar los expedientes y determinar sanciones contra los funcionarios responsables.
La SFP dejó en claro que, a pesar de la gravedad de la situación, se han tomado medidas para garantizar que no habrá impunidad. Roberto Salcedo enfatizó la importancia de recopilar y presentar las pruebas necesarias ante las instancias judiciales para que se puedan fincar responsabilidades.
“No hay, ni habrá impunidad”, subrayó el secretario, quien reiteró el compromiso del Gobierno de López Obrador con la transparencia y la rendición de cuentas. Salcedo también destacó que se están siguiendo los procedimientos legales correspondientes para que se haga justicia y se determine el castigo de los involucrados en este caso.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el caso Segalmex representa el único acto de corrupción significativo que ha ocurrido durante su administración. En varias ocasiones, el mandatario ha subrayado que una de las principales promesas de su gobierno es el combate a la corrupción y la impunidad, y ha sostenido que este caso no será la excepción.
“Dijimos, cero corrupción, cero impunidad, y no queremos dejar ningún pendiente”, aseguró el presidente. López Obrador insistió en que su gobierno actuará con “escrupulosa” transparencia en este caso, debido a que, según sus palabras, los opositores a su gobierno están pendientes de cualquier oportunidad para desacreditar su administración.
El mandatario fue enfático al afirmar que su administración no tolerará la corrupción, a diferencia de gobiernos anteriores, y que quienes resulten responsables en este caso serán castigados.
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) fue creada por el actual gobierno con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos a la población más vulnerable del país, así como apoyar a los pequeños productores del campo. Sin embargo, el mal manejo de recursos ha derivado en un importante desfalco, lo que ha causado indignación y ha puesto a prueba el compromiso del gobierno de López Obrador con la lucha anticorrupción.
El monto de 2 mil 700 millones de pesos en daño patrimonial, aunque ha sido reducido tras las aclaraciones, sigue siendo significativo. Este caso ha sido comparado por algunos críticos con otros escándalos de corrupción en administraciones pasadas, aunque el Gobierno ha reiterado que, a diferencia de los anteriores, en este caso no habrá impunidad ni protección para los responsables.
Hasta el momento, la FGR ha recibido las denuncias correspondientes, y se espera que en los próximos meses continúe el proceso judicial para sancionar a los funcionarios públicos involucrados.
IO
