Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha iniciado consultas con los ministros del Pleno para analizar si se puede ordenar la suspensión del proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial, actualmente en discusión en el Senado de la República.
Este movimiento responde a la solicitud realizada por jueces y magistrados, quienes pidieron al Pleno de la Corte atraer el dictamen de la reforma judicial, cuya principal característica es la elección popular de jueces, magistrados y ministros. La reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.
Noticia destacada
Conceden suspensión definitiva para frenar parcialmente la discusión de la Reforma Judicial
Consultas dentro del Pleno de la SCJN
El acuerdo, firmado por la presidenta Norma Piña, establece que el Pleno debe analizar la posibilidad de que la Corte, al conocer de un asunto previsto en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determine si es procedente aplicar medidas cautelares que puedan suspender temporalmente el proceso legislativo.
Los expedientes relacionados con la solicitud han sido asignados a la ministra Lenia Batres Guadarrama. Batres, una destacada defensora de la reforma judicial, ha criticado abiertamente el paro de labores en el sector judicial. La ministra deberá emitir un informe que será debatido por el Pleno.
El papel de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha sido un actor clave en la solicitud para que la SCJN atraiga el dictamen de la reforma. Esta semana, la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de Jufed, presentó un escrito en el que pide que la Suprema Corte intervenga en el proceso, asegurando que la facultad de atracción se encuentra claramente establecida en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Este artículo establece que el Pleno de la Corte tiene la responsabilidad de velar por la autonomía del Poder Judicial y la independencia de sus integrantes, lo que, según la jueza Fuentes, justifica la intervención en este caso.
El avance de la reforma judicial
La reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente López Obrador, ha sido un tema polémico desde su presentación. La propuesta contempla la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, un cambio fundamental en la estructura del Poder Judicial.
El proyecto de ley ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en una sesión que se llevó a cabo en una sede alterna, debido a los bloqueos de trabajadores del Poder Judicial en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La sesión duró más de 18 horas, y la reforma fue avalada por una mayoría calificada del bloque oficialista conformado por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Lo que sigue en el Senado
Actualmente, el dictamen se encuentra en el Senado de la República, donde se prevé que será discutido y votado a mediados de la próxima semana. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha asegurado que las bancadas oficialistas cuentan con los votos necesarios para aprobar la reforma.
Sin embargo, la oposición y los trabajadores del Poder Judicial han expresado su rechazo a la medida, argumentando que la reforma pone en riesgo la independencia judicial y podría politizar los nombramientos de jueces y magistrados.
Posible impacto de las consultas de la SCJN
Si el Pleno de la SCJN decide atraer el caso y suspender temporalmente el proceso legislativo, esto podría retrasar significativamente la aprobación de la reforma judicial. No obstante, si la Corte rechaza la suspensión, el proceso legislativo continuará su curso en el Senado.
Este escenario ha generado gran expectativa, ya que podría sentar un precedente importante sobre el papel de la Suprema Corte en la supervisión y control de las reformas que afectan directamente al Poder Judicial.
Las próximas semanas serán clave para definir el rumbo de la reforma judicial en México y su posible impacto en la independencia de las instituciones encargadas de impartir justicia en el país.
IO