Tras sus polémicos comentarios sobre el hallazgo de un supuesto campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, el senador Gerardo Fernández Noroña desató un intenso debate en redes sociales y en medios nacionales.
Durante su intervención, Fernández Noroña cuestionó la veracidad del crematorio clandestino descubierto por el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Guerreros Buscadores de Jalisco.
“Hay 200 zapatos ahí, sí. Pero, ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? ¿Quién confirma que lo que se viene contando es cierto?”, afirmó, desestimando las versiones difundidas por los medios y tildándolas de montadas por "la derecha".
Reacción y Defensa en la Cámara de Senadores
El presidente de la Cámara de Senadores se apresuró a salir a defender su postura ante las críticas, calificando los comentarios de Fernández Noroña como parte de una “enésima campaña canalla contra el movimiento”.
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En su perfil en la red social X, el senador denunció que “de una charla de una hora, editan 26 segundos para pretender aparentar que se desestima sin más la versión que han venido impulsando los medios.
Son muy miserables”. Estas declaraciones han provocado reacciones encontradas tanto en redes como en el ámbito parlamentario, generando un debate sobre la objetividad y la integridad de las informaciones difundidas acerca del caso.
Impacto en el Debate Político
La polémica ha reavivado el debate sobre cómo se informa sobre hechos sensibles que involucran desapariciones y violencia en México.
Mientras algunos sectores defienden la necesidad de un escrutinio riguroso y de confirmar cada detalle a través de evidencia científica, otros critican lo que consideran intentos de deslegitimar las denuncias presentadas por colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos.
El asunto ha puesto de manifiesto las tensiones políticas y la polarización en torno a la información de eventos tan trágicos.
Con el debate aún en curso, se espera que tanto el Parlamento como las autoridades competentes clarifiquen los hechos y refuercen los mecanismos de verificación para evitar la propagación de versiones que puedan entorpecer la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas.
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