Ayer, en una jornada cargada de simbolismo y compromiso con la historia nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, conmemoró 87 años de la Expropiación Petrolera y aprovechó la ocasión para anunciar la aprobación de un ambicioso paquete de reformas para el sector energético.
Por ello la secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó este miércoles durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional que este decreto representa una reversión definitiva de las políticas neoliberales iniciadas hace tres décadas, las cuales comprometieron la soberanía nacional y desmantelaron a las empresas públicas del Estado.
El paquete incluye la expedición de ocho nuevas leyes secundarias y la reforma de tres leyes existentes.
Entre las nuevas leyes destacan la de la Empresa Pública del Estado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la de la Empresa Pública del Estado de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como la Ley del Sector Eléctrico, del Sector de Hidrocarburos, de Planeación y Transición Energética, de Biocombustibles, de Geotermia y la Ley de la Comisión Nacional de Energía.
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¿Cuáles son las ocho leyes que decretó la presidenta Sheinbaum para recuperar Pemex y CFE como empresas públicas?
Por su parte, se reforman la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, orientada a la estabilización y desarrollo, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El objetivo central de estas reformas es recuperar y fortalecer la soberanía energética de México, garantizando que el país disponga de la energía necesaria para impulsar toda su actividad social y económica, especialmente para quienes tienen menores recursos.
Con estas medidas, se busca que los recursos naturales queden al servicio del pueblo, sin estar sujetos a intereses internacionales ni a la lógica del mercado privado.
Luz Elena González destacó que, gracias a estas reformas, Pemex y CFE volverán a asumir su rol primordial como empresas públicas estratégicas. Se integrarán vertical y horizontalmente para mejorar la eficiencia y asegurar el abasto de hidrocarburos, la autosuficiencia de combustibles y la generación de energía segura, confiable y sustentable.
Asimismo, se fortalece la participación del Estado en la planificación energética, reconociendo por primera vez el concepto de justicia energética, con mecanismos para reducir la pobreza energética y fomentar el desarrollo regional, incluyendo la participación de los pueblos originarios.
Estas reformas, de dimensiones históricas, no solo revierten la privatización impuesta en el marco neoliberal, sino que también marcan el inicio de una nueva era en la que la energía y sus sectores son considerados bienes estratégicos del pueblo, administrados por el Estado en beneficio de toda la nación.
Con este paquete, el Gobierno reafirma su compromiso de transformar el sector energético y de impulsar una política de bienestar y justicia social para millones de mexicanos.
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