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16 de oct. de 2024
3 min
Escrito por Israel Olguín
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante la presidencia de Felipe Calderón, enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua en una corte de Nueva York. El exfuncionario, quien fue una figura clave en la estrategia de seguridad del gobierno mexicano entre 2006 y 2012, fue declarado culpable en febrero de 2023 por su relación con el narcotráfico y delitos de corrupción.
La sentencia será dictada este miércoles 16 de octubre y ha causado gran expectación debido a las graves implicaciones de sus actos.
García Luna se graduó como ingeniero mecánico en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero orientó su carrera hacia el ámbito de la seguridad pública. Inició su trayectoria en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y, posteriormente, se unió a la entonces Policía Judicial Federal, desempeñándose en cargos de inteligencia y operativos contra el crimen organizado.
En 2001, García Luna fue designado titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) por el presidente Vicente Fox. En ese rol, promovió una serie de reformas en la estructura de la AFI, con el objetivo de mejorar la eficiencia y efectividad en el combate al crimen.
Sin embargo, fue durante el sexenio de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012, cuando García Luna alcanzó la cumbre de su carrera política al ser nombrado secretario de Seguridad Pública. Desde esa posición, lideró la guerra contra el narcotráfico que Calderón había lanzado al inicio de su administración.
García Luna fue detenido en Dallas, Texas, en diciembre de 2019. Las autoridades estadounidenses lo acusaron de colaborar con el Cártel de Sinaloa, brindando protección y facilidades para que la organización criminal pudiera operar impunemente en México.
Los fiscales presentaron evidencia de que el exsecretario aceptó sobornos del cártel para permitir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y proteger a sus líderes de ser capturados.
Durante el juicio, testigos, incluidos exmiembros del cártel, declararon que García Luna facilitó el paso de cargamentos de droga y proporcionó información confidencial que ayudó al cártel a evadir a las autoridades. Entre las pruebas también se incluyeron registros de comunicaciones y movimientos financieros sospechosos que apuntaban a su vinculación con actividades delictivas.
El 21 de febrero de 2023, un jurado de Nueva York declaró culpable a García Luna de cuatro delitos, entre ellos conspiración para distribuir cocaína, conspiración para narcotráfico y participar en una organización delictiva. Además, fue encontrado culpable de mentir a las autoridades estadounidenses, otro cargo que agravó su situación legal.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al juez Brian Cogan que dicte cadena perpetua para García Luna, argumentando que sus delitos y su posición de poder implicaban un alto grado de responsabilidad.
De acuerdo con los fiscales, el exfuncionario utilizó su posición de autoridad para beneficiarse económicamente, al tiempo que traicionaba la confianza pública y comprometía la seguridad tanto de México como de Estados Unidos.
Por otro lado, la defensa de García Luna solicitó una pena de 20 años de prisión, considerando que una condena a cadena perpetua sería excesiva. En una carta enviada al juez Cogan, García Luna expresó su deseo de regresar con su familia, argumentando que siempre se ha conducido con rectitud. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con las pruebas presentadas en su contra y los testimonios que lo vinculan directamente con el narcotráfico.
La sentencia de García Luna ha generado un intenso debate en México y Estados Unidos, especialmente en torno a la relación entre altos funcionarios mexicanos y organizaciones delictivas. Su caso también pone en entredicho la guerra contra el narcotráfico liderada por el expresidente Calderón, al destacar posibles actos de corrupción al más alto nivel durante su administración.
El proceso judicial en Estados Unidos representa un ejemplo de cooperación binacional en la lucha contra el narcotráfico, y podría sentar un precedente para futuros casos de corrupción transnacional. La condena de García Luna se considera como una oportunidad para reconstruir la confianza en las instituciones y demostrar que ningún funcionario está por encima de la ley.
Genaro García Luna enfrenta uno de los momentos más críticos de su vida, y la decisión del juez Cogan será crucial no solo para su destino, sino también para la percepción pública sobre el combate a la corrupción y el narcotráfico en México.
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