La Comisión de Asuntos Frontera Sur del Congreso de la Unión dará seguimiento a la situación de tierras ejidales que han quedado en lo que sería el paso del Tren Maya por los estados del sureste, informó la diputada priísta Maria Esther Alonso Rodríguez, a razón de que “existe una problemática aún no resuelta”, por lo cual buscarán dar certeza a los pobladores afectados directamente.
En días anteriores se reunieron como comisión con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Guillermo Meyer Falcón y funcionarios de esa dependencia, a fin de analizar las disputas territoriales en Oaxaca, Yucatán y Chiapas, donde reconocieron que a través de una estrategia de coordinación se atienden los conflictos agrarios que existen.
De las distintas situaciones que impacta la construcción de esta obra ferroviaria, la que en este momento está causando incertidumbre a la población maya, es la ubicación de viviendas por donde se prevé que se ubique la vía del tren, en este sentido, la diputada yucateca reconoció que ha solicitado información al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para saber qué sucederá con esa población “qué van a hacer, qué opciones hay y me comentaron que aún no tenían la respuesta”.
“Hay mucha preocupación por los derechos de vía no se han pagado, no les respetan sus derechos”, la entrevistada refirió que existen al menos tres municipios con una situación muy delicada, “hay 100 viviendas de la calle 28 de Chocholá afectadas por el derecho de vía, el cual es de 40 metros de ancho y pasa sobre las casas que están en ambos lados de la acera, también tenemos conocimiento de 40 casas en Citulcum, Izamal, las cuales se ubican justo en el trazado del trayecto del tren”.
La también exdiputada local sentenció que no se ha hablado de la reubicación de estas personas y se debe dar certeza a las familias porque no quieren perder sus casas.
“No debe de ser, se les tiene que dar una vivienda, un terreno, no puedes retirarlos, viven en extrema pobreza no me parece justo, si es un gobierno que habla de primero los pobres, no me parece justo afectarlos por un proyecto que lo vemos tan viable, ni sabemos qué beneficios puede dejar”.
Al respecto indicó que el registro Agrario Nacional (RAN) lleva el proceso jurídico de estos ejidos.
Otro de los sitios que destacó fue Maxcanú, donde el fin de semana pasado hubo una manifestación por parte de los pobladores, debido a que no se les había indemnizado por sus tierras, “vigilaré que sea justo lo que se les dé y que se cumpla la palabra de Fonatur, no pueden hacer a un lado a las personas porque hoy les perjudican, no me parece justo que les quiten sus viviendas”.
En la Comisión de Asuntos Frontera Sur, que continúa sesionando, también se habló de la presunta contratación de personas que no son de los estados donde se construye el Tren Maya, “hay quejas porque no se está contratando a personas del mismo estado, por pandemia se requiere del trabajo lo más justo es que los beneficios sean para los ciudadanos, si va a tener ciertas molestias, que se tengan beneficios”.
Ayer martes, se realizó la sesión de manera virtual donde se analiza el proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 y evidentemente hay un recurso para la ejecución de las obras del Tren Maya, del orden de los 38 mil millones de pesos, “defenderemos que los beneficios del presupuesto sean para el ciudadano”, indicó que debe ser “responsable y adecuado para darle lo mejor a los ciudadanos, justo”.
Empero, la congresista lamentó que para el gobierno federal sea más importante esta obra que apoyar a las pequeñas y medianas empresas ante la extraordinaria situación de pandemia por la que atravesamos actualmente, “puede ser muy productivo, pero necesitamos otras acciones, la pandemia ha afectado la economía del país, es momento de dar certeza a los ciudadanos”.
Enfatizó que desde el mes de marzo han pedido la detención de esas obras e impulsar a las empresas que más lo necesitan para poder subsistir “el grupo parlamentario del PRI ha pedido esto y consideramos que estas obras puedan hacerlas más adelante, pero hoy hay que darle prioridad a lo que necesita nuestro país, no hay trabajo ni medicamentos”.
A pesar de que este proyecto, es una de las banderas del actual gobierno federal, según académicos tiene un gran número de faltas graves desde la planeación, así como en el proceso mismo. Tiene riesgos ambientales. Sin respetar los ordenamientos ecológicos territoriales ni la capacidad de carga, no considera los impactos acumulativos y sinérgicos. También cuenta con riesgos sociales, no respeta la libre determinación del pueblo maya ni sus modos tradicionales de vida, no resuelve la discriminación, la explotación ni la pobreza de la población, señala el doctor Rodrigo Patiño, miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
Por Karla Regina Aguilar